La Asociación Inclúyeme, dedicada a repartir alimentos entre las familias necesitadas de la comarca desde el inicio de la pandemia, solicitó al Diputado del Común su implicación para hacer de intermediario con las administraciones municipales a fin de acceder a un local desde el que operar. Rafael Yanes se comprometió a contactar personalmente con ayuntamientos del Sur para buscar una solución ante el posible cierre de la sede de la entidad.
Compromiso que adquirió el diputado del común en las instalaciones al uso, desde donde se dedican a distribuir alimentos entre unas 6.000 personas y atienden a una media de 20 familias a la semana. El local del que disponen pertenece a un vecino que lo cedió en préstamo y que, actualmente, necesita recuperarlo «por motivos personales», por lo que la asociación ve peligrar su existencia si no dispone de un espacio desde el que poder continuar con su labor.
Inclúyeme asegura que, desde marzo de 2020, aparte de su implicación particular, han atendido a más de 3.000 familias derivadas por los Servicios Sociales municipales con los que colaboran, por lo que la paralización de su actividad traería graves consecuencias para los más desfavorecidos.
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona «les ha prometido un local» para el desarrollo de su actividad, pero lo consideran «demasiado pequeño» para el desempeño de su labor. Por ello, solicitaron al Diputado del Común su implicación para hacer de intermediario ante las administraciones municipales sureñas.
