Hoy se cumplen dos años desde que Primero Arico, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) formaron el gobierno municipal ariquero al prosperar la moción de censura que presentaron al PSOE. «Este pacto tiene hoy una salud excelente», resume el popular Andrés Martínez. Coinciden el nacionalista Juan José Armas y el alcalde, Sebastián Martín, para quienes «hay solidez y, especialmente, un trabajo conjunto, con las siglas a un lado y con Arico como único interés».
La gestión de la emergencia a causa de la pandemia requirió «centrar el esfuerzo en atender los problemas de los vecinos». El resto del tiempo se dedicaron a «ordenar los desajustes provocados en los cinco meses de gobierno del PSOE». En especial, la deuda a proveedores, «que casi provoca un plan económico y financiero, si no hubiéramos tomado la medida de cambiar el gobierno».
Un hecho que se produjo el 25 de noviembre de 2019, en una sesión plenaria muy alborotada tras la que «el municipio respira absoluta tranquilidad», aunque «la oposición intentara generar una crispación artificial». Reflexiones del alcalde, Sebastián Martín, que comparten Juan José Armas (CC) y Andrés Martínez (PP), quien sostiene que la agilidad en la gestión evitó «más dificultades» y permitió «continuar con las iniciativas y proyectos que nos marcamos».
Hasta el punto que cuentan con presupuesto y plan de inversiones en ejecución, como recuerda el regidor. Martín no obvia «el intento de obstaculizar el procedimiento de aprobación del presupuesto y del plan de inversiones», a pesar de que los colectivos sociales dieron el visto bueno al documento y la oposición se abstuvo en el pleno de su aprobación. Pero el PSOE «presentó alegaciones, lo que ralentiza ambos documentos económicos. Nosotros cumplimos e hicimos lo que debíamos, pero quienes tenían que colaborar optaron por obstaculizar». En todo caso, la gestión económica desarrollada está avalada porque «pasamos con sobresaliente la auditoría de gestión económico-financiera del Fondo Canario de Financiación Municipal», enfatizan los tres portavoces.
«Si no hay ayuda, vamos a seguir firmes en que el vertedero debe estar cerrado»
Los momentos delicados.
El 13 de marzo de 2020, cuando el gobierno local declara la emergencia y activa el protocolo covid en el municipio; y el 21 de mayo de 2021, cuando comenzó el incendio forestal, «han sido las dos situaciones más tensas» que ha vivido este tripartito.
La pandemia sigue marcando agenda, aunque menos, si bien esta Navidad «no percibimos apoyo decidido por parte de las administraciones supramunicipales. Incluso el Gobierno canario genera incertidumbre, hasta el punto que no se sabe qué protocolo se aplicará durante las fiestas». Pero la recuperación económica pasa porque esta campaña comercial sea lo más parecida posible a la prepandemia. «Nosotros diseñamos y aplicamos propuestas para incentivar el consumo local en los comercios y en la restauración». Martínez aclara que «permitirán los mismos actos del año pasado, pero la evolución del covid marcará la decisión final a principios de diciembre. Pero nosotros hacemos el arca antes de que llegue el diluvio y tenemos nuestra programación navideña en marcha».
Entre los asuntos pendientes está la conclusión de la plaza de Villa de Arico, obra que permanece a expensas de la próxima «finalización del contrato con la adjudicataria para convocar un concurso que permita terminar la parte que resta del proyecto». Entre los hitos está el inicio del proceso para crear una Mancomunidad con San Miguel de Abona y Granadilla de Abona, municipio éste que debe completar el trámite. «Damos pasos, aunque con lentitud», expone el gobierno.
«En este pacto hay solidez y un trabajo conjunto, con Arico como único interés»
Vertedero.
Pero los efectos del Complejo Ambiental es el asunto que más preocupa. Lo más reciente, la paralización de la licitación de la Redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la explotación de una instalación de valorización de residuos, incluyendo reciclado y otros tipos de valorización (excepto valorización energética mediante incineración por oxidación. O sea, la incineración. «Ha sido un gran logro del trabajo vecinal, institucional y político, desde el Ayuntamiento, colectivos y grupos de la oposición en el Cabildo», reflexiona el alcalde.
Resta un paso que Sebastián Martín, Juan José Armas y Andrés Martínez no están dispuestos a dejar escapar: «Falta obtener la compensación para Arico por los perjuicios que nos ocasiona el Complejo Ambiental. A punto de parar la incineradora, vamos a por la compensación por el vertedero, a lo que tenemos derecho», sentencia el alcalde. «Apostamos claramente por la reducción, reciclaje y reutilización. Hay consenso entre los partidos políticos en el Cabildo, menos el PSOE; hay consenso entre todos los grupos municipales, menos el del PSOE. A partir de ahí, los socialistas tendrán que decidir si están de parte del municipio y de qué modelo de gestión», apostilla Martínez.
Al presidente del Cabildo, Pedro Martín, le piden que «tome una decisión y no prolongue esta situación». En el caso de una negativa al «derecho a ser compensados» que defiende Arico, «vamos a seguir firmes en que el vertedero debe estar cerrado». Al consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, le reclaman «humildad, respeto, colaboración y cooperación interadministrativa». Enumeran los «choques» que ha tenido con varios ayuntamientos, «ninguno de sus mismas siglas».
«Los socialistas tendrán que decidir si están de parte del municipio, en el caso de los residuos»
La presa de El Río.
La recuperación de esta infraestructura es «otro asunto por el que seguimos esperando, pese a la petición conjunta (con Granadilla y San Miguel) de que se elabore un estudio de viabilidad». Martín reclama «una solución» a la demanda de agua para el riego y esta presa forma parte de ella, entiende el gobierno municipal.
Complejo Punta de Abona.
La construcción turística proyectada en la zona costera «está abocada a la aprobación del Plan General, que también está en manos del Gobierno canario». Aunque la obra está suspendida por el Ejecutivo, «no renunciamos al proyecto, pero todo depende de los promotores. Estaremos al lado de quien traiga empleo y desarrollo económico social y sostenible».
