Urgente, extraordinario, rápido y con más enjundia que otras sesiones larguísimas a pesar de la apenas media hora larga que duró. Pero también, tal vez, un pleno insular evitable porque pudo haberse celebrado con el ordinario de octubre. Un resumen rápido: el Cabildo facilitará el acceso a 30 viviendas para mujeres víctimas de violencia de género con una inversión de 250.000 euros. La figura elegida para hacerla efectiva, la subvención nominativa del presupuesto 2021 del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), centró el debate.
La consejera de Acción Social, Marián Franquet, lo valora como «un paso muy importante» para ayudar a reconstruir las vidas de las víctimas. Y necesario ante el retraso que sufren las partidas de los fondos estatales a los que optó el área para la financiación. La socialista Franquet se enfrascó en la polémica dialéctica con Carlos Alonso (CC) y Manuel Fernández (PP) con el y tu más de fondo respecto a quien ha usado y abusado de la subvención nominativa. Un recurso que parece haberse convertido en fin. Franquet defendió la necesidad de estas mujeres y también de sus hijos menores.
También se ha aprobado otra subvención nominativa, en este caso de 20.000 euros, para bonos de transporte destinados a personas migrantes en situación irregular. María José Belda, portavoz de Sí Podemos Canarias, explica la abstención de su grupo en ambos casos porque «tan urgente era el bono en mayo, cuando se aprobó aquí en el pleno de abril, que ahora. Las personas migrantes siguen teniendo la misma necesidad. Y las víctimas de la violencia de género igual ¿Dónde está la urgencia? Porque yo no la veo por ninguna parte». El resto de los grupos votaron a favor, a pesar de las reticencias en sus turnos de palabra, de nacionalistas y populares.
Orgullosa.
El doble sentido de la palabra (en femenino) fue usado indistintamente en el pleno. No le gustó a Marián Franquet –tampoco a María José Belda– que Carlos Alonso emplease el adjetivo con ella e incluso aludió al consejero Arriaga en episodios anteriores. Ambas dejaron caer su crítica sobre el posible machismo en las palabras del portavoz de Coalición Canaria. La cosa no pasó a mayores aunque dio pie a Franquet para culminar su explicación sobre el uso de la subvención nominada con una frase: «Espero haber sido clara y poco orgullosa».
Pacto de Estado.
El proyecto de apoyo a las víctimas está incluido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuenta con una financiación de 250.000 euros e incluirá servicios de acompañamiento social y de intervención integral El Cabildo, a través de la Unidad Orgánica de Violencia de Género (UOVG) del IASS ha aprobado la puesta en marcha de esta iniciativa de inclusión residencial para mujeres víctimas de violencia de género. Mediante este plan, la institución insular facilitará 30 viviendas que permitirán promover la autonomía de al menos 60 personas que se han visto expuestas a este tipo de violencia, tanto mujeres como sus familias. El proyecto incluirá la atención de personal especializado que prestará servicios de acompañamiento social y de intervención integral en sus procesos de empoderamiento y recuperación. Marián Franquet ha destacado durante el pleno la necesidad de que este tipo de medidas «sean, para las mujeres, la puerta de salida a una situación de violencia que las pone en peligro diariamente y que les imposibilita la integración social».
A peor por la pandemia.
Franquet ha explicado que la pandemia ha agravado la situación de la violencia de género, por lo que asegura: «Las viviendas son fundamentales para que mujeres, niños y niñas puedan reorientar y volver a planificar sus vidas». Además, valora que esta medida se incluya en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en España pero que, ante la tardanza en la llegada de los fondos, el Cabildo ha decidido llevarla a cabo de manera directa.
Profesionales.
Los 250.000 euros de dotación van a permitir contar con el trabajo de ocho especialistas que arrancará el 1 de diciembre. Las personas beneficiarias recibirán el asesoramiento y acompañamiento de profesionales en educación social, trabajo social o abogacía, para lograr una integración que les permita continuar con los alquileres de manera autosuficiente. La consejera destaca el papel de la integración social en este proceso, de un año de duración: «No es solo la vivienda, sino el acompañamiento especializado de la red. La pasarela a una vida independiente y socialmente integrada». Asimismo busca favorecer la reparación del daño social experimentado por las víctimas.
