El Servicio Provincial de Costas de Tenerife «quiere demoler de manera forzosa e inmediata diversas viviendas ubicadas en la playa El Callao, en Güímar», zona conocida como Las Bajas. Así se lo comunicó a los afectados afectados el pasado viernes, comunicación en la que concedían un plazo de diez días para desalojar. En este espacio tienen viviendas «más de veinte familias», señala la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas.
Se da la circunstancia de que el pasado 10 de marzo se procedió al cierre parcial de los accesos a este punto del litoral güimarero. El mismo día en que comenzó el desalojo voluntario del lugar, que se prolongó casi dos meses. La causa era la existencia de riesgo inminente de alta peligrosidad ante los fenómenos atmosféricos, así como de riesgo elevado de desprendimiento desde el talud del túnel. Ambas circunstancias suponen una amenaza para la integridad de las viviendas y de las personas de Las Bajas. Así se asegura en el informe técnico encargado por el gobierno municipal y recibido el 15 de febrero pasado.
La obra del talud está paralizada desde el pasado mes de septiembre por exceso de coste
Las Bajas un pequeño poblado formado por una veintena de casas, cuevas y cuevas-casa (algo similar a Bajo la Cuesta, en Candelaria) de las que solo ocho estaban habitadas de forma permanente. Esas ocho familias, que suman en torno a 20 personas (incluidos menores), fueron realojadas por el Ayuntamiento güimarero, administración que, según dijo entonces el hoy primer teniente alcalde y regidor en aquella fecha, Airam Puerta, asumía el coste del alojamiento durante el tiempo que duren los trabajos contemplados para asegurar el estado del talud de los túneles. Ese periodo estaba previsto que fuera de cuatro meses, es decir, hasta el pasado septiembre.
Sin embargo, esa actuación está paralizada desde finales de ese mes de septiembre, cuando resta en torno al 25% de ejecución de la obra. La orden provisional la dio el alcalde, Gustavo Pérez, ante el exceso del coste de la obra, contratada por 342.865 euros y que ya ha emitido certificaciones que se aproximan al millón y medio.
Los afectados siguen realojados, pero el ayuntamiento no ha abonado los últimos meses de alquiler
Costas ha remitido a las familias la comunicación por la que les anuncian la demolición de sus viviendas en el marco del expediente de recuperación posesoria del espacio de dominio público marítimo-terrestre. Los vecinos afectados anuncian la adopción de medidas para evitar el derribo. Además, se están viendo perjudicados por el impago del alquiler de las viviendas en las que fueron realojadas, una situación que genera malestar e incertidumbre.
