El complejo turístico Punta de Abona «no reporta ningún beneficio al medio ambiente, por muchas medidas compensatorias que se propongan» y, además, «desencadenaría daños irreparables y supondrían una verdadera pérdida para un espacio tan emblemático y lleno de diversidad para Tenerife, en particular, y Canarias, en general». Lo asegura el consejero regional de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Política Territorial, José Antonio Valbuena, al justificar el rechazo del Gobierno canario a la suspensión parcial del planeamiento de Arico para albergar el proyecto Punta de Abona.

Valbuena Alonso incide en que cuatro hoteles con 2.985 camas tendría «unas afecciones muy importantes sobre el medio ambiente en un entorno privilegiado de Tenerife», un paraje que tiene valores «como pocos puntos en la Isla», teniendo en cuenta «que alberga más de 30 especies incluidas en el listado de silvestres españolas que necesitan algún tipo de protección». Valores a los que el consejero del Ejecutivo canario suma la presencia de «hábitats comunitarios», citando de forma expresa «un sistema dunar litoral que es el único que existe en Tenerife», así como el hecho de que este 1.700.000 metros cuadrados de superficie de propiedad privada «también es una zona de descanso de aves migratorias, que usan Canarias como interconexión entre África y Europa».

Todo ello «hace necesario replantearse este tipo de proyectos» porque las consecuencias de su realización conllevaría consecuencias irremediables «en un espacio tan emblemático y tan llevo de diversidad, desde el punto de vista de los distintos ecosistemas como Punta de Abona.

Las cifras generales

Punta de Abona es un proyecto turístico en cuya ejecución está contemplada una inversión particular superior a 300 millones de euros. Ocuparía 1,7 millones de metros cuadrados entre Punta de Abona y Abades (Arico) e introduciría a Arico en la principal actividad económica de Canarias, con casi 3.000 camas turísticas distribuidas en cuatro hoteles de cinco estrellas. Generarían 1.550 empleos directos (más cientos indirectos), de los que entre el 50% y el 70% ocuparía el mercado local. Un paseo litoral abarcaría 400.000 metros cuadrados, mientras que el espacio de regeneración ambiental se cifra en 560.000 metros cuadrados. Para plazas y parques públicos reservan 50.000. El proyecto incluye un centro comercial y aplaza, hasta la elaboración del estudio de detalle, la decisión sobre el uso de la zona en la que se encuentran las edificaciones inacabadas (datan de mediados del siglo pasado) proyectadas como leprosería. Este entorno, además, formó parte del cantón militar utilizado por el Ministerio de Defensa para realizar prácticas. De hecho, el Gobierno central vendió ese suelo al empresario italiano Alberto Giacomini, impulsor de este proyecto.

El vaivén del Gobierno canario

En 2016, el Ejecutivo regional procede a declarar de interés estratégico el proyecto turístico Punta de Abona. Como consecuencia de ello, dos años después (2018) el Cabildo de Tenerife promueve la suspensión de las normas subsidiarias de Arico en Abona para facilitar su construcción. Pero el 29 de julio pasado, el Gobierno de Canarias dio luz verde a la propuesta de su Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático de rechazar la suspensión de las normas subsidiarias de Arico en este ámbito. El motivo es que las propuestas planteadas en el proyecto «no son compatibles con la conservación de los valores naturales». Además, «incumple la determinación del Plan Insular de Ordenación relativa al ámbito de implantación de los usos turísticos».

El propio Gobierno de Canarias tendrá que decidir el uso futuro de este suelo porque tal Administración redacta en la actualidad el Plan General de Ordenación supletorio de Arico, que incluye esta operación urbanística.

Óscar Izquierdo, presidente de la patronal provincial de la construcción, Fepeco, señaló ayer que «el reciente veto al proyecto turístico Punta Abona, en Arico, es la demostración de la inseguridad jurídica en la que vivimos los empresarios en Canarias».