Los vecinos desalojados el pasado mayo del caserío Las Bajas, junto a los túneles de Güímar, acusaron ayer al exalcalde, Airam Puerta, de generarles un futuro incierto. Lo hacen porque medio año después del hecho (ocurrido siendo regidor el edil socialista) no han retornado a sus casas, cuando les hicieron saber que lo harían en cuatro meses; porque en este periodo Costas les ha comunicado el derribo de sus viviendas y porque no responde a si tiene alguna validez el documento que recibieron de manos de la Policía Local –no tiene membrete ni está firmado– instándoles a abandonar el barrio.
«¿Es verdad que este documento que mandó a entregar a la Policía no sirve para nada?», preguntó la vecina Ana Marría a Airam Puerta en la intervención que le autorizaron en el pleno. El silencio del actual primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo contribuyó a enardecer unos ánimos que ya estaban caldeados cuando Puerta afirmó: «Respecto a algunas preguntas que me han hecho, los servicios jurídicos me recomiendan que a veces tengo que responder y a veces, no». La reacción vecinal fue llamarlo «mentiroso» en ocho ocaisones, al menos, y «corrupto» en otras dos. La Policía Local levantó un acta sancionadora contra un vecino.
Todo ello ocurrió durante una sesión extraordinaria pedida por el PP para abordar el exceso, cifrado en más de un millón de euros, del coste de la obra para asegurar el talud. Adjudicada por 342.865 euros, el precio final alcanzará el millón y medio de euros, si bien hasta ahora solo se ha abonado el importe contratado (resta una certificación por pagar), según informaron Puerta y el alcalde, Gustavo Pérez. Éste paralizó los trabajos cuando tuvo conocimiento del incremento del precio de la obra.
Carmen Luisa Castro, portavoz del PP, formuló siete preguntas sobre esta actuación y llamó la atención, entre otras cuestiones, sobre el Informe Extraordinario nº3 de la Dirección de Obra, del pasado junio, en el que se indica que la ejecución se inició «al amparo de un presupuesto estimado de carácter provisional». También pidió explicaciones sobre por qué se permitió continuar los trabajos conociendo el exceso del coste.
Airam Puerta defendió la legalidad de la actuación y la necesidad de la misma teniendo en cuenta la emergencia detectada por los técnicos informantes y la responsabilidad en la que hubiera incurrido de no actuar. Lo hizo antes de que dos concejales del PP, Francisco Hernández Armas y David Román, pidieran su dimisión o destitución por «incompetente».
En el punto previo del orden del día, y con la abstención de la concejala Beatriz Perdomo (rompiendo así la disciplina de voto del PSOE y del gobierno local), el Pleno acordó redactar un proyecto para una parte de las obras de estabilización del talud del barrio de Santa Lucía-Los Barrancos, en el litoral de Agache. Se da la circunstancia de que estos trabajos ya están realizados y que en los mismos también se produjo un sobrecoste respecto a lo adjudicado.
Los infractores de la norma covid
El Pleno no aclaró si en el brindis realizado en una vivienda particular el 15 de mayo pasado, tras el acto para rotular la calle Carla Antonelli en El Socorro, hubo 11 o 7 supuestos infractores de la norma covid. El PP incidió en que hay cuatro actas sancionadoras por completar su trámite que se corresponden con el exalcalde, Airam Puerta, los concejales del PSOE Cándido Gómez y José Miguel Hernández, y con el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. La secretaria confirmó que en el expediente falta el informe policial que identifica a los supuestos infractores. |
