La amenaza de la contaminación marina de origen «desconocido»

Las autoridades encargadas del control de la contaminación marina en Tenerife han llegado a hacer hasta una autopsia a una morena que apareció muerta en una playa de Anaga para determinar la procedencia y dimensión de los vertidos contaminantes que mantienen en jaque a las costas de Tenerife desde el pasado lunes 30 de agosto. Pero ni la autopsia al pescado, ni las salidas del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, ni las revisiones de las imágenes captadas por satélites europeos por parte de Control Marítimo (dependiente del Estado), ni las salidas de las embarcaciones de los ejecutivos central y canario han detectado manchas en el mar salvo algunas bolas de piche mezcladas con otros residuos aparecidas el día 31 frente a la costa de Radazul y el día 5 frente a la de Granadilla.

Es la razón por la que el Gobierno de Canarias no ha activado el operativo de emergencia por contaminación contemplado en el Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias. «A pesar de mantener una vigilancia exhaustiva por tierra, mar y aire, no se ha detectado ninguna mancha importante de hidrocarburos. Y las que han aparecido en el mar y en la orilla son pequeñas y dispersas», aseguró este miércoles Montserrat Román, experta en Protección Civil de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario. Román detalla que para activar el dispositivo es necesario «un punto que atacar». «Es un problema que nos preocupa mucho y por eso se mantiene la vigilancia permanente desde el primer momento», detalló, para admitir: «Compartimos la frustración de los ayuntamientos por no conocer la procedencia de estos vertidos pero no hemos divisado ninguna mancha a la que poder acudir para actuar con los medios disponibles».

La presión sobre las administraciones regional y estatal, principales responsables del control de la contaminación en el mar, se mantiene sin embargo ante las importantes consecuencias que ha tenido la aparición de las pequeñas bolas negras de sustancias viscosas derivadas del crudo o de las aguas fecales. Cuatro ayuntamientos de Tenerife –Santa Cruz, Candelaria, Güímar y Arafo– han tenido que adoptar diferentes medidas de restricción para el baño en un total de 16 playas desde que el pasado día 30 aparecieron los primeros restos de piche en Roque de las Bodegas, en la cara norte de Anaga. Coincidieron con las restricciones en otras tres playas de Granadilla de Abona por otro tipo de vertido, el más habitual en las costas isleñas: las aguas residuales procedentes de las áreas urbanas.

Ayuntamientos afectados, partidos políticos y organizaciones sociales siguen echando en falta más acción e información por parte de los gobiernos regional y estatal. Lo reivindica por ejemplo Jaime Coello, director de la Fundación Canaria Telesforo Bravo-Juan Coello, una asociación muy involucrada en el cuidado del medioambiente. «Solo pedimos transparencia, explicaciones claras de las autoridades competentes. La ciudadanía quiere saber por qué se están cerrando playas y cómo actuar. Y no hemos visto a ningún responsable dar aclaraciones, ni ningún comunicado oficial, ni ninguna rueda de prensa. Y si es imposible detectar estos incidentes, que lo digan claramente», demanda Coello.

El Cabildo tinerfeño y Coalición Canaria exigieron ayer medidas y explicaciones después de la indignación mostrada en anteriores días por alcaldes de los municipios afectados, partidos y colectivos. La consejera de Medio Natural y Seguridad del Cabildo, Isabel García, pidió al Gobierno del Estado y al de Canarias «una actuación» sobre los vertidos de piche y aguas fecales aparecidos en diferentes puntos de la costa de la Isla. «Es preocupante», dejó claro la consejera, que ve «imprescindible prevenir la contaminación». En un comunicado, García informa de que ha mantenido comunicación personal con ambas administraciones y ha enviado oficios a la Dirección de Lucha contra el Cambio Climático y la Dirección de Seguridad y Emergencias, del Ejecutivo canario; a la Dirección de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes; y a Salvamento y Seguridad Marítima, como la anterior del Estado. Solicita que «se concreten qué medidas se pueden tomar para resolver estos sucesos».

La consejera, que también ha contactado con representantes del Congreso para que el asunto llegue a la Cámara Baja, indica además que «el Cabildo de Tenerife considera imprescindible prevenir la contaminación en las costas de la Islas y realizar un seguimiento permanente de las fuentes de riesgo». Por ello, solicita al Gobierno de Canarias «un informe exhaustivo sobre las fuentes que desde tierra pueden haber ocasionado los episodios contaminantes», así como «la identificación de las entidades o personas responsables de esos vertidos, medidas correctoras previstas y exigencia de responsabilidades por los daños ocasionados por la contaminación marina de vertidos tierra-mar, legales o ilegales». Del mismo modo, el Cabildo exige al Estado un informe sobre los riesgos y episodios detectados de contaminación marina, las hipótesis probables del origen de esos vertidos, otro sobre cómo se ha exigido responsabilidad o qué controles se establecen para evitar los contaminantes en el mar, así como las previsiones de colocación de sistemas de control de vertidos desde barcos que atraviesan las Islas y «fórmulas para hacer prevalecer el principio de quien contamina, paga».

La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, registró ayer, por otro lado, una Proposición No de Ley con la que persigue el consenso de la Cámara para «reclamar al Gobierno que active el Plan de Contaminación Marina Accidental (Pecmar) ante la presencia de hidrocarburos en las costas canarias, especialmente en las del suroeste de Tenerife». Asimismo ha presentado una batería de preguntas sobre las acciones concretas que ha llevado a cabo el Gobierno de Canarias para la limpieza de las zonas de baño afectadas, que han tenido que ser cerradas, y para realizar vuelos de reconocimiento y vigilancia que pudieran detectar la procedencia de los vertidos. Asimismo, la diputada quiere saber «qué servicios se han prestado con los barcos que se adquirieron para la detección de microalgas».

Con la activación del Plan de Contaminación Marina «se hubieran integrado las acciones de los helicópteros del Gobierno de Canarias, del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), para realizar vuelos de vigilancia y reconocimiento a fin de detectar la procedencia de los vertidos; y los barcos de que dispone la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, para la vigilancia y seguimiento medioambiental de las aguas del Archipiélago a fin limpiar las zonas afectadas». «Hubiera funcionado como un potente instrumento de respuesta a una posible emergencia por contaminación marina accidental en las costas del archipiélago», señaló Beato.

Montserrat Román asegura que sí se utilizaron esos medios. La integrante de Seguridad y Emergencias de Canarias detalla que el helicóptero del GES con base en La Guancha hizo vuelos de inspección desde el primer día de esta crisis del piche, que también se utilizó al menos el día 5 una de las dos embarcaciones de la Consejería de Transición Ecológica –Mar Canario, con base en Tenerife; el otro barco está en Gran Canaria y se llama La Graciosa–. «La tripulación del Mar Canario recogió, de hecho, restos de piche frente a Granadilla», especifica Román. Añade que «se adoptaron todos los protocolos y se movilizaron todos los medios de vigilancia» con los que dispone el Ejecutivo regional, así como hay «una coordinación permanente con los ayuntamientos y medios estatales». «De hecho, se envió una notificación a los consistorios en la que se aconseja el cierre de las playas al baño desde que aparezcan restos de hidrocarburos como medida de prevención».

19 playas de Tenerife han sufrido algún tipo de restricción desde el 30 de agosto por vertidos

El Gobierno de Canarias está pendiente de recibir los resultados de las analíticas que se han hecho a los restos de piche recogidos en el mar y la arena de las playas tinerfeñas, con sus propios medios o a través de los de los ayuntamientos. También está pendiente del resultado de la autopsia que se hizo en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla, de La Laguna, a la morena aparecida muerta en una playa de Anaga. Y además está pendiente de los informes de Control Marítimo. «Hasta el momento no ha aparecido ningún punto –ni de origen ni de desarrollo– de las manchas en el que podamos actuar», matiza Román.

La coincidencia en estas dos últimas semanas de diversos episodios relacionados con la contaminación marina han disparado la preocupación en Tenerife. Se han sumado en el mismo periodo las pequeñas manchas de piche, el vertido de aguas fecales y la aparición de peces muertos en zonas como los charcos de Los Silos. No solo preocupa por la incidencia sobre el medioambiente, sino también por la mala imagen que transmiten las fotografías de los peces muertos o de las vallas que advierten del cierre de playas en pleno periodo estival. No es nada nuevo. En Canarias se producen cada año 400 vertidos de aguas residuales –el 70% sin autorización– y 60 de piche.

El problema con el piche es localizar al barco que lo ha tirado al mar. El Gobierno de Canarias sospecha que en este nuevo episodio están detrás los de siempre: capitanes o armadores que limpian las bodegas de aceites y otros restos de hidrocarburos en las aguas internacionales entre las Islas, ahorrándose el gasto de hacerlo en puerto, como exige el convenio internacional Marpol para prevenir la contaminación provocada por los barcos. La inmensa mayoría escapa al control. Solo hay un caso en el que se localizó al infractor en los últimos años: el pasado 14 de mayo, la Marina Mercante ordenó al capitán del petrolero Aldán, de bandera liberiana, la entrada a puerto cuando navegaba al sur del Cabo de Gata (Almería) al ser pillado in fraganti por el satélite de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) y el avión de Salvamento Marítimo realizando una descarga ilegal de hidrocarburo a 147 millas al noroeste de La Palma, dentro de Zona Económica Exclusiva de España.

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