Coalición Canaria-PNC ha abierto el debate sobre el Catálogo de prestaciones y servicios sociales con una jornada de trabajo en el Hotel Escuela Santa Cruz. Intervinieron en el foro los principales colegios profesionales y entidades del tercer sector. Expertos y ONG coinciden en denunciar que el borrador presentado por el Gobierno de Canarias «nos devuelve a la Ley de Servicios Sociales de 1984 y crea un vacío enorme en este ámbito en las Islas».
El secretario general de CC, Fernando Clavijo, hizo un llamamiento «a la responsabilidad» del Ejecutivo canario, al que insta «a parar, escuchar y debatir con el sector si lo que realmente quieren es proteger a quienes peor lo están pasando en esta tierra». El líder de los nacionalistas canarios reconoce no entender «a quienes cierran la puerta al diálogo cuando lo que está en juego es la protección a los más vulnerables».
Asimismo, Clavijo reconoce que sin los Colegios Profesionales y las entidades sociales «la administración no podría dar respuesta ni a un 10% de los servicios que ahora mismo se prestan». Por ello entiende que «lejos de borrarlos del mapa y coartarles la participación en un documento tan importante como el nuevo catálogo, tal y como denuncian, lo que deben tener es un debate sosegado que posibilite unas prestaciones del siglo XXI». Considera Clavijo que eso daría continuidad al trabajo iniciado en la anterior legislatura cuando se aprobó la nueva Ley de Servicios Sociales, «pionera en el Estado y fruto de un amplio trabajo y consenso en el que participaron organizaciones políticas, entidades, colegios profesionales y expertos del Tercer Sector».
La secretaria ejecutiva de Derechos Sociales de CC, Cristina Valido, por su parte, insta al Gobierno canario a «trabajar día y noche si es necesario para sacar adelante el catálogo de prestaciones y servicios sociales». En este sentido, denuncia que «han tenido más de dos años para trabajar con entidades y profesionales del sector, pero han optado por dejarlos a un lado y presentar un borrador que no apoya nadie y pone en peligro el sistema de prestaciones sociales».
Valido advierte que este catálogo «no es un mero trámite, sino que constituye junto a los reglamentos, la columna vertebral de la Ley de Servicios Sociales, aprobada en la anterior legislatura» pero que «no sirve de nada sin un catálogo y un reglamento que responda a esta ley». Al respecto, Valido apunta que el borrador «entre otras cosas deja fuera ámbitos como la Salud Mental».
Carmen Arceo, del Colegio de Trabajadores Sociales señala que «es un catálogo desastroso, incoherente, lleno de errores y falta al principio de participación activa». Reconoce que «tal y como está es inviable porque confunde prestaciones con servicios y, además, incumple con el lenguaje inclusivo». La presidenta de Cermi Canarias, Carmen Laucirica, también rechaza el borrador porque «se olvida de la atención temprana, la atención a la tutela, la conciliación familiar o la inclusión laboral». Además, «de la discapacidad que parece el patito feo». Para la directora de Acufade, Elena Felipe, «las personas que cuidan quedan desprotegidas». Emma Colao, de la Coordinadora de Acción Social de Canarias valora que «es el mismo catálogo de 1984».
Una mesa de debate ha recogido aportaciones, preocupaciones y también conclusiones en el sentido de que «se retire el borrador y se empiece desde cero». Por último, los alcaldes de La Orotava, Francisco Linares, y de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, reconocieron que «ha faltado y falta diálogo por parte del Gobierno de Canarias. No se han sentado con los ayuntamientos para abordar una herramienta estratégica como esta».
