La auditora, economista y asesora fiscal Violeta Yanes aseguró que "no sé si se llevó el dinero, pero el agujero contable era de más de 124.000 euros" en las cuentas del Recinto Ferial de Tenerife, empresa pública dependiente del Cabildo. Esta profesional fue contratada para hacer una valoración de las cuentas de dicha sociedad mercantil y le sorprendió de forma considerable que en una cuenta de Tesorería, la "578", hubiera numerosos pagarés que no se habían cobrado desde hacía 14 o 16 años antes, que sumaban una significativa cantidad de dinero, los ya citados 124.000 euros. Cuando le preguntó por esta situación al ahora acusado de malversación de caudales públicos y falsedad documental, Ignacio Castillo, la respuesta de este no le pareció del todo clara. Según Yanes, contestó que eran pagarés muy viejos, que no sabía, que deberían estar en otra cuenta de contabilidad y que lo iba a mirar.
Así lo planteó en la segunda sesión del juicio con Tribunal de Jurado que se sigue en la Sección VI de la Audiencia Provincial por desfalco en la sociedad pública Recinto Ferial de Tenerife, donde figura como investigado el exjefe de Administración y Contabilidad.
Ante la circunstancia que había detectado, Violeta Yanes acudió al despacho del entonces gerente de la empresa de la corporación insular, Ignacio Pintado Mascareño, y de la persona encargada de Recursos Humanos, donde los informó de que había importes grandes de dinero en pagarés sin cobrar. "Ambos se miraron", expuso la auditora, y le volvieron a pedir que se los explicara. Yanes les señaló que había pagarés pendientes de cobrar desde hacía más de doce años.
Pero a esta encargada de revisar los procedimientos contables también le llamó la atención lo que, según ella, ocurrió después. Presuntamente, indicó Yanes, el ahora acusado trasladó en una anotación contable los pagarés que no había cobrado desde el año 2001 o 2003 al apartado de efectivo de la empresa pública, es decir, el dinero del que se dispone de forma habitual para gastos de urgencia o el cambio en las taquillas. Por ese motivo, ese apartado daba una cantidad global de 128.000 euros.
Pero ante esa realidad, Violeta Yanes decidió realizar un arqueo de caja para saber de forma exacta cuánto dinero en efectivo tenía la empresa en sus instalaciones. Y el resultado fue que había 4.000 euros.
La mencionada auditora, al igual que los dos empleados del departamento de Administración y Contabilidad, Estrella y José, nunca comprendieron por qué Ignacio Castillo decidió llevar a la cuenta "578" los pagarés acumulados desde hacía más de 12 años, ya que, según el Plan General de Contabilidad, la cuenta adecuada para ello era la "431". Yanes también se preocupó, ya que "si llevaba una década sin arreglarlo, ¿cómo lo iba a arreglar en 15 días?", ya que ese era el tiempo que faltaba para que Ignacio Castillo se jubilara. Según Yanes, en los días en que trabajó en la auditoría mencionada, le costaba mucho que Ignacio Castillo le entregara la documentación que solicitaba.
En la sesión de ayer también prestó declaración como testigo Ignacio Domínguez, que en estos momentos es el actual gerente del Recinto Ferial, y que hoy en día también dirige personalmente las áreas de Administración y Contabilidad. En la época en que ocurrieron los hechos enjuiciados, Domínguez ocupó diversos cargos en el Recinto Ferial. Afirmó que Castillo actuaba en su área con "casi autonomía plena", puesto que al exgerente Pintado Mascareño "no le gustaba la asignatura de Contabilidad".
En palabras de Domínguez, cuando llegó el momento de su jubilación, el hoy acusado llegó a pedir al entonces gerente que si podía seguir colaboando desde su casa, mediante conexiones por ordenador en remoto; algo a lo que Pintado Mascareño se opuso. Según el actual gerente, esa situación hubiese supuesto "una anomalía tremenda".
Frente a lo expresado en la primera sesión del juicio por el investigado, el mencionado testigo comentó que Ignacio Castillo firmó un documento en el que renunciaba a parte de la prima de gratificación por jubilación (unos 6.000 euros aproximadamente) para compensar algunas irregularidades contables que el hoy acusado presuntamente había cometido, como "falta de documentos que justificaran" algunas anomalías detectadas.
Tres meses después, de la jubilación del investigado, Ignacio Pintado Mascareño, ya fallecido, presentó la denuncia por desfalco en las cuentas de la entidad insular. El Consejo de Administración de Recinto Ferial destituyó a dicho gerente, supuestamente, por "pérdida de confianza", aclaró ayer el actual titular de ese cargo.
Domínguez afirmó que en los meses siguientes tuvo oportunidad de hablar varias veces con Pintado Mascareño y lo encontró "anímicamente destrozado", puesto que seguía sin tener claro cómo se había llegado a la situación de descuadre en las cuentas. Pero en los últimos años en los que ejerció como gerente, entre 2013 y 2016, Pintado sí empezaba a tener dudas sobre "el manejo de efectivo". Y es que por aquella época surgió el desfalco que afectó a otra sociedad insular, Sinpromi.
De forma concreta, Ignacio Pintado tenía inquietud sobre los protocolos de control de las cantidades en efectivo que se ingresaban eran suficientes y si había alguna manera de reducir esos movimientos de billetes y monedas.
En opinión de Domínguez, el exgerente ya fallecido nunca le comunicó que hubiera pagarés antiguos y que el montante de esos impagos pusiera en riesgo de disolución a la empresa pública Recinto Ferial de Tenerife. Para el actual gerente, lo lógico en estos casos consiste en que, en el año en que se vence el pagaré, dicho documento se pase a pérdidas. Y, de esa manera, no hay riesgo de acumular una deuda excesiva. A Domínguez también le pareció "un auténtico disparate" acumular todos los citados pagarés en la cuenta "578".
