El gobierno del Cabildo de Tenerife condiciona la renovación del llamado Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Arico para las deseconomías generadas al municipio por el vertedero insular. El consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, informó al Pleno ayer de que ese acuerdo estuvo vigente de 2001 a 2004 (aunque se prolongó hasta 2018), pero «se entiende resuelto porque existe un convenio que echa a andar en 2010», por el que el municipio recibe en torno a 730.000 euros al año. Fórmula esta que defiende como la más garantista al estar vinculada al Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos (Pteor).
Rodríguez Medina adelantó que el jueves tendrá lugar un encuentro entre ambas administraciones para abordar esta reclamación del gobierno ariquero, del que espera que aporte «el sustento técnico y normativo» que la justifique. Momento en el que advirtió de que tiene pendiente de justificación la última anualidad (2018) que percibió por el convenio que trata de reeditar y que está vinculada a la construcción de la plaza de la Villa de Arico (inconclusa). El consejero justificó la prolongación del convenio entre 2004 y 2018 argumentando que el Cabildo «no tuvo capacidad económica para responder a las obligaciones que asumió» durante el periodo de crisis y, posteriormente, «el Ayuntamiento no era capaz de ejecutar los fondos». Javier Rodríguez terminó asegurando que «el Complejo Ambiental no se va a cerrar. El alcalde no tiene atribuciones para hacerlo».
Respondió así a la advertencia del alcalde de Arico en ese sentido que recordó el consejero insular del PP Valentín González, quien refrescó al consejero la existencia de un acuerdo plenario institucional del 28 de julio de 2020 para formalizar tal convenio –el PSOE se ampara en un informe contrario del Servicio Administrativo de Residuos para justificar su negativa– y pidió una muestra de la «sensibilidad por el municipalismo» que pregona el gobierno insular. Previamente, la consejera de CC Blanca Pérez –quien puso sobre la mesa el asunto– demandó la búsqueda de fórmulas para ejecutar el acuerdo del Pleno y recomendó al consejero que «abandone los sectarismos».
Pobreza energética.
Entre las mociones aprobadas ayer (todas de carácter institucional) sobresale la referida a la creación de un observatorio para combatir la pobreza energética en la Isla. Además de instar al Gobierno central a ampliar la prohibición de desconectar el servicio a personas vulnerables, a trabajar por abaratar el coste de la energía eléctrica, a mejorar el sistema del bono social y a promocionar su existencia, la iniciativa de Efraín Medina (CC) establece que el observatorio ofrecerá formación e información a la ciudadanía sobre el consumo, el ahorro y la interpretación del recibo, así como charlas virtuales, tutoriales, consultas personalizadas y casos particulares.
Defensa de lo autóctono.
La única propuesta que requirió de negociación prolongada fue la referida a la defensa del arrastre, oficios tradicionales, productivo, deportivo, de colectivos y ganaderos de la raza basta de Tenerife. Al final hubo unanimidad, como a la hora de pedir que se arbitren las medidas para que el perro presa canario pueda viajar en avión.
Sin deuda con las rondallas.
El vicepresidente insular, Enrique Arriaga, aseguró que ni en el Cabildo ni en Ideco consta deuda alguna con las rondallas del Carnaval, que reclaman 57.000 euros por los servicios prestados en 2019 y 2020. Verónica Messeguer (CC) afirmó que no han dejado registrar los documentos que la avalan y que el pago requiere la voluntad política. Arriaga aclaró que el sistema de patrocinio empleado por CC con las rondallas encubría subvenciones directas, como detectó Intervención. Pero «nos sentaremos y buscaremos el encaje legal».
Derrota.
La abstención de Sí Podemos y el voto en contra de CC y PP motivó el rechazo de la reestructuración de las comisiones plenarias, planteada cinco meses después de los cambios de área. El secretario advirtió de que ello «generará un serio problema».
Piscina ilegal.
Sí Podemos planteó recuperar la piscina de los Apartamentos Bahía, en Los Roques (Fasnia), una obra «ilegal» construida sobre una playa pública que será sustituida por un paseo, aclaró el presidente.
El NAP.
Pedro Martín compareció para informar de los avances y el estado de la denuncia presentada por la consejera delegada del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) ante la Fiscalía por la posible comisión de hechos delictivos. Martín defendió, de las críticas veladas emitidas desde Sí Podemos y el PP, la labor de la consejera delegada, Elena Rodríguez, de quien dijo que «ha hecho un magnífico trabajo», y recordó que el asunto está sub iudice, por lo que se limitó a hacer una cronología del proceso.
