Los vecinos de Las Bajas pretenden impedir la demolición de sus viviendas por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar. Para ello, la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas anunció ayer que emprenderá diferentes acciones legales ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para impedir la pérdida de las casas a las más de veinte familias que están amenazadas de derribo en la playa de El Callao.
Así lo indicó el letrado y presidente del colectivo, José Luis Langa, quien también explicó que las familias afectadas por la Ley de Costas «han sufrido un doble varapalo». Recordó que, «a primeros de este año, el Ayuntamiento les desaloja asegurando que van a hacer obras que nunca se llevan a cabo; y ahora, desde Costas les amenazan con la demolición».
Cabe recordar que el departamento adscrito a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente envió, el pasado día 12, una orden de ejecución para el desalojo y demolición de estas viviendas. Un oficio en el que se asegura «proceder, por este Servicio Provincial de Costas, a la ejecución forzosa y subsidiaria de la resolución de recuperación posesoria» del espacio de dominio público marítimo-terrestre en este enclave, «mediante la demolición y la retirada de sus restos con reposición del terreno a su estado primitivo». En el documento, además, «se les da un plazo de diez días» para el desalojo voluntarios de la veintena de viviendas afectadas.
Langa González expuso que «nos encontramos ante un caso más de desatención de la realidad canaria por parte de las instituciones estatales, que proceden sin tener en cuenta la historia de un pueblo y el derecho que les asiste a estas personas, que llevan años viviendo en estas casas y por las que han pagado sus impuestos».
Un dato que resaltó el presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas es que «más de la mitad» del conjunto de viviendas que conforman el poblado «son primeras residencias». Langa determina que, «independientemente de ello, lo que se está es atacando la propiedad privada y un derecho sobre unas viviendas que existen mucho antes de la Ley de Costas».
En cualquier caso, la Plataforma ha decidido reunirse con todos los grupos políticos con representación parlamentaria en la Cámara autonómica y con la Dirección General de la Costa y el Mar en Madrid. Además, anunció que trasladará este asunto al Parlamento Europeo, pues «esta situación se pararía si se supiera que Canarias vive y vivirá siempre junto al mar», apostilló.
José Luis Langa concluyó mostrándose «casi seguro» de que «los juzgados nos darán la razón y estas personas, como otras muchas anteriormente, podrán volver a tener sus casas sin sentirse amenazadas».
