El Pleno del Cabildo solicita a AENA y al Gobierno de España la inclusión de la nueva terminal del Aeropuerto Tenerife Sur en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) II «como inversión La Corporación pide que incremente el presupuesto para redactar el proyecto y una primera anualidad del coste de la obra, que debe licitar y comenzar antes de 2026, último año del citado plan de inversión quinquenal. Ese edificio debe atender a los requerimientos expresados por la Administración insular –a través de los documentos técnicos desarrollados hasta ahora– en capacidad, calidad y funcionalidad. Además, requiere el apoyo de las instituciones y colectivos de la Isla a estas demandas.
Este acuerdo se basa en una propuesta de Coalición Canaria (CC) –solicitante de la convocatoria del pleno– enmendada por PSOE, Ciudadanos y Partido Popular. El mismo llega a ocho días de que el Consejo de Ministros apruebe –el martes, 28– el DORA II, en el que no se contempla financiación para ejecutar la nueva terminal y se reflejan solo 3,5 millones para redactar su proyecto. Algo que seguirá así de confirmarse la negativa a ello que expresó en el Congreso la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la diputada del PP por Tenerife, Ana Zurita. Lo aseguró ante el Pleno Manuel Fernández, consejero insular del Partido Popular, ayer.
Esas palabras contradicen el optimismo expresado por el portavoz de CC, Carlos Alonso, quien dijo estar «esperanzado» y convencido de que «se va a lograr». Ello, a pesar de que «AENA no entiende Tenerife desde hace tiempo ni va al paso de lo que la Isla necesita». El consejero nacionalista enfatiza que «es el momento de la política», porque la decisión sobre el contenido del Documento de Regulación Aeroportuaria le corresponde ahora al Gobierno de España, con el apoyo del Gobierno de Canarias.
Sin embargo, en el PP se preguntan dónde está el Ejecutivo regional, que no plantea esta demanda ni exige la convocatoria del Comité de Coordinación Aeroportuaria, contemplado en el Estatuto de Autonomía. El objetivo del Pleno se conseguirá con «solo un milagro político», defiende Manuel Fernández. «Tenemos que tener las ideas claras, primero, para pedir, después», dice tras introducir en el debate la construcción de la segunda pista en Tenerife Sur al recordar la petición que en tal sentido realizó el presidente del Cabildo, en febrero del año pasado, ante el mismo foro. «No enredemos. Ahora el objetivo está donde tenemos que ponerlo», responde Pedro Martín.
El recurso de ser uno de los aeropuertos más rentables de la red en España también se utilizó para justificar esa obra que Enrique Arriaga, vicepresidente de la Corporación insular, defiende como necesaria y como parte de la previsión y planificación del desarrollo de la actividad turística hasta 2030, año en el que espera que entre en servicio el edificio. A su juicio, la obra debe empezar en 2025.
«Ese no es el modelo de turismo que queremos» y la Isla «no lo va a sostener», responde la portavoz de Sí Podemos, María José Belda, única voz discrepante con el acuerdo plenario. Justifica el rechazo a esta obra con el argumento de que contraviene la Declaración de Emergencia Climática aprobada por el Cabildo al inicio del mandato –llegó a calificarlo de forma reiterada como «papel mojado»– y no se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Reprocha al resto del Pleno que «trabajan para los intereses económicos» y asegura que la terminal existente «nunca» ha alcanzado su nivel máximo de capacidad. Como alternativa, propone que la inversión en el Reina Sofía se destine a guarderías, parques infantiles, un área de consignas para maletas, en «sillones cómodos» para los usuarios y en «repartir beneficios con el Aeropuerto Los Rodeos».
Una propuesta de futuro
El presidente del Cabildo, Pedro Martín, sostiene que «el Aeropuerto Tenerife Sur necesita una nueva terminal y un proyecto de remodelación integral». En ese mensaje, que sostiene en el tiempo, incluye que se trata de plantear «una solución de conjunto, no a trozos», para alejarse del «resultado de la improvisación» que ha habido con la inversión realizada hasta ahora, dice. Su máxima expresión es la segunda terminal, sin uso desde que concluyó su construcción, en 2008, aclara. Niega que el acuerdo del Pleno insular sea incompatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y defiende que lo aprobado «es una propuesta de futuro». A su juicio, en el Documento de Regulación Aeroportuaria «Tenerife Sur tiene que tener su inversión, se haga o no en El Prat», el aeropuerto de Barcelona. Martín Domínguez garantiza que la construcción de la nueva terminal «es lo que quiere el Sur».
Carlos Alonso (CC) lamenta que el acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo no sea por unanimidad (Sí Podemos vota en contra) y vincula la necesidad de la nueva terminal al turismo. «Tenerife tiene futuro y es un destino de calidad», señala para defender que la obra que demanda la Corporación insular a AENA y al Gobierno central es necesaria para ello. «Este tipo de acuerdos ayuda a cambiarlo», apunta antes de solicitar que se mantenga el frente social y económico, a cuyos integrantes pide que «refuercen sus pronunciamientos» para que el Gobierno canario se lo traslade al Ejecutivo central. Línea en la que coincide Enrique Arriaga (Cs), quien espera «la voz unánime ante Madrid».
La demanda
El acuerdo adoptado por el Pleno ayer contempla ampliar el espacio para pasajeros en los servicios referidos a espera, comerciales y de embarque; a modo de la T4 de Madrid Barajas, integrar un nuevo edificio, central a los existentes –incluyendo el de enlace, en construcción–, para facturación, comerciales de las compañías, control de equipaje y seguridad; rehabilitar de forma integral los edificios construyendo la nueva terminal con elevado nivel de calidad arquitectónica y diseño funcional e incluir un edificio destinado a la recepción separada de pasajeros de aviación privada o jets.
Martín habla de la conexión marítima
El presidente del Cabildo, Pedro Martín, compareció ayer ante el Pleno, a petición propia y en sesión extraordinaria, para informar del acuerdo con la Consejería regional de Obras Públicas para elaborar un estudio que determine la mejor opción al transporte marítimo entre las Islas Occidentales. Aclaró que la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de Fonsalía abre otro escenario y explicó que «ninguna propuesta parte con ventaja». En la sesión, cargada de reproches –sobre todo por parte de la portavoz del PSOE, María Ana Franquet–, hacia el cambio de criterio de CC y su portavoz, Carlos Alonso, se habló de que «empezamos de cero» 30 años después de plantearse el proyecto de Fonsalía (Arriaga, de Cs), de las sospechas de una operación especulativa (Belda, de Sí Podemos) y de que es necesario actuar ya en Los Cristianos (Alonso, de CC). Zaida González (PP) se centró en criticar el rol del presidente en este asunto.
