El recurso presentado contra la sentencia que condenó, en noviembre de 2020, a la exalcaldesa ramblera Fidela Velázquez y al exdirector insular de Seguridad Cayetano Silva a 8 y 7 años de inhabilitación ha determinado que el pago de una indemnización de 4.220 euros al medianero Pedro Vargas, que se encargaba de un terreno adquirido por el Ayuntamiento, fue legal y no existió delito de prevaricación. La revisión de la sentencia absuelve a Cayetano Silva y al exedil Víctor Manuel García, pero mantiene parte de la pena a la exalcaldesa por considerar que sí prevaricó al aprobar un decreto de pago a trabajadores municipales por horas o servicios extraordinarios «sin seguir el procedimiento establecido», aunque nunca llegara a abonarse.

Durante el juicio, celebrado el 2 de octubre de 2020 en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, Fidela Velázquez declaró que aprobó indemnizar al medianero porque lo consideraba «de justicia», tras tener conocimiento de que existía un acuerdo verbal con el exedil de AIS José Luis Martín, que él mismo ratificó como testigo en el proceso, y que el exalcalde Manuel Reyes se había negado a cumplir tras la compra del terreno, que se había formalizado en su mandato, en el año 2005.

El pago de los 4.220 euros se aprobó en la junta de gobierno del 23 de noviembre de 2012, en la que el secretario hizo una advertencia verbal respecto a la posible ilegalidad de la decisión. Velázquez aseguró en el juicio que se tomó ese aviso como «una opinión personal», que se contradecía «con la preparación previa del expediente», que dijo que realizó «guiada por el propio secretario».

Velázquez y Cayetano Silva tienen previsto ofrecer una rueda de prensa el próximo lunes 26 de julio, a las 12:30 horas en la plaza de San Pancracio, en San José, para dar cuenta de los pormenores de esta sentencia. Estarán acompañados por el alcalde, Ezequiel Domínguez; el asesor jurídico Javier González, y la secretaria general del PSOE en el municipio, Inmaculada Borges.