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Icod de Los Vinos

La Fiscalía pide prisión e inhabilitación para un exconcejal y una funcionaria

El Ministerio Fiscal cree que el exedil Francisco Rivero y la entonces jefa de Obras cometieron prevaricación y un delito contra el patrimonio por derribar un muro

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Carsten W. Lauritsen

La Fiscalía pide un año y medio de prisión, por un posible delito contra el patrimonio histórico, y 12 años de inhabilitación especial, por otro presunto delito de prevaricación, para el exedil de Obras del Ayuntamiento de Icod de los Vinos Francisco Rivero (CC) y la funcionaria que ejercía como jefa de Obras, Servicios, Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de la Ciudad del Drago en el verano de 2010, cuando se ejecutó el derribo de un muro de la calle San Antonio, dentro del conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La actuación se realizó en contra del criterio de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, «que autorizó exclusivamente la ejecución de obras de consolidación del muro ya existente, condicionándolas a que no se modificaran las alineaciones y rasantes».

La pared eliminada en el verano de 2010 estaba en la calle San Antonio, dentro del conjunto histórico

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogió esta semana el juicio de este caso, ahora visto para sentencia, que tiene su origen en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, en marzo de 2012, por un trabajador del Ayuntamiento de Icod de los Vinos. El escrito de acusación de la Fiscalía señala que la entonces Jefa de Obras, Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Icod, «una vez asegurada la disponibilidad de los terrenos afectados por la actuación prevista, emite informe preceptivo de naturaleza jurídica en el que omite deliberadamente el deber impuesto por la resolución del Área de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife y propone al órgano resolutorio aprobar el gasto presupuestado de 29.000 euros y adjudicar las obras tal y como fueron concebidas originalmente, sin salvaguarda alguna de la integridad del muro de contención original ni de las alineaciones y rasantes tradicionales». Posteriormente, el citado exedil «dictó decreto en el que aprobaba el gasto presupuestado para la obra y su adjudicación, aún a sabiendas de que se incumplían los artículos legales que obligaban a asegurar la integridad del muro original, que era de piedra seca vista».

Tras la demolición del muro y el ensanchamiento y asfaltado de la calle San Antonio, se ejecutó «un nuevo muro de hormigón escalonado de 47 metros de longitud y dos metros de altura, interrumpido por varios vanos con puertas metálicas, sin calidad estética alguna que ha generado una transformación negativa del conjunto histórico en ese lugar y que implicó, además, la variación de la antigua alineación, retirándose 1,5 metros de su configuración original», concluye la Fiscalía.

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