Por aquella compleja operación urbanística para salvar de la quiebra al CD Tenerife Sociedad Anónima Deportiva, personalidades relevantes de la vida política, social y académica de Tenerife han acabado, diez años después, enfrentándose a denuncias por delitos de corrupción. En la lista aparecen el consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez (PSOE); dos expresidentes del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior y Carlos Alonso (ambos de Coalición Canaria); el director general de Infraestructura Viaria del Ejecutivo regional, José Luis Delgado; o el viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez (PSOE). La investigación judicial salpica hasta a un exrector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech, y a uno de los investigadores más prestigiosos de las Islas: Francisco Sánchez, uno de los pioneros de la astrofísica en España y fundador y primer director del Instituto de Astrofísica de Canarias.
La compra en 2012 de dos terrenos en la Ciudad Deportiva del CD Tenerife por parte de una de las empresas públicas del Cabildo tinerfeño, Parque Científico y Tecnológico, por 18,9 millones de euros públicos ha desatado el mayor caso de corrupción urbanístico que se investiga en la actualidad en Canarias. Aquel enrevesado movimiento, lleno de intereses cruzados y en el que intervinieron importantes empresarios de la Isla, ha desencadenado dos investigaciones paralelas que ya están en los juzgados de Tenerife. Ambas han sido impulsadas por el Grupo de Gobierno actual del Cabildo (PSOE-Ciudadanos) y la Fiscalía de la Audiencia Provincial y afectan al propio PSOE y a Coalición Canaria. El ministerio público ha pedido que se llame a declarar como investigados por prevaricación y malversación a 24 personas en total, la mayoría cargos políticos pero también funcionarios, técnicos y académicos.
El expediente principal, el caso Geneto, engloba toda la operación urbanística. La Fiscalía acaba de llevarlo a los Juzgados de La Laguna y ha recaído en Instrucción Número 3, que aún no ha abierto diligencias previas. Tal y como adelantó el jueves Mírame Televisión, el fiscal Domingo González pide que declaren como investigados por prevaricación –aprobar resoluciones a sabiendas de que son injustas– y malversación –administración desleal o impropia de los recursos públicos– los diez cargos que aprobaron en cuatro consejos de administración de Parque Científico y Tecnológico, celebrados en 2011 y 2012, la compra de las dos fincas al CD Tenerife, que recibió 13 millones, y la empresa pública-privada NAP de África Occidental Islas Canarias, que obtuvo por su terreno 5,9 millones.
Principales denunciados
Los principales denunciados de esta pieza son Julio Pérez, consejero regional de Justicia que en uno de los consejos de 2012 fue en representación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el que era teniente de alcalde; el que en ese momento era presidente del Cabildo y de la empresa Parque Científico, Ricardo Melchior (CC); el entonces consejero insular de Economía, Carlos Alonso (CC); y el director regional de Infraestructura Viaria, José Luis Delgado, que acudió al ser entonces consejero insular de Carreteras.
El fiscal concluye que los consejeros aprobaron la compraventa a sabiendas de que esos terrenos carecían de valor público y de que el desembolso de 18,9 millones iba a sumir en graves problemas económicos a la empresa pública de la Corporación insular que adquirió los solares del municipio de La Laguna: Parque Científico y Tecnológico. Pero hay otro pretexto utilizado por los promotores que ha llamado la atención al fiscal. Domingo González subraya «la salida del sector público de una gran cantidad de dinero con destino al CD Tenerife SAD, que era una entidad privada». ¿Por qué una administración pública invierte tanto dinero en una sociedad anónima sumida en una grave crisis por la mala gestión de sus responsables privados?
Los delirios de grandeza del presidente Javier Pérez después de varios años de éxitos, y sobre todo de la segunda temporada casi consecutiva del CD Tenerife en competiciones europeas (1995-1996: el equipo se planta en las semifinales de la Copa de la UEFA), terminan llevando al representativo tinerfeño del fútbol a la ruina. Convertido en una empresa privada –sociedad anónima deportiva- en 1992, el proyecto deportivo fracasa estrepitosamente en 2002 pese a una inversión millonaria en la plantilla de jugadores. Ese año baja a Segunda División, Javier Pérez pierde la Presidencia –fallece dos años después, en 2004– y el club queda con una deuda que supera los 50 millones de euros.
La caída del equipo de fútbol
El CD Tenerife SAD había iniciado, además, un proyecto ambicioso en el peor momento económico posible: la construcción de una ciudad deportiva en Geneto, La Laguna. Incluso, había creado una inmobiliaria –Tenerife de Inversiones y Proyectos SA–, con la participación de importantes empresarios de la construcción de la Isla, para vender parte de esos terrenos de Geneto y reducir la pesada losa de la deuda. Este intento también fracasó. Una de las justificaciones que utilizaron los responsables del Cabildo entonces para pagar 13 millones de euros públicos al CD Tenerife por uno de los dos lotes de Geneto, objetos ahora de la investigación judicial, fue salvar al club de fútbol.
La otra justificación tiene que ver con un gran centro de investigación. La primera idea para esos solares, de todos modos, fue un parque empresarial. La tuvo el CD Tenerife y fracasó al quedar desierta la subasta. Luego se proyectó un parque científico o trasladar este centro a unos terrenos de la Universidad de La Laguna (ULL) en el antiguo Hogar Gomero, en el municipio lagunero, para que a su vez los terrenos de Geneto pasaran al centro superior educativo a través de una permuta. El fiscal entiende que el Cabildo adquirió el suelo a sabiendas de que el centro científico no se iba a poder construir en la Ciudad Deportiva del CD Tenerife, después de desechar la opción de la ULL y cuando el centro científico ya estaba previsto para Cuevas Blancas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, donde de hecho se levanta en la actualidad.
La otra denuncia de Fiscalía
La otra denuncia de la Fiscalía relacionada con esta operación está en una fase judicial más avanzada al presentarse antes, en junio del año pasado. La jueza María Isabel Pardo-Vivero, del Juzgado de Instrucción 1 de Granadilla de Abona, ya ha abierto diligencias previas. La Fiscalía ve indicios de los delitos de malversación y prevaricación en los 14 miembros del consejo de administración del ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables), empresa pública del Cabildo de Tenerife con sede en Granadilla, que en 2012 aprobaron la absorción de la deuda privada de la empresa NAP de África Occidental Islas Canarias, la misma a la que el Cabildo compró uno de los solares de Geneto.
Entre los cargos que el ministerio público pide llamar a declarar como investigados en el caso NAP figuran, al igual que en el caso Geneto, Ricardo Melchior y Carlos Alonso (CC). Pero también están denunciados el exvicepresidente insular Aurelio Abreu (PSOE), el viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez (PSOE), y los mencionados Eduardo Domenech y Francisco Sánchez. La Fiscalía considera en su denuncia que estos 14 consejeros respaldaron una operación tan compleja como cargada de dudas legales: la adquisición por parte de la empresa pública ITER de la empresa mitad pública y mitad privada NAP, «asumiendo con dinero público las cuantiosas deudas de la parte privada sin que estos socios privados realizaran desembolso adicional, asumieran riesgo alguno, ni tuvieran que responder por esas pérdidas».
Nada es lo que se quería
Mientras estas dos denuncias por corrupción urbanística inician su recorrido en los juzgados de la Isla tinerfeña, los terrenos de Geneto siguen sin tener proyecto, el CD Tenerife mantiene su lucha por reducir la deuda –ha pasado de 50 millones a estar en torno a 14– y el Cabildo continúa transfiriendo fondos para sacar a su empresa Parque Científico y Tecnológico de una grave crisis económica y financiera.
