Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Güímar

Los técnicos afirman que la obra del talud no resuelve el peligro existente en Las Bajas de Güímar

El informe jurídico propone resolver el contrato y un expediente para depurar responsabilidades

Los vecinos en una reunión con el exalcalde, Airam Puerta, días antes del desalojo, el pasado marzo.

Resolver el contrato con la UTE Camino Las Bajas Güímar e iniciar un expediente para depurar responsabilidades son las conclusiones del informe jurídico emitido por la Secretaría Municipal, a petición del alcalde, Gustavo Pérez (CC), sobre la obra en el talud de los túneles de Güímar y el sobrecoste de la misma, que llega a cuadruplicar el importe del contrato. «Ha quedado acreditado el incumplimiento del contrato por la entidad adjudicataria», refleja la secretaria, quien alude en el documento al estudio técnico, donde se «reconoce» que la actuación proyectada «no supondría la solución a los problemas de inestabilidad» del talud de Las Bajas.

El informe también advierte de presuntas anomalías en cuanto al coste de la obra. En base a los informes extraordinarios emitidos por la Dirección Facultativa de la misma, la Secretaría señala que el importe certificado hasta ahora por la empresa asciende a 1.169.635 euros. «Resulta inexplicable que, pese a lo certificado, solo se haya concluido el tramo 1 y no los tramos 2, 3 y 4» de esta actuación. La obra fue contratada por 342.865 euros (IGIC incluido) y el plazo de ejecución es de seis meses desde la firma del acta de replanteo (23 de marzo pasado).

Siguiendo el argumento del técnico redactor, la jurista municipal determina que para justificar que el coste se cuadruplique debe incluirse en el ámbito declarado como obra de emergencia «todo terreno situado e inserto en la estructura volcánica de la cordillera dorsal de Pedro Gil o Dorsal Noreste del municipio». A su juicio, la declaración de emergencia debió ceñirse a las medidas que garantizaran la salida de los vecinos del poblado, que facilitaran la retirada de sus enseres y animales, así como las «estrictamente indispensables» para salvaguardar la seguridad de los inmuebles.

La Secretaría también se detiene en señalar que «no consta» explicación alguna de las causas que «pudieran explicar el sobrecoste», ni el proyecto definitivo de la obra, ni petición instando a la modificación del contrato por parte de la dirección facultativa o la empresa adjudicataria, ni «tramitación ni autorización alguna con relación a la subcontrata».

El 10 de marzo comenzó el desalojo voluntario de la veintena de vecinos de Las Bajas por peligro de desprendimiento del talud del túnel de Güímar. La obra fue paralizada a finales de septiembre ante el exceso del coste de la misma.

Compartir el artículo

stats