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Martín declara en el juicio que hizo lo que pudo por legalizar el agua

La fiscal cree que el exalcalde prevaricó pues sabía que actuaba de forma ilegal | Según la defensa, no tuvo recursos para actuar

El exalcalde Santiago Martín en el juicio celebrado ayer. Pedro Fumero

«No estuve 16 años de alcalde para hacer canchanchanadas». Esta fue una de las últimas frases que el exregidor de Los Silos Santiago Martín pronunció ayer al final del juicio en la Audiencia Provincial, donde está acusado por un delito contra la administración pública en concurso medial con otro de prevaricación, por el levantamiento de reparos para pagar a una de las empresas suministradoras de agua. Martín expresó con pasión su sentimiento, antes de que el magistrado presidente del Tribunal lo invitara a moderar sus formas. El exalcalde fue candidato electo del PSOE desde 2003 hasta 2019 y hoy está fuera de la política.

La fiscal afirmó que los hechos por los que lo acusa quedaron acreditados de forma suficiente, en la medida en que firmó el levantamiento de los reparos de Intervención para pagar facturas a la empresa Gestión de Aguas 2000, con ausencia de una adjudicación legal del servicio, aplicando la fórmula del contrato menor, que no era la adecuada, y, además, era consciente de que el procedimiento no se ajustó a la Ley.

Según el exregidor, intentó que varias empresas externas hicieran los pliegos, pero no lo logró

La defensa esgrimió la tesis de la dificultad de aplicar la normativa de Contratación Pública al gestionar municipios con pocos funcionarios y sin capacitación para sacar un pliego de condiciones de adjudicación en una materia tan compleja como el agua, con una orografía difícil, escasos habitantes y una dispersión de barrios que va desde la cumbre hasta el mar. Y donde, además, «siempre se ha hecho así». La denuncia contra el exregidor silense fue interpuesta por una empresa de aguas contra los reparos levantados a la sociedad Gestión de Aguas 2000 de forma exclusiva, pero no contra los que beneficiaron a otras firmas que también vendieron recursos hídricos al consistorio.

En el juicio, Martín reconoció en todo momento que levantó esos reparos para poder garantizar el suministro de agua a las casas de los vecinos y otros recursos, como una escuela infantil, una residencia geriátrica, los colegios o la piscina municipal, por ejemplo. Según afirmó el exalcalde, ante la falta de una adjudicación legal del servicio, habló con varios funcionarios para tratar de sacar adelante un pliego de condiciones y un concurso público, pero dichos trabajadores le reconocieron que no tenían conocimientos para ello. Y, cuando trató de buscar empresas externas que hicieran esa labor, la respuesta fue que no les interesaba económicamente hacerlo para un municipio de las características de Los Silos y que, «si sacaba un concurso, quedaría desierto».

Dos funcionarias afirman que el actual gobierno sí encargó la redacción de las futuras condiciones

Otro de los argumentos esgrimidos por parte del expresidente de la corporación fue que el municipio tiene siete depósitos de agua a muy diferentes cotas de altitud. Y eso supone que ninguna sociedad suministradora de la zona tiene, por sí sola, capacidad técnica para abastecerlos a todos. Es decir, que siempre habría que recurrir a dos o tres sociedades para atender la demanda.

«Hice lo que entendí que tenía que hacer, no para dar dinero a un familiar, sino para atender un servicio esencial», señaló Martín. Aclaró que, al tratar el asunto con la administrativa que ejercía de secretaria-interventora accidental, esta le dijo que había dos únicas formas de actuar en esas condiciones: «o levantar reparos y pagar; o no pagar, lo que generaría consecuencias muy negativas para el Ayuntamiento y también para mí», pues las suministradoras de agua podían denunciar el impago de un servicio prestado. También achacó al Plan de Ajustes aplicado por el Gobierno de Rajoy que el consistorio no pudiera gastar cantidades de dinero en las actuaciones que quisiera, como en contratar a un especialista externo que redactara el mencionado documento para sacar a licitación el servicio de agua.

Una funcionaria que ejerció como secretaria accidental recordó que, en base a un contrato menor, una empresa no podía percibir al año más de 18.000 euros en una o diferentes facturas, según la anterior Ley. Sin embargo, había meses en que uno solo de los pagos superaba tal cantidad. En estos momentos, la legislación impide superar los 15.000 euros de abono por un contrato menor en un año. Esta trabajadora afirmó, a preguntas de la fiscal, que la elaboración del pliego de condiciones de adjudicación «se podía externalizar», pero que no tiene constancia de que se hiciera en la etapa de Martín en la Alcaldía.

Según dicha funcionaria, a mediados de este año, el nuevo grupo de gobierno del Ayuntamiento «firmó un contrato menor» con una empresa para que redactara los pliegos. Y la actual secretaria-interventora ratificó que en julio pasado se adoptó tal medida para tratar de resolver el problema de los pagos del suministro. Esta manifestación de ambas testigos se convirtió en un refuerzo para la postura esgrimida por la fiscal, que, durante la exposición de sus conclusiones definitivas, lanzó la pregunta de por qué no se había hecho antes tal procedimiento.

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