El Ministerio Público solicita para el exalcalde de Los Silos Santiago Martín diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y las costas procesales como presunto autor de un delito continuado contra la administración pública de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal. Los hechos ocurrieron a lo largo de varios años y están relacionados con el levantamiento de reparos que la interventora municipal puso a los pagos a una empresa por el suministro de agua de abastecimiento público. La denuncia fue presentada por una Comunidad de Aguas. Además, la Fiscalía solicita al juez el sobreseimiento provisional y el archivo de la acusación al exregidor silense por usurpación de aguas, receptación y malversación de caudales públicos, al no existir pruebas suficientes de que incurriera en tales infracciones penales.
Santiago Martín dejó de presidir la administración municipal en el 2019, tras no concurrir a las elecciones, y está retirado de cualquier actividad política en estos momentos. Martín explicó a EL DÍA que su implicación en este asunto se debe a que «en el Ayuntamiento no existe contrato» para el suministro de agua. Aclaró que, en la medida en que se trata de un bien esencial, la única forma factible de cubrir esta necesidad de los ciudadanos era a través de la fórmula de levantar reparos de la Intervención. Y afirma que, a día de hoy, cree que el procedimiento sigue siendo el mismo en la corporación. Manifiesta que el consistorio silense carecía de capacidad técnica y económica para realizar un estudio sobre las necesidades de suministro municipales, así como para sacar una licitación pública del servicio. Para Martín, el levantamiento de reparos era la única vía para atender el abastecimiento municipal de recursos hídricos.
Según consta en el escrito de calificación de la Fiscalía para este asunto, el volumen total de los abonos a la citada sociedad mercantil de forma presuntamente irregular asciende a más de 543.000 euros. El juicio por este asunto está previsto que se celebre en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el martes y miércoles de la próxima semana, 14 y 15 de diciembre.
El fiscal considera que el entonces alcalde actuó «con absoluto desprecio a la legalidad vigente en contratación administrativa», a pesar de «los continuos reparos que la Intervención Municipal realizaba al pago de las facturas de agua que pasaba (...)» la empresa vendedora.
Objeciones
Para el representante del Ministerio Público, las objeciones que ponía la interventora municipal se debían a que «el suministro anual (de agua) excedía en mucho de la cantidad prevista en la Ley de Contratos del Sector Público» para concebir el mismo «como un contrato menor –en concreto, 18.000 euros anuales– y, por tanto, con pleno conocimiento de la ilegalidad del suministro de agua» por parte de la empresa que efectuaba el abastecimiento «en los términos en los que venía realizándose».
Según el Ministerio Público, Santiago Martín, como la máxima autoridad del Consistorio, «se limitó a levantar tales reparos, sin adoptar ninguna acción positiva para adecuar tal suministro de aguas a la normativa reguladora de la contratación pública».
Vulneración
En el escrito de calificación de la Fiscalía se estima que el exalcalde de Los Silos realizó una «vulneración clara de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos de contratación y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos».
En base a la documentación recogida por parte del fiscal, el exregidor levantó más de treinta reparos de la Intervención Municipal por cifras muy diversas. La factura con menor cantidad de dinero fue de 7.511,22 euros, mientras que la más elevada llegó a superar ligeramente los 51.000.
