Francisco Javier Delgado Expósito, vecino de La Orotava, padece atrofia muscular desde que era un bebé y a sus 46 años de edad ha emprendido una lucha por la regulación en Canarias del derecho a la asistencia personal en el hogar como alternativa al internamiento en residencias. Tras remitir innumerables correos electrónicos a diferentes autoridades y entidades, la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org le ha permitido sumar hasta ayer el apoyo de casi mil personas. El pasado viernes recibió en su casa la visita de un nuevo aliado en esta demanda en beneficio de los grandes dependientes de las islas, el Diputado del Común, Rafael Yanes, quien considera «justo» apoyar la petición de Francisco para que «la Comunidad Autónoma Canaria regule la asistencia personal y pueda vivir en su casa como alternativa a una residencia».
Tras conocer la historia de Francisco Javier Delgado a través de EL DÍA, Rafael Yanes se desplazó hasta su casa de La Orotava para escuchar, cara a cara, las demandas de este tinerfeño que en la actualidad sólo puede mover el cuello y algunos dedos de las manos, con las que maneja el ratón que lo conecta con el mundo.
Delgado entregó a Yanes una queja en la que solicita «que en la Comunidad Autónoma de Canarias, el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias y el resto de instituciones implicadas garanticen el cumplimiento del derecho de los grandes dependientes y las personas con diversidad funcional a recibir una asistencia personal adaptada a sus necesidades para garantizar su libertad de elección de domicilio, su independencia, la igualdad de oportunidades y el respeto a su capacidad para mantener el control de su vida».
En esa queja, Francisco Delgado recuerda que «el derecho a la asistencia personal ya aparece citado en el artículo 19 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, donde se reconoce su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad». Los estados firmantes, entre los que está España, se comprometieron a que las personas con discapacidad deben tener «la oportunidad de elegir su lugar de residencia, dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones, y con acceso a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y apoyo, incluida la asistencia personal necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, y evitar su aislamiento o separación».
El derecho a la asistencia personal también se menciona en la Ley 51/2003 para la Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, y en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Sin embargo, ni estas leyes ni sus desarrollos reglamentarios posteriores la regulan laboral o jurídicamente.
Delgado explica que «las personas en situación de gran dependencia y sin grandes recursos económicos o familiares se ven obligadas en Canarias a solicitar su ingreso en una residencia debido a la inexistencia de una alternativa que les permita continuar con sus vidas en sus casas y al lado de sus seres queridos. Esta institucionalización obligatoria por razones económicas atenta contra derechos fundamentales y libertades de personas que no deberían ser discriminadas por cuestiones de salud o de autonomía personal. La ayuda a domicilio que se ofrece desde los ayuntamientos tampoco garantiza ese derecho, puesto que se limita a cuestiones básicas y muy poco tiempo al día».
«Las administraciones públicas dedican grandes cantidades de dinero a mantener las residencias, presupuestos de los que se podría destinar una parte para empezar a implantar en Canarias la asistencia personal para aquellas personas que la soliciten. Bastaría con destinar el dinero que cada mes costaría su plaza residencial a financiar la contratación del número de horas de asistencia personal necesarias», detalla Delgado.
«Debe regularse en Canarias»
El Diputado del Común, Rafael Yanes, explicó tras reunirse con Francisco Delgado que «en cuanto tome posesión la nueva directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, solicitaré una cita con ella y le voy a plantear que la figura del asistente personal debe regularse en Canarias para que las personas que así lo deseen, y en las condiciones que la administración pública determine, tengan esa posibilidad de elegir donde vivir. Hay personas que prefieren ir a un centro, pero a quienes prefieren quedarse en sus casas hay que darles esa opción». Rafael Yanes reconoce que el Servicio de Dependencia en Canarias tiene muchas deficiencias que se deben corregir, «y los peores datos de España», por lo que también considera muy necesario «dotarlo con más medios económicos, personales y técnicos».
