La Fiscalía denuncia a Julio Pérez, portavoz del Gobierno de Canarias y consejero de Justicia y Seguridad, por delitos de corrupción. El escrito, que entró en el juzgado de instrucción número 3 de La Laguna, afecta a una operación urbanística por la que el Ministerio Público también pide llamar a declarar como investigados a dos expresidentes de la Corporación insular, Ricardo Melchior y Carlos Alonso (ambos de Coalición Canaria); y al director General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado (PSOE).
La Fiscalía solicita que estos políticos declaren en los tribunales como imputados por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso Geneto, una investigación sobre la compra en 2012 por parte del Cabildo de Tenerife de dos terrenos de la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Tenerife, situada en Geneto, La Laguna, por 18,9 millones de euros. Cuando ocurrieron los hechos denunciados, Julio Pérez era vicealcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al que representaba como consejero de la empresa pública Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), gestionada por el Cabildo con representación de otras administraciones y entidades locales.
Julio Pérez votó a favor en uno de los consejos de administración de la operación urbanística que ahora está bajo la lupa de la Justicia. Los nacionalistas Ricardo Melchior, como presidente del Cabildo, y Carlos Alonso, como consejero de Economía, lo hicieron en los cuatro que conforman el caso y apoyaron la compraventa desde el principio, y el otro socialista, José Luis Delgado, en dos consejos como consejero insular de Carreteras.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial, que dirige María Farnés, también pide en su denuncia que declaren como investigados en este mismo caso y por los mismos delitos de prevaricación -aprobar resoluciones a sabiendas de que son injustas- y malversación -administración desleal o impropia de los recursos públicos- ; los exconsejeros del Cabildo Antonio García Marichal (CC) y María del Pino León (CC); y el concejal de La Laguna Sergio Alonso (CC, hermano de Carlos Alonso), que en uno de los consejos de administración investigados representaba a la Fundación Empresa de la Universidad de La Laguna. La lista de denunciados se completa con el exdirector insular de Innovación, Juan Antonio Núñez; el exdirector de la Fundación Starlight, Luis Antonio Martínez; y el letrado de Parque Científico y Tecnológico, José Luis Luengo.
Tras un año de investigaciones, el fiscal Domingo González concluye que los diez denunciados aprobaron la adquisición de dos fincas al CD Tenerife y la empresa público-privada NAP por parte de la empresa pública Parque Científico y Tecnológico como miembros de su consejo de administración. El Cabildo, como propietario del 97% de las acciones de Parque Científico, aportó los 18,9 millones de euros que costaron esos solares. El fiscal interpreta que los denunciados dieron el visto bueno a la operación urbanística a sabiendas de que esos terrenos no tenían utilidad ni interés público. Es el principal argumento para las acusaciones de prevaricación administrativa.
El Ministerio Público considera, además, que ese suelo –30.700 metros cuadrados– fue comprado por el Cabildo con la justificación de que en Geneto se iba a construir un centro de innovación y tecnología, cuando los miembros de los consejos que lo respaldaron sabían que esa instalación no era idónea para ese fin y que ese centro se iba a instalar en Cuevas Blancas, Santa Cruz de Tenerife. También expone que adaptaron las decisiones a sabiendas del grave perjuicio económico que la compraventa iba a ocasionar a Parque Científico y Tecnológico. El fiscal recuerda que Ricardo Melchior, entonces presidente del Cabildo de Tenerife y, como tal, también de la empresa pública que compró los terrenos, se comprometió a realizar una transferencia de fondos públicos a Parque Tecnológico de 20 millones. El movimiento para sanear las cuentas tras el desembolso de 18,9 millones por los solares de Geneto nunca se produjo, según la denuncia de la Fiscalía. Por eso ve indicios del delito de malversación de fondos públicos, «al comprometer gravemente» los acuerdos de los consejos de administración «la situación financiera y económica» de la empresa pública del Cabildo, cuyo fin es desarrollar proyectos de innovación e investigación.
El caso Geneto, que llega al Juzgado de La Laguna 10 años después de realizarse la operación, parte de una denuncia de Antonio Messía de Yraola, interventor general del Cabildo de Tenerife. En octubre de 2020, Messía eleva un informe a la sala de lo penal de la Audiencia Provincial, a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y la Audiencia de Cuentas de Canarias en el que expone indicios de «un menoscabo de los caudales públicos» del Cabildo por la compra de los dos terrenos mencionados que se encuentran en la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Tenerife. El pretexto: construir un centro de innovación y ayudar económicamente al CD Tenerife, sociedad anónima deportiva que se encuentra en 2012 en una grave crisis económica.
El escrito del interventor, que se nutre de otros previos del Parque Científico y Tecnológico, alerta de una sucesión de irregularidades en la operación constitutivas de los delitos de administración desleal, prevaricación, malversación y responsabilidad contable. La Fiscalía secunda en su denuncia las principales conclusiones del informe Messía pero limita los delitos a prevaricación y malversación y no destaca en sus conclusiones un punto relevante de las del interventor insular: los terrenos se habrían comprado por un valor cinco veces superior al real debido a una tasación que utilizó precios de zonas urbanas del centro de Santa Cruz, cuando los 30.700 metros cuadrados sobre los que orbita este caso se encuentran en Geneto, a las afueras de La Laguna, una zona mucho más barata.
Sí coinciden ambos escritos, entre otras conclusiones, en que la compraventa fue más allá del interés público. El fiscal Domingo González subraya en su denuncia que «supuso la salida del sector público de una gran cantidad de dinero público con destino al CD Tenerife SAD, que era una entidad privada [y lo sigue siendo], y a la sociedad NAP de África Occidental Islas Canarias SA, cuyo capital, en la época, pertenecía en un 50% al Instituto de Energías Renovables (ITER, entidad pública dependiente del Cabildo) y en otro 50% a empresarios de la Isla». Esto, precisa el fiscal, aparte de «la descapitalización de la propia entidad» que compró los solares, hechos en los que ve malversación de caudales públicos.
El Cabildo tinerfeño formalizó la compra de los terrenos a través de Parque Científico y Tecnológico el 24 de enero de 2012. Pagó 13 millones por el que pertenecía al CD Tenerife y 5,9 millones por el del NAP. La Fiscalía defiende que se formalizaron las escrituras a sabiendas de que esos terrenos no servían para albergar el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y «sin que tampoco existiera ningún plan o estrategia que dieran sentido a la adquisición de dichos terrenos».
La propuesta de construir un gran centro tecnológico en Geneto partió de uno de los cargos que la Fiscalía ha pedido llamar a declarar como investigado. José Luis Delgado, entonces consejero socialista del Cabildo y ahora director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, lo propuso en 2009. El pleno del Cabildo aprobó la propuesta ese mismo año. Entre 2011 y 2012 se celebraron los consejos de administración de la empresa pública Parque Científico que respaldaron la operación, tras múltiples modificaciones, en la que ahora la Fiscalía ve serios indicios de corrupción. Sus integrantes son los 10 denunciados por el Ministerio Público. Ahora será el juez que asigne el Juzgado de La Laguna el que decida si se abre el procedimiento y se les llama a declarar como investigados. El fiscal también pide que se llame a declarar a seis testigos, entre ellos Antonio Messía, María Elena Rodríguez (consejera delegada del ITER) y Javier Risco, el tasador que puso valor a los solares de Geneto.
Los otros denunciados por la fiscalía
Ricardo Melchior
Expresidente del Cabildo de Tenerife
Participó en los cuatro consejos de administración de la empresa pública Parque Científico que aprobaron la compraventa de dos terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife. Era presidente del Cabildo y de Parque Científico.
Carlos Alonso
Expresidente del Cabildo de Tenerife
Como Melchior, Carlos Alonso participó en los cuatro consejos de administración de Parque Científico. Fue también un defensor de la operación y aseguró que era legal. Era consejero insular de Economía. Ahora está en la oposición.
José Luis Delgado
Director de Infraestructura Viaria del Gobierno canario
Participó en dos consejos de administración de Parque Científico como consejero de Carreteras. Puso reparos técnicos a la operación pero votó a favor. Hoy es director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias.
Antonio G. Marichal
Exconsejero del Cabildo de Tenerife
Era consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife cuando se produjeron los hechos. Participó en dos de los consejos de administración bajo investigación de la Justicia. Votó a favor de la operación urbanística.
María del Pino León
Exconsejera del Cabildo de Tenerife
María del Pino León participó en dos de los cuatro consejos de administración de Parque Científico y Tecnológico como consejera de Planificación del Cabildo de Tenerife, en representación de Coalición Canaria.
Sergio Alonso
Concejal de CC en La Laguna
Concejal del Ayuntamiento de La Laguna por CC, Sergio Alonso, hermano del expresidente del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso, participó en un consejo como director-gerente de Fundación Empresa de la Universidad de La Laguna.
Cronología del caso Geneto
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado a 9 cargos y un letrado por delitos de corrupción urbanística al aprobar que el Cabildo comprara en 2012 dos terrenos de 30.700 metros cuadrados, de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife, situada en Geneto, La Laguna. La Corporación insular realizó la operación a través de una de sus empresas, Parque Científico y Tecnológico, y pagó por esos terrenos 18,9 millones de euros, 13 millones al CD Tenerife SAD y 5,9 millones a la empresa público-privada NAP. Esta es la cronología de los hechos para entender una operación tan compleja.
1997
El CD Tenerife compra los terrenos en La Laguna
- Dos años antes de que el Cabildo de Tenerife comience a prestar una ayuda económica millonaria al CD Tenerife para su supervivencia, el club, presidido entonces por Javier Pérez, adquiere 99.100 metros cuadrados en Geneto y Los Baldíos, en el municipio de La Laguna, por 1,7 millones de euros para construir una ciudad deportiva. La mayor parte del dinero que aporta la Corporación insular en 1999 y 2002 va para ese proyecto.
2005
División en lotes
- La deuda del equipo de fútbol tinerfeño es tan grande en 2005 que decida dividir en varios lotes los 99.100 metros cuadrados para vender algunos de ellos. El CD Tenerife solicita al Cabildo que renuncie al derecho de tanteo para subastar uno de estos lotes bajo el proyecto de desarrollo urbanístico Parque Empresarial Tenerife Siglo XXI. La administración insular acepta la renuncia pero la subasta fracasa al no presentarse ninguna oferta. Es entonces cuando accionistas del CD Tenerife y empresarios destacados de la Isla constituyen la entidad Tenerife de Inversiones y Proyectos SA, como promotora inmobiliaria del club. Esta sociedad adquiere un lote de 30.700 metros cuadrados por 16 millones tras conseguir un crédito de 30 millones de CajaCanarias, entidad desaparecida. La promotora divide la finca en dos: una de 17.442 metros cuadrados y otra de 13.258.
2007
Aparece el NAP
- El 12 de marzo de 2007, la entidad NAP de África Occidental Islas Canarias SA, en cuyo capital participa el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER, cuyo accionista mayoritario es el Cabildo) y empresarios destacados de la Isla al 50%, compra a la promotora del CD Tenerife la finca de 17.442 metros cuadrados para instalar el Datacenter (punto de acceso neutro a internet para Canarias y África Occidental) por 9 millones de euros.
2011
El CD Tenerife absorbe su promotora
- El CD Tenerife absorbe a la promotora inmobiliaria en 2011 y también su deuda, que asciende a 10,6 millones. La justificación que alegaron entonces los responsables del club -Miguel Concepción lleva en 2011 cinco años como presidente de la entidad- es la escasa actividad de la promotora desde su constitución por las trabas burocráticas que debe sortear cualquier proyecto.
2011
Opción de compra
- El siguiente paso de esta compleja operación se produce en abril de 2011. El Cabildo de Tenerife firma un contrato privado con el CD Tenerife con una opción de compra de suelo de los terrenos de la Ciudad Deportiva, que se había inaugurado en 2003 y que solo ocupa una parte de los 99.100 metros adquiridos por el club en 1997. Por ese contrato, la Corporación insular entrega tres millones de euros como prima de esa opción de compra a la sociedad anónima deportiva. Sin embargo, la Corporación desechó luego esa opción, que le daba un privilegio sobre la compra, una decisión ahora bajo la lupa de los investigadores.
2012
La operación que centra la denuncia de la Fiscalía
- El 24 de enero de 2012, el Cabildo de Tenerife formaliza de forma definitiva la adquisición del lote del NAP y el otro de 13.258 metros cuadrados del CD Tenerife situados en la Ciudad Deportiva de Geneto a través de la empresa Parque Científico y Tecnológico, de la que posee el 97% de las acciones. La institución insular paga por ambos terrenos 18.992.460 euros -13 millones por los del CD Tenerife SAD y 5,9 millones por los del NAP- con la justificación de ubicar allí el Parque Científico y Tecnológico. Lo hace después de sucesivas modificaciones del acuerdo aprobadas en cuatro consejos de administración de Parque Científico y Tecnológico entre el año anterior y ese 2012. Es el punto en el que se concentran los indicios de corrupción para la Fiscalía, al entender que la operación se realizó cuando los miembros del consejo eran conscientes de que no era el lugar idóneo para el recinto científico, que ya entonces se sopesaba construir en Cuevas Blancas, municipio de Santa Cruz de Tenerife, donde de hecho se construye en la actualidad. Al quedar esos terrenos sin interés público -permanecen sin proyecto hoy-, la empresa Parque Científico y Tecnológico sufrió un grave golpe en su estabilidad financiera y económica, al tener que afrontar el fuerte desembolso de los 18,9 millones de euros de los terrenos y no recibir liquidez de la Corporación Insular, siempre según la denuncia del Ministerio Público presentado ahorado al Juzgado de La Laguna.
2013
Deuda del NAP
- En 2013, el Cabildo absorbe el NAP, la sociedad a la que la Corporación compra uno de los solares, constituida en 2006 y participada en un 50% por el ITER y el resto por empresarios de Tenerife. Antes de esa absorción por fusión en 2013 del NAP por el propio ITER, que de forma mayoritaria pertenece al Cabildo, el propio ITER compra las acciones que ostentan los empresarios privados o la canjea a estos empresarios privados por acciones de la entidad Solten II SA (sociedad con grandes beneficios y con un alto reparto de dividendos anuales) sin que la deuda del préstamo de los terrenos adquiridos se reflejara en el valor de adquisición de las acciones por el ITER y asumiendo esta la deuda existente de más de dos millones.
2020
El ‘informe Messía’
- El 9 de octubre de 2020, Antonio Messía de Yraola, interventor general del Cabildo de Tenerife, firma un escrito que poco después remite a la sala de lo penal de la Audiencia Provincial, a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y la Audiencia de Cuentas de Canarias. El informe Messía denuncia «un menoscabo de caudales públicos» en la compleja e intrincada operación por la que el Cabildo compra los terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife. El interventor ve indicios para actuar contra los responsables de esta compraventa por suponer un “uso irregular de fondos públicos”. Se refiere a los miembros de los consejos de administración de la entidad Parque Científico y Tecnológico que aprobaron la operación tras sucesivas modificaciones que ahora pide investigar la Fiscalía de la Audiencia Provincial.
2020
Los precedentes del escrito del interventor
- El informe Messía llega 8 años después de producirse la operación urbanística en la que observa irregularidades graves. El interventor del Cabildo se basa en un informe suscrito por la consejera delegada del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y la responsable del área de prevención de delitos del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), ambas entidades dependientes de la Corporación insular, que alertan de una sucesión de irregularidades en la operación constitutivas de los posibles delitos de administración desleal, prevaricación, malversación y responsabilidad contable. Pedro Martín (PSOE), presidente del Cabildo, y Enrique Arriaga (Ciudadanos), vicepresidente, reconocieron en la rueda de prensa en la que anunciaron el traslado del informe Messía a los órganos judiciales que estos análisis surgieron ante la necesidad de buscar una salida económica a empresas públicas insulares como Parque Científico y Tecnológico. Fue ahí cuando sus responsables vieron operaciones que habían podido provocar un quebranto a las arcas públicas.
2021
Denuncia de la Fiscalía
- La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que dirige María Farnés -la misma fiscal que resolvió el caso Las Teresitas-, eleva el 28 de diciembre pasado una denuncia tras investigar el informe Messía. Lo traslada al Juzgado de La Laguna, que aún no ha decidido si abre procedimiento. El Ministerio Público pide llamar a declarar como investigados por prevaricación y malversación de fondos públicos, delitos de corrupción urbanística, a 10 cargos que participaron en los consejos de administración de la empresa Parque Científico que aprobaron la compra de dos terrenos de la Ciudad Deportiva del Tenerife con dinero del Cabildo. Entre los denunciados se encuentra Julio Pérez (PSOE), consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, y los expresidentes de la Corporación tinerfeña Ricardo Melchior y Carlos Alonso (CC).
2021
No es la primera denuncia del Ministerio Público
- No es la primera denuncia que presenta la Fiscalía sobre esta compleja operación urbanística de los terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife. En julio de 2021, el Ministerio Público ve indicios de los delitos de malversación y prevaricación en los 14 miembros del consejo de administración del ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables), empresa pública del Cabildo de Tenerife, que en 2012 aprobó la absorción de la deuda privada de la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias. Al NAP pertenecía precisamente uno de los terrenos que compró el Cabildo en Geneto y que también investiga la Justicia. Entre los cargos que el ministerio público pide llamar a declarar como investigados en este otro caso figuran los expresidentes del Cabildo Ricardo Melchior y Carlos Alonso (CC), el exvicepresidente insular Aurelio Abreu (PSOE) y el actual viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez (PSOE). También ha pedido que se llame a declarar como investigados a los otros miembros del consejo de administración del ITER, entre los que están Álvaro Arvelo, expresidente de CajaCanarias; Francisco Sánchez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias; y Eduardo Doménech, exrector de la Universidad de La Laguna.
