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ARONA | Juicio entre el alcalde y el Partido Socialista

La Fiscalía pide a la jueza que restituya a José Julián Mena en el PSOE

Alega que hubo indefensión en su expulsión y que el partido excede la ley al pedirle su acta

José Julián Mena (de espaldas) en la sala del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona, ayer. Carsten W. Lauritsen

La Fiscalía pide la revocación de la expulsión de José Julián Mena del PSOE por causarle indefensión en el procedimiento de las notificaciones, no concretar los motivos y cuestionar el ejercicio de un derecho del alcalde (cesar a un concejal) e incurrir en un acto ilícito (solicitar, imponer u obligar a que entregue el acta de concejal). En sus conclusiones, Joaquín García Rodríguez, fiscal decano del Partido Judicial de Arona, sostuvo que «todo lo que no está en el expediente no existe». Con esa premisa, rechazó –por no reflejadas, ni diligenciadas ni acreditadas en el sumario– las acusaciones que formuló el Partido Socialista contra el regidor aronero de falta de iniciativa, indisciplina, incumplimiento del programa político e intromisión de personas ajenas al Consistorio en la gestión del gobierno municipal. Asimismo, advirtió de que no foliar el expediente «genera inseguridad sobre la resolución que se adopte».

«¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hecho se me imputa? Quiero saber qué hago aquí cuando no hay razón ni fundamento para estar fuera del PSOE. No he cometido nada, solo ejercer la defensa del interés general en mi condición de alcalde», respondió Mena a la última pregunta válida formulada por la abogada del Partido Socialista, María Ángeles Padilla, en el juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arona.

La causa tiene su origen en la denuncia formulada por el alcalde de Arona contra la conclusión del expediente disciplinario abierto por la dirección nacional del partido (Comisión Ejecutiva Federal), que derivó con su expulsión el 13 de noviembre de 2020, ratificada el 28 de diciembre por la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE. El 4 de marzo pasado, la jueza Nidia Méndez Martín emitió un auto en el que aceptaba las medidas cautelares solicitadas por Mena contra dicha expulsión.

La abogada del PSOE incidió en que el regidor recibió las notificaciones establecidas, a través del correo electrónico que facilitó cuando se afilió (hace unos 20 años) en el procedimiento de expulsión y que no hizo uso de todos los trámites y recursos a los que tiene derecho todo afiliado al partido ante el Comité de Ética y Garantías. Estableció que el correo electrónico en el que se comunicaba la expulsión lo recibió el 7 de octubre y que el alcalde dispuso de cinco días de plazo para responder. Mena admitió conocer ese mensaje, pero el 14 de octubre y en una dirección electrónica que utiliza de forma esporádica. Hasta entonces, las comunicaciones del expediente de expulsión las recibió por burofax, declaró en la sala. «Ejercité todas las acciones que pude en el tiempo que pude ante el cambio de método de notificación del que el partido no me advirtió», dijo de forma reiterada.

La letrada acusó al alcalde de obstrucción, indisciplina, menoscabo de los cargos públicos socialistas, actuar contra los órganos del partido, mantener una actitud «negligente y pasiva» ante el expediente sancionador y exponer una «negativa reiterada a cumplir las órdenes del PSOE».

Sin las causas

Ignacio Granjel, abogado de José Julián Mena, reiteró la existencia de defectos formales al comunicar la expulsión causando «grave indefensión» al alcalde, dijo que el PSOE no determina en el expediente las causas de la expulsión, pero sí habla de indisciplina, cuando de lo declarado por dos concejales citados por la representación del PSOE se deduce la existencia de desacuerdos. Los dos ediles reconocieron ante la jueza haber trabajado con libertad mientras tuvieron responsabilidad en la gestión.

Consideró relevante que el Comité de Ética y Garantías del PSOE «desmonte las acusaciones» contra Mena al concluir que no se puede sancionar a un militante por la actuación de otras personas y que pedir la entrega del acta de concejal es inconstitucional. Sin embargo, el mismo órgano del PSOE incurre en «incongruencia y arbitrariedad» cuando determina sancionar a Mena por ello con su expulsión.

Para la representación legal del denunciante, queda claro que la destitución de Luis García como concejal de Urbanismo por parte de Mena es una causa de su expulsión del PSOE. Tal cese, explicó el abogado, se produjo por «sospechas de que pudieran existir una serie de irregularidades urbanísticas», las cuales «parece que no eran gratuitas». Granjel citó documentación del expediente para señalar que «existen una serie de actuaciones por la Fiscalía y por el Gobierno de Canarias sobre el inicio de investigaciones» al respecto. No continuó esta línea argumental señalando que «lo dejamos para la parte penal».

Además, llamó la atención sobre el hecho de que en el expediente no se incluyen la mayoría de los argumentos expuestos por el PSOE y sus testigos en el juicio celebrado ayer, entre ellos la acusación de que Mena no celebraba reuniones del grupo municipal, la existencia de grabaciones que implicaban al área de Urbanismo en prácticas inadecuadas y la injerencia del personal de confianza del alcalde y de personas externas a la Corporación.

«Se intenta materializar un fraude de ley» que consiste en «promover una moción de censura en el momento en que Mena deje de formar parte del grupo municipal». Ignacio Granjel insistió en sus conclusiones en que «lo que se está pretendiendo como última finalidad es esto».

Los testigos, contra el alcalde

Los cuatro testigos hablaron de las reuniones celebradas desde marzo de 2020 sin que se levantaran actas. El secretario de Organización del PSC-PSOE, Jorge González, se enteró de la ruptura del grupo municipal por los medios de comunicación y dijo ser quien comunicó al alcalde su expulsión por teléfono. Josefa Mesa, secretaria insular de Organización, explicó el proceso de reuniones de mediación y acusó a Mena de no ejecutar los acuerdos que alcanzaban, deteriorar la imagen del PSOE y causar la ingobernabilidad del Ayuntamiento de Arona. Dácil León, concejal de Promoción Económica y Empleo hasta enero pasado, dijo haber «escuchado comentarios en la calle de que se estaba pidiendo dinero por sacar expedientes», habló de grabaciones aportadas por Luis García, de «una especie de trama», de que se les prohibía a los concejales celebrar reuniones y de injerencias del asesor del alcalde y de «personas ajenas» al gobierno municipal. Sebastián Roque, exedil de Deportes, atribuyó a Mena falta de confianza, liderazgo, transparencia y gestión así como de no cesar a su asesor y «no alejarse de compañías externas», citando como tal a Felipe Campos.

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