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El juez limita a solo cuatro alcaldes la causa por los vertidos al mar del Polígono Industrial Valle de Güímar

Atribuye presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación a los exregidores Gumersindo Gacía, Carmen Luisa Castro y José Juan Lemes y a la alcaldesa Mari Brito

Polígono Industrial Valle de Güímar E. D.

Francisco Tuero González, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Güímar, limita la responsabilidad por los vertidos ilegales registrados en el Polígono Industrial Valle de Güímar a los ex alcaldes José Juan Lemes (Arafo), Carmen Luisa Castro (Güímar) y José Gumersindo García (Candelaria) y a la actual regidora Mari Brito (Candelaria), a quienes acusa de los presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y prevaricación.

En un auto emitido el martes, los acusa de que, «presuntamente, permitieron, de forma consciente y voluntaria y desde julio de 2013, un vertido continuo e incontrolado de aguas residuales procedente de todas las empresas del Polígono Industrial más grande de Tenerife (con entre 200 y 220 empresas, especifica) y de las urbanizaciones de El Socorro y La Viuda». Vertido que se realizaba «sin depurar, tratar, ni legalizar», con el agravante de que, «en el medio marino receptor originó, al menos en el año 2017, un riesgo grave para la calidad de las aguas, el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas, quebrantando directamente la normativa medioambiental aplicable».

Tras calificar de «presunta, pero grave y directa» la responsabilidad de los alcaldes de Candelaria, Arafo y Güímar entre 2013 y 2017, y después de especificar que los ayuntamientos son titulares del Polígono Industrial desde el 23 de julio de 2013, el juez atribuye a los responsables políticos una «pasiva conducta» en el cumplimiento de las competencias municipales en la gestión y mantenimiento de «las infraestructuras de la red de evacuación de las aguas residuales». Por ello, «las instalaciones quedaron en un estado de absoluto abandono, permaneciendo las edificaciones existentes a la cabecera del emisario y las estaciones de bombeo sin cierre y desvalijadas y las bombas y equipos sin funcionamiento, con signos de rebose del caudal del vertido, llegando a apreciarse peligro para la vida o salud de las personas».

Incide el juez en que «de forma consciente y voluntaria, sin justificación aparente», las autoridades «omitieron desde julio de 2013 las actuaciones administrativas a que estaban imperativamente obligados en el control, tratamiento y legalización de los vertidos de aguas residuales al medio marino, que son precisamente las que sí acometieron desde marzo de 2017 con la incoación de la causa penal».

El origen

Un sumario de 24.500 folios repartidos en 61 tomos que tiene su origen en la denuncia que el 1 de junio de 2017 presentaron Agustín Espinosa y Lourdes Galindo, entonces concejales de Sí se Puede en Candelaria y Güímar, respectivamente, y Francis Hernández, edil de Izquierda Unida Canaria en Arafo en aquel momento. Señalaban como responsables al Cabildo, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), la Asociación Mixta de Compensación y los ayuntamientos del Valle de Güímar. Argumentaron que los indicadores de contaminación orgánica multiplicaban por 30 los valores legalmente admitidos, cifra que eleva a 38 el auto emitido esta semana en base a los análisis realizados de las muestras realizadas recogidas en siete puntos próximos al emisario submarino.

El juez afirma que esta estructura no se ajusta al proyecto original, ya que mide 736,50 metros (157 terrestres, 540 submarinos y 39,50 del ramal II). También menciona otro incumplimiento municipal; «la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) que permitiera la óptima gestión y mantenimiento del Polígono, mencionada de forma reiterada en aquellos convenios (con la propiedad inicial del Polígono) y cuya constitución habían asumido, como obligación, los tres Ayuntamientos, no se creó, ni antes de la recepción de la urbanización ni después».

Habrá recursos

Mientras la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, anuncia que recurrirá el auto judicial y explica que se limita a trabajar para solucionar el problema de los vertidos, y al tiempo que Carmen Luisa Castro, exregidora de Güímar, también dice que recurrirá la decisión del juez y recuerda que la competencia en esta materia es supramunicipal (señala al Cabildo y al Consejo Insular de Aguas de Tenerife), Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) anuncian que preparan "la acusación contra los responsables políticos de los vertidos de aguas residuales en el Polígono Industrial de Güímar". Ambas organizaciones subrayan "la importancia de sus denuncias para frenar el mayor atentado medioambiental contra el litoral de Tenerife" y celebran que, después de cinco años, "el juzgado haya pasado a una fase decisiva del procedimiento, que dará paso a la apertura de juicio oral, en el que se establecerán finalmente los hechos y las responsabilidades penale"s. Asimismo, anuncian que estudiarán reacciones políticas en los ayuntamientos del Valle de Güímar, donde estos dos partidos mantienen su representación.

Los partidos que denunciaron y dieron origen al caso, Sí se Puede e Izquierda Unida, anuncian que preparan la acusación contra los presuntos responsables políticos

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El portavoz de transición ecosocial de Sí se puede, Rubén Fuentes, llama la atención sobre que “han convertido el litoral de Güímar en un desierto, causado por los vertidos industriales descontrolados durante decenas de años". Afirma que "han destrozado la biodiversidad marina en un atentado medioambiental que para el Valle es equivalente y tan grave como las extracciones de áridos en los barrancos de Güímar, por eso teníamos que exigir responsabilidades. Nos encontramos en una fase en la que será el juicio oral donde se establecerán quiénes son los responsables penales, pero, en cualquier caso, tenemos que recordar que, en este asunto, todas las administraciones han actuado de manera negligente”.

La coportavoz insular de IUC en Tenerife y concejala en el Ayuntamiento de Güímar por la coalición integrada por IUC y Sí se Puede, Nayra Caraballero, destaca que “el auto refuerza y da valor a las denuncias que ambas organizaciones expresamos públicamente desde hace más de diez años en los tres ayuntamientos afectados y que fueron ignoradas conscientemente por quienes tenían cargos de responsabilidad en calidad ambiental. Ha habido y continúa existiendo un riesgo evidente hacia la salud de las personas y la calidad de las aguas, que afectan a todo nuestro ecosistema marino. Aún a día de hoy se vierte gran cantidad de vertidos que triplican los niveles de contaminación permitidos”.

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