Los efectivos del Consorcio de Bomberos adscritos al parque de La Orotava sofocaron anteayer el incendio que afectó a la planta baja del edificio Iders, habitado por casi una veintena de okupas en las 84 viviendas y locales que lo conforman. El fuego, el tercero que se registra en los últimos dos años, quemó una parte importante de la gran cantidad de basura almacenada en un inmueble sobre el que Salud Pública certificó su estado de insalubridad el pasado 5 de julio. Ayer, la situación no había cambiado y la puerta principal de acceso permanecía abierta de par en par y varias personas entraban y salían del lugar.
El gobierno municipal de Puerto de la Cruz asegura que se desarrolla «el proceso administrativo, con petición al juzgado de por medio» –y el requerimiento a los propietarios–, para que el Ayuntamiento pueda acometer la limpieza de una propiedad privada de forma subsidiaria. «Los plazos siempre se alargan, pero así es la ley y el procedimiento», apostilla el grupo de gobierno.
El gobierno local solicita al juzgado que autorice la entrada para actuar de forma subsidiaria
Asimismo, informa de que el área Social «sigue interviniendo, junto a Cáritas y con el apoyo del Cabildo, para propiciar que la gente que okupa ese edificio pueda encontrar una solución habitacional rehaciendo su vida». El gobierno local sostiene que «se actúa en varios frentes, pero no siempre tanto la realidad legal como la realidad de las personas facilita las cosas».
Juan Carlos Marrero, concejal de Urbanismo con CC durante el mandato anterior, reprocha al alcalde, Marco González, y al edil de Urbanismo –del que dice que está «perdido y escondido»–, David Hernández, que «cuando estaban en la oposición decían que eso lo resolvían en tres meses, pero llevan ya 30 de y ahora piden calma y alegan que los tiempos administrativos son distintos». Expone que la Ley del Suelo posibilitó la intervención pública, que estuvo condicionada hasta que el Ayuntamiento dejó de estar sujeto a un Plan de Financiación. En 2019 hubo 100.000 euros presupuestados para infracciones urbanísticas como esta, explica el exedil.
El entorno no se explica la demora en intervenir tras varios incendios durante los dos últimos años
Hace 30 años
La pesadilla del edificio Iders, situado en plena avenida Familia Betancourt y Molina, comenzó en octubre de 1991, cuando el exalcalde Félix Real (q.e.p.d.) dictó la orden de desalojo de las plantas bajas del inmueble por una supuesta aluminosis generalizada que, años después, se demostró que afectaba solo a menos del 10% del edificio, sin que existiera un daño estructural grave. La Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias declaró no habitable el inmueble en enero de 1992 y el Ayuntamiento portuense ordenó su desalojo en febrero de 1992. Los propietarios de los apartamentos y locales comerciales comenzaron una batalla judicial y administrativa que ha durado casi 30 años.
En diciembre de 2020, el Pleno portuense aprobó una moción institucional, que se concretó en febrero de 2021, para dar una solución integral al problema social y de salud pública en un inmueble marcado por incendios, peleas, ratas, cucarachas, mosquitos, mucha basura y el consumo de estupefacientes.
