El próximo lunes comienza el juicio con Tribunal de Jurado contra el exjefe de Administración y Contabilidad del Recinto Ferial de Tenerife, Ignacio Castillo Melo, como presunto autor de un delito continuado de falsificación documental y otro de malversación de caudales públicos. El motivo es que pesuntamente se apropió de más de 145.000 euros de los recursos públicos de la entidad. El Ministerio Público solicita para dicho exempleado de la empresa pública dependiente del Cabildo de Tenerife una pena de ocho años de prisión, veinte años de inhabilitación para ejercer cargo o empleo público y que devuelva unos 139.000 euros, después de que, en el momento de su jubilación, el acusado renunciara a un 25% del premio que se merecía: poco más de 6.000 euros.
Según la Fiscalía, Castillo se apropió en varios momentos de 11.222 euros correspondientes a embargos de un Juzgado de Primera Instancia que debía ingresar en la cuenta de su exesposa; 124.508 euros ocultos en una cuenta contable; 9.219 en vales de caja a nombre del acusado y 354 euros para pagar impuestos personales. Sus funciones eran dirigir, coordinar, supervisar, controlar y ejecutar las labores de contabilización de apuntes, así como la presentación de las cuentas de la sociedad pública, los informes y las auditorías. Además, otro trabajo consistía en recibir y contabilizar el dinero en efectivo que ingresaba la entidad. La inmensa mayoría de estos fondos procedía de las entradas abonadas en taquilla por el público que accedía al recinto ferial. Pero no había nadie que controlara al ahora investigado. El puesto de jefe del Servicio de Administración y Contabilidad fue ocupado por el acusado durante casi 11 años, entre septiembre del 2005 y junio del 2016.
El Ministerio Público contempla que el acusado debía descontarse de su nómina mensual 510,35 euros hasta llegar a la cantidad de 16.303,20 euros, por mandato judicial y dicha cantidad debía ingresarla en una cuenta de su exesposa. Ese era el procedimiento que se seguía con el resto de empleados de esa sociedad pública del Cabildo sobre los que recayeran embargos. Pero, según el fiscal, el exjefe de Administración efectuó 15 ingresos de 510,35 euros directamente de la cuenta de Recinto Ferial a la de exesposa, por un montante de 7.655 euros.
De esa cantidad, el acusado devolvió de su propia cuenta a la del Recinto Ferial 4.593 euros, gracias a nueve ingresos. Para ocultar los más de 3.000 euros que seguía debiendo a la empresa pública insular, el implicado, de forma «mendaz», según la Fiscalía, realizó un asiento contable por la mencionada cifra de ingreso, pero mediante un cheque cuyo vencimiento estaba fijado para el 30 de abril del año siguiente. Ese cheque nunca existió ni la sociedad del Cabildo recuperó 3.062 euros.
En otro momento, el mismo Juzgado envió un escrito en el que notificaba a la empresa Recinto Ferial un procedimiento de ejecución de sentencia contra Ignacio Castillo para que le descontara cada mes 510 euros hasta llegar a cubrir una deuda de 9.000 euros. Y, al igual que en el caso anterior, dicha cantidad debía destinarse a la cuenta de su exesposa. Sin embargo, el investigado realizó 16 ingresos de 510 euros directamente de la cuenta de la sociedad insular a la de su expareja por 8.160 euros. Y, para cubrir su deuda con la entidad pública, presuntamente registró dos asientos ficticios en la contabilidad de Recinto Ferial, uno por 6.120 y otro por 2.040 euros, con los que simuló que había devuelto las cantidades que desvió a la cuenta de su exesposa.
Entre el 22 de septiembre del 2005 y el 17 de junio del 2016, el acusado presuntamente se apoderó de otros 124.508 euros. Para que no se notara, presuntamente ocultó las diferentes cantidades en una cuenta contable que simulaba ser de Tesorería, pero que no se recoge en ninguna norma de contabilidad. Así, 118.420 euros los anotó como pagarés pendientes de cobro y 6.088 como «15 vales no justificados», que, en realidad, no existían. Sobre los 9.219 euros, el acusado se apoderó del dinero para uso personal y dejó anotación de ello a través de 73 vales que hacían referencia a la salida de dinero, pero que nunca justificó ni reingresó en la cuenta de la empresa insular.
Otra vez encargó a un subordinado que pagara en el Ayuntamiento de Santa Cruz impuestos personales con dinero público. Destinó 354 euros para pagar los impuestos de tracción mecánica de un quad y un coche y el IBI , así del domicilio y el garaje del acusado, según el Ministerio Público.
