El secretario general insular del PSOE, Pedro Martín, descarta que la apertura de juicio oral por los vertidos al mar desde el Polígono Industrial Valle de Güímar genere consecuencias orgánicas a la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito. La regidora tiene la condición de investigada por presuntos delitos continuados contra el medioambiente y prevaricación. Imputación que el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Güímar extiende a los exalcaldes José Juan Lemes (Arafo), Carmen Luisa Castro (Güímar) y José Gumersindo García (Candelaria).
«Por el momento, no prevemos tomar ninguna medida. Se estudiará este asunto, que nada tiene que ver con corrupción y actuaremos en consecuencia. Además soy conocedor del trabajo que viene haciendo la alcaldesa por solucionar el problema denunciado», argumenta el también presidente del Cabildo de Tenerife.
El Código Ético del PSOE está vigente desde octubre de 2014. Su artículo 5.2, del epígrafe Actuación en caso de implicación en procedimientos judiciales, establece que «cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido».
El presidente del Cabildo destaca el empeño y el trabajo de Mari Brito por resolver un problema que está en vías de solución
Martín resalta «la diligencia» de Mari Brito por resolver el problema de las aguas residuales del Polígono Industrial Valle de Güímar. «Se han hecho los deberes», destaca al tiempo de señalar que Brito «lleva trabajando muchísimo» en esa línea, pero el problema afecta a cuatro municipios, lo que hace todo «más lento y más complejo».
La depuración en el complejo industrial más importante de Tenerife «está casi concluida» y se trabaja junto al Estado, con una inversión de 200 millones, para mejorar la red y crear cinco sistemas de depuración que van a «dar un salto» en la gestión de las aguas residuales en la Isla, que pasará del 50% de las aguas tratadas a casi el 90%.
