La temporada no había terminado con el pleno de julio, aunque este añadido sobraba. La estricta ley del calendario ha dejado para un 5 de agosto algo tan serio como analizar el impacto de la Covid-19 y llegar a posibles acuerdos de consenso para frenar la crisis en la Isla. Se habló de casi todo, menos de esto.
El Pleno Extraordinario del Cabildo para analizar la crisis social y económica a consecuencia de la Covid-19 se salda con el rechazo a todas las iniciativas propuestas. El grupo impulsor, CC -PNC, ha hecho a última hora una enmienda a la totalidad pero ni este documento ni el original recibieron más apoyo que el del PP. La sesión se ha desarrollado durante aproximadamente una hora en medio de un debate estéril marcado por el Y tú más. Con referencias constantes a los 30 años de gobierno de CC o a los dos de mandato del equipo de gobierno actual. Incluso con capacidad adivinatoria en el sentido de que los nacionalistas volverán al poder insular.
Un ciudadano que asistiera como espectador al salón de plenos se hubiera ido como mínimo perplejo y casi indignado. En el mes de vacaciones por antonomasia y con unos datos epidemiológicos demoledores por negativos se hace complicado aguantar la serie de reproches lanzados desde un lado y otro de las respectivas bancadas, aunque aquí se trate de sillas
De entrada, primer reproche. La sesión debía haberse celebrado a principios de julio, cuando se convocó, porque cuatro semanas después los contagios han ido a peor. Se ha dejado avanzar el calendario hasta donde marca la ley. Tufillo a trámite. Para los convocantes, el panorama es casi apocalíptico. CC-PNC achaca el mayor impacto de la Covid-19 en Tenerife a «la inacción del PSOE y Cs (gobierno en minoría) y Sí Podemos Canarias (socio desde fuera)».
La veintena de medidas de los nacionalistas «para controlar la pandemia e impulsar la economía» fueron rechazadas. La discusión sobre ellas apenas existió.
Para encontrar algo trascendente, al margen de los reproches en esta reedición del Debate sobre el estado de la Isla, hubo que esperar a la intervención reglada –tres minutos– del presidente, Pedro Martín. Rechaza con argumentos jurídicos y de efectividad establecer controles de tráfico y llevar a cabo cribados aleatorios. Lo explica: «Podríamos tener problemas al no contar con cobertura legal y exponernos a denuncias y los cribados aleatorios no tienen valor porque lo eficaz sería localizar a aquellos asintomáticos que pueden contagiar». Considera que un factor clave «es la falta de colaboración con los rastreadores que ha bajado en Tenerife a un 36/37%». Aunque, revela, «hay una tendencia hacia la igualdad en Gran Canaria».
Carlos Alonso, por su parte, detalla: «Tenerife ha subido en más de ocho puntos la tasa de paro desde 2019, mientras Gran Canaria ha crecido un punto y medio. Algo se está haciendo distinto y peor aquí». Recuerda la baja ejecución presupuestaria.
Intenciones
Enrique Arriaga debate con Alonso sobre la buena intención de la propuesta en la que «no creo». Añade: «Le tenderé la mano cuando traiga las que no tengan como fondo el beneficio partidista y desgastar al equipo de gobierno». Alonso también se la tiende, pero ambos de aquella manera.
El otro factor desde la óptica del ejecutivo son las escasísimas competencias que tiene la administración insular, aunque haya «coordinación con las otras» aseguran. Eso, unido a los reveses judiciales para poder tomar medidas como el toque de queda y a que la mayoría de las propuestas ya están en marcha o lo estarán próximamente lleva a la conclusión prevista: todo rechazado.
Los actores cumplen su rol. Martín intenta mantener un papel institucional. Mientras, Alonso (CC-PNC), en formato telemático, encaja las críticas sobre el pasado. Arriaga (Cs), por su parte, muestra un perfil muy político, aunque se faja con Belda (Sí Podemos Canarias) cuando le acusa de «criminalizar a los jóvenes». Lo niega.
Belda insiste en ese pasado de CC y en su objetivo de cambiar la forma de gobernar. Mantiene su relato habitual al plantear falta de respeto de consejeras de la oposición que hablan mientras interviene. Marián Franquet (PSOE) casi defiende más lo hecho por los gobiernos estatal y autonómico que la propia labor del Cabildo. Y Zaida González (PP) critica con base «porque trabajamos con datos y la realidad es tozuda».
No había terminado el curso en julio, aunque lo pareciera. Faltaba este examen de seminario en pleno verano. Ya superado, ahora sí se puede decir hasta septiembre.
