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Red Eléctrica de España aclara que contribuyó a «minimizar el impacto»

La distribuidora ha sido multada con 13,6 millones por «falta de idoneidad técnica» y la transportadora de la energía con 11,1 por «no contar con equipamiento de protecciones»

Central de Endesa en Granadilla de Abona donde estuvo el origen del ‘cero energético’ en Tenerife de septiembre de 2019. | | E.D.

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer sancionar a Unión Eléctrica de Canarias Generación SAU (Unelco Endesa) y a Red Eléctrica de España SAU con casi 25 millones de euros en total por el gran apagón de la Isla de Tenerife ocurrido el 29 de septiembre de 2019. La empresa generadora y distribuidora tendrá que afrontar una sanción de más de 13 millones, mientras que la multa al transportista de la energía supera los 11 millones.

En el caso de la empresa distribuidora y generadora (Unelco Endesa), la sanción aprobada asciende concretamente a 13.668.001 euros por «tres infracciones administrativas muy graves», previstas en la Ley 24/2013, mientras que en el caso del transportista (REE), la multa ascenderá hasta los 11.190.751 euros por «dos infracciones administrativas muy graves» en base al mismo texto legislativo.

En lo referente a Unión Eléctrica de Canarias Generación, se ha constatado que el fallo de la capacidad de arranque autónomo originado el 29 de septiembre de 2019 «evidencia la falta de idoneidad técnica de los grupos de Granadilla Gas 1 y 2». Este hecho, especifica la resolución, «se tradujo en una reducción, sin autorización, de la capacidad de producción y del suministro de energía eléctrica». Añade el acuerdo que «no solo se puso en riesgo la garantía de suministro, sino que fue un elemento determinante para que se prolongara más de lo necesario el cero eléctrico acontecido, al condicionar la indisponibilidad de los citados grupos a la estrategia de reposición de suministro».

En el caso de Red Eléctrica de España, entre otros aspectos, «ha resultado patente que la subestación de Granadilla no contaba con el equipamiento de protecciones, conforme a su grado de criticidad exigido en el sistema eléctrico canario». Este comportamiento anómalo del sistema de protección «terminó por generar un hueco de tensión cuyos efectos se propagaron desde la subestación de Granadilla hacia el resto de la red». Como consecuencia, «ha quedado acreditado que REE incumplió su obligación de mantener sus instalaciones en las adecuadas condiciones de idoneidad técnica».

El órgano competente para sancionar las infracciones muy graves en materia eléctrica es el Gobierno de Canarias, según establece el artículo 21.2 de la Ley 11/1997, del 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico.

El corte de suministro eléctrico de 2019 afectó a toda la Isla de Tenerife y quedó reflejado como «el mayor apagón de la década». El 30 de septiembre, la compañía Endesa informaba que el fallo registrado el día anterior se había producido «en instalaciones ajenas a nuestra compañía». Había afectado «a toda la generación» que tenía en funcionamiento en ese momento en las centrales de producción de Granadilla de Abona (seis grupos que sumaban 253,3 megavatios situados en el Polígono Industrial) y Las Caletillas, en Candelaria, (un grupo de 20,8 MW).

Tras el apagón, el Gobierno de Canarias procedió a la apertura de un expediente a las dos compañías eléctricas al objeto de dteerminar la existencia o no de responsabilidades y, en su caso, establecer la sanción. El mismo quedó resuelto ayer por el Consejo de Gobierno regional.

Red Eléctrica de España (REE) hizo público ayer un comunicado con varias consideraciones tras el acuerdo del Consejo de Gobierno. Entre ellas que «para poder hacer una evaluación es necesario conocerlo, porque aún no ha sido notificado y cabe recurso». Afirma la empresa que «la actuación del operador del sistema en la gestión del cero eléctrico contribuyó a minimizar su impacto, al actuar conforme a los procedimientos establecidos, con observancia rigurosa de la normativa y habiendo sido por ello eximido de toda responsabilidad en la causa y efectos del cero».

REE asegura estar «comprometida con la mejora de la calidad de la red de transporte de electricidad de Canarias». Ese compromiso «ya se ha materializado en un esfuerzo de 789 millones de euros, tanto en el desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte como en la renovación, mejora y mantenimiento de dicha red desde 2011, fecha en que comenzó a gestionar los activos adquiridos de la red de transporte canaria».

La ejecución de estas actuaciones «ha permitido, por un lado, adecuar la condición de los activos del Archipiélago a los estándares de calidad del resto del territorio nacional y, por el otro, mejorar la calidad de servicio». Apunta que «ha disminuido así muy notablemente el tiempo de interrupción medio (TIM) hasta alcanzar los 5 minutos el pasado 2020, desde una media de 86 minutos en el quinquenio anterior a 2011».

REE reitera su «compromiso con la mejora continua de la infraestructura eléctrica de transporte canaria y, en coordinación con todas las administraciones competentes, continuarla reforzando con nuevas infraestructuras que aumentan la robustez del sistema eléctrico». Concluye señalando que dotará al sistema «de nuevas herramientas que refuerzan la seguridad del suministro y facilitan la integración de energías renovables y modernizando las instalaciones actualmente en servicio».

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