El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que depende de Hacienda, ha desestimado el recurso de las dos uniones temporales de empresas (UTE) que perdieron el concurso para la gestión de los residuos en la Isla de Tenerife, el pasado mes de marzo. Esto da vía libre al desarrollo del acuerdo con la UTE ganadora, formada por Urbaser y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) Medio Ambiente. Se trata del mayor contrato de la historia del Cabildo, que asciende a 397.475.058 euros y que estará vigente durante quince años, prorrogables otros cuatro.
El presidente insular, Pedro Martín, asegura que «el tribunal avala nuestro modelo más sostenible en la gestión de los residuos, que favorece la economía circular y sigue los criterios de la Unión Europea (UE)». Destaca que «por segunda vez, se da la razón al Cabildo y se demuestra que se ha actuado de manera ajustada a las normas y total transparencia en un proceso muy complejo». Reconoce «el rigor y el excelente trabajo de los técnicos y especialistas del servicio insular del área de Desarrollo Sostenible». Ello da vía libre a la puesta en marcha del contrato de la gestión de los residuos.
El Consejo de Gobierno del Cabildo adjudicó el pasado 23 de marzo el contrato para la gestión de los residuos de Tenerife a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por Urbaser y FCC Medio Ambiente. El proceso de licitación comenzó en abril de 2019 y al mismo concurrieron otras dos UTE. Las formadas por Cespa Gestión de Residuos SA y Martínez Cano Canarias SA, y la configurada por Valoriza Servicios Medioambientales SA y Syocsa Inarsa SA.
Los dos grupos de empresas que no resultaron beneficiados por la decisión y optaban a la gestión del servicio público presentaron recursos y ahora la administración los ha desestimado. El presidente del cabildo, Pedro Martín, subraya: «Con estas resoluciones se pone fin al freno de la ejecución de un contrato muy importante para la Isla, que había recibido dos recursos tras su adjudicación. El Tribunal Administrativo ha resuelto desestimar ambos y dar la razón a la mesa de contratación».
Por segunda vez
Martín afirma que, «por fin, podremos trabajar para que la Isla avance hacia un modelo más sostenible en la gestión de los residuos». Añade que «por segunda vez se da la razón al Cabildo y se deja señalados a quienes, de manera maliciosa, quisieron sembrar dudas en torno al procedimiento y la adjudicación». Esta decisión, apuntó el presidente insular, «desbloquea la puesta en marcha de la nueva contratación, la cual renueva una situación administrativa nada favorable para la Corporación insular». La contratación que está vigente había sido prorrogada «desde el año 2015».
Por su parte, el consejero insular de Desarrollo sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina, ha indicado que en este nuevo contrato «se prevén inversiones tanto en el Complejo Ambiental de Tenerife (CAT), ubicado en Arico, como en las plantas de transferencia –El Rosario, La Guancha , La Orotava y Arona– para modernizar las instalaciones, siempre con la finalidad de mejorar los rendimientos y aumentar los porcentajes de recuperación».
El consejero ha recordado algunas de las actuaciones llevadas a cabo en el actual mandato, como la retirada de 8.004 toneladas de neumáticos fuera de uso que se acumulaban en el CAT, con un coste de 2,1 millones de euros. «En el Complejo había abandonadas más de 8.000 toneladas de neumáticos desde el año 2005. Esto suponía un grave daño ambiental y paisajístico que hemos revertido», apostilló.
Trabajos de mejora
Rodríguez Medina se refirió a los trabajos para automatizar la planta de clasificación y selección de envases, por importe de tres millones de euros, para aumentar su capacidad de tratamiento y mejorar la eficiencia en la separación de estos residuos. «Desde el año 2009, Ecoembes estaba advirtiendo al Cabildo de que se debía aumentar la capacidad de tratamiento de envases, porque se experimentan crecimientos interanuales muy grandes en la recogida selectiva del contenedor amarillo y la planta no tenía capacidad». Explica: «Ejecutamos una obra de emergencia, porque la situación era tan límite que Ecoembes valoraba la posibilidad de empezar a enviar envases a Gran Canaria».
Javier Rodríguez también se refirió a la puesta en marcha de la planta de bioestabilizado, abandonada y cerrada desde el año 2018. Tras estos trabajos, tiene capacidad para compostar 96.000 toneladas al año.
