La Fundación Hogar Santa Rita emitió ayer un comunicado oficial en el que reconoce que el brote de sarna, detectado por el personal del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria durante la intervención de esta residencia de mayores por el brote de Covid-19 de diciembre de 2020, se confundió un mes antes con una dermatitis atópica. Tras el tratamiento pautado por el personal del Servicio Canario de Salud (SCS), el problema no desapareció del todo, ya que el pasado mes de junio «se confirmó la existencia entre los residentes de 16 casos claros de escabiosis, más otros 7 sospechosos, que fueron objeto de aislamiento inmediato y de la adopción de todas las medidas aplicables, como la adquisición de nuevos colchones para la residencia». Todos han sido dados de alta.

La dermatitis atópica es un tipo de eccema crónico que provoca picazón, hinchazón y enrojecimiento. La escabiosis o sarna es una enfermedad producida por un ácaro (Sarcoptes scabiei), tan pequeño que no puede verse a simple vista, que excava túneles en la piel, causa un intenso picor y genera una erupción que se manifiesta en forma de ronchas, pápulas, vesículas, nódulos pardos y túneles o surcos finos.

La entidad privada que gestiona la mayor residencia geriátrica de Canarias sale al paso de la polémica abierta en los últimos días por la difusión de informes de las consejerías de Sanidad y de Derechos Sociales del Gobierno canario que denunciaban anomalías en el funcionamiento del centro. La dirección de Santa Rita asegura que no ha tenido «acceso ni conocimiento alguno del contenido del informe de la inspección realizada por personal designado por el SCS al que se alude en las informaciones publicadas». Y acusa a «la administración sanitaria» de «filtrar interesadamente a determinados medios una información extremadamente sensible y que, como ha sido el caso, es susceptible de ser usada de forma sesgada e interesada».

Respecto al brote de escabiosis en el centro, se insiste en que «el perfil de buena parte de nuestros residentes, con múltiples patologías y edad avanzada, les hace especialmente sensibles a la exposición a cualquier tipo de virus o infección y a su rápida propagación». Defienden que han procedido «en todo momento» conforme a «los protocolos de aplicación, desde la detección, en noviembre, de lo que en un principio fue calificado como síntomas de una dermatitis atópica, con evolución favorable al tratamiento. Se adoptaron todas las medidas prescritas tanto desde el punto de vista sanitario como en los procesos de gestión internos, que fueron analizados y revisados, adquiriendo nuevos productos y sometiéndolo todo al control y seguimiento de nuestro personal sanitario».

Sin embargo, al no remitir definitivamente los síntomas tras la aplicación de las medidas planteadas inicialmente, la dirección del Hogar Santa Rita tomó la decisión de contratar los servicios de una especialista en dermatología, «para su incorporación presencial a principios de diciembre, una llegada que se truncaría con la declaración del brote de Covid-19». A partir de ahí, y de nuevo dentro de la intervención del personal del SCS, «se produce la calificación del problema como un brote de escabiosis y se sigue estrictamente la aplicación de las medidas indicadas por la autoridad sanitaria». Pese al tratamiento y las medidas planteadas por el SCS, la Fundación sostiene que el brote no se pudo erradicar completamente. «Tras abrir una investigación interna sobre el posible origen de la escabiosis y la posible presencia entre los residentes del algún perfil potenciador, en junio se constató la aparición de nuevos síntomas compatibles que motivaron la elaboración, por parte de la dermatóloga contratada, ahora ya sí con trabajo presencial en el centro, de un estudio que dio lugar a la confirmación de la existencia entre los residentes de 16 casos claros de escabiosis, más otros 7 sospechosos, que fueron objeto de aislamiento inmediato. Los 23 ya están de alta. En cuanto al personal, sólo se contagiaron dos trabajadores que «tras cuatro días de tratamiento en situación de incapacidad temporal, recibieron el alta médica».

La Fundación Hogar Santa Rita asegura que de todo lo sucedido respecto a este brote de sarna se informó «en tiempo y forma» a la Unidad de Apoyo y a la Sección de Epidemiología de Salud Pública; la Consejería de Derechos Sociales; la médico del SCS presente en el centro; el Comité de Empresa y los familiares de los afectados.

La entidad reivindica su trabajo de más de 30 años para «proporcionar a las personas mayores más desfavorecidas o con menos recursos económicos el bienestar psicosocial y sanitario, así como la dignidad personal, que merecen en la última etapa de su vida». Y envía un mensaje a las instituciones: «Unas obligaciones que, por diferentes razones, en todos estos años no han sido capaces de afrontar el conjunto de las administraciones públicas canarias».

El centro defiende el trabajo de su plantilla, conformada por 423 trabajadores (entre los que hay cinco médicos, seis enfermeros y 36 auxiliares de enfermería), «unos profesionales y un elenco de servicios que nos permiten cumplir con toda la normativa, en todos los ámbitos, dando como resultado un elevado nivel de satisfacción entre los usuarios y sus familias. Lo que se pone de manifiesto, entre otras cuestiones, con el registro de un promedio de 2,25 reclamaciones al año sobre una población residente de 500 usuarios en los últimos cuatro años».

Santa Rita aclara que «de las 500 plazas de residentes con las que cuenta el centro en estos momentos, 274 se corresponden con las concertadas por el Cabildo de Tenerife, a través del IASS, mediante convenio suscrito en el año 2018, y que se financian mediante la fórmula de copago. El resto de plazas se sostienen con las aportaciones privadas de los usuarios que, en la gran mayoría de los casos, tratándose de personas mayores de escasos recursos económicos, no se acercan ni remotamente a su precio de mercado y, en consecuencia, apenas llegan a cubrir un pequeño porcentaje del coste efectivo de los servicios que se prestan». Añade que esta limitada financiación privada «es el motivo por el que desde el inicio de la obra del Padre Antonio al servicio de los mayores, haya sido y siga siendo de capital importancia la confianza y el apoyo de multitud de entidades, públicas y privadas, que colaboran desinteresadamente con esta Fundación».

Control sanitario diario

Desde mayo de 2020, el centro cuenta con «el apoyo y control sanitario diario del Servicio Canario de la Salud (SCS), debido a la pandemia del Covid-19, por lo que desde entonces se mantiene un intercambio constante de información entre el centro público de referencia a estos efectos en Puerto de la Cruz, el Centro de Salud Casco-Botánico, y el personal de la Fundación, tanto de forma telefónica como por escrito».

Recuerdan que en el peor momento de la pandemia fallecieron dos residentes en el centro, «que con carácter previo ya venían siendo afectados por varias patologías». El brote de coronavirus entre los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 costó la vida a 20 residentes, «también aquejados de diferentes patologías previas, así como el contagio de 150 residentes y 75 trabajadores». A partir de febrero de 2021 no se han vuelto a registrar nuevos contagios ni fallecimientos por Covid.

La Dirección de la Fundación muestra su «total desacuerdo con algunas de las informaciones publicadas en estos días, por sesgadas e imprecisas, como las que hacen alusión a la presunta desnutrición y deshidratación detectada en algunos residentes». Unas anomalías denunciadas por personal de Sanidad tras la intervención del centro por el brote de Covid, en diciembre de 2020. Respecto a estos problemas, Santa Rita sólo reconoce que «a raíz de la aplicación del protocolo Covid-19 por contacto estrecho con posibles positivos de un grupo significativo de trabajadores, entre los que se encontraban algunos de la cadena organizativa encargada de la distribución de cada uno de los turnos de comidas, se produjeron trastornos, de carácter estrictamente puntual, en alguno de los horarios habituales. Algo que ocurrió una vez que había asumido el mando de la gestión del centro el equipo de intervención enviado por el Servicio Canario de Salud».

Perfil multipatológico

«No podemos admitir, por tanto, que se lleguen a verter manifestaciones como las que apuntan a períodos de más de 13 horas sin ingesta de alimentos, ni tampoco las referidas a una aparente deshidratación generalizada de los mayores, cuando la administración de agua y cualquier otro tipo de bebida viene supervisada periódicamente por nuestro personal sanitario. Cosa distinta es que, por el perfil multipatológico de un porcentaje elevado de nuestros residentes, puedan aparecer signos de deshidratación inherentes a algunas enfermedades o que, por la misma causa, puedan manifestarse de forma recurrente dentro de un determinado lapso de tiempo. Lo que no debe asociarse a la falta de suministro o de seguimiento del personal», sentencian.

Desde Santa Rita se recalca que «hasta el momento de la confección de ese informe no se había tenido constancia de quejas por mala nutrición de los residentes. De hecho, esta Fundación obtuvo en diciembre de 2020, la renovación de la acreditación del centro, por cinco años más». Pese a negar que existieran problemas respecto a la alimentación de los residentes, la Fundación reconoce que «se ha procedido a la incorporación de una nutricionista profesional, siguiendo las indicaciones realizadas por el SCS». Además, asegura que «aplica escrupulosamente en todos sus centros de trabajo la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad e higiene en el trabajo, así como los planes de actuación y de contingencias, que se actualizan periódicamente conforme a las modificaciones o indicaciones de las autoridades».

La Fundación Hogar Santa Rita asume que su labor «tiene margen de mejora», y afirma que siempre han actuado «con total transparencia y colaboración con las autoridades competentes, muchas de las cuales conocen de primera mano la realidad diaria de nuestro centro». Pero esta entidad privada insiste en que no puede permitir que «desde determinadas instancias, de forma interesada y, quizás, con el objetivo de desviar la atención de la opinión pública sobre otros problemas de su competencia, se usen algunas informaciones de manera sesgada, incompleta y con ánimo de desacreditar y desprestigiar todo lo que significa este centro».