El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y el Servicio Canario de Salud (SCS), controla a diario el funcionamiento del Hogar Santa Rita, en Puerto de la Cruz, para acabar de forma definitiva con las graves deficiencias detectadas el pasado mes de diciembre: un brote de sarna, descontrol con las comidas y problemas de desnutrición y deshidratación en algunos de los casi 600 residentes en el mayor centro geriátrico del Archipiélago. Fuentes de la citada Consejería han asegurado a EL DÍA que el brote de sarna se da por finalizado, «aunque continúan las labores de control diario de las personas que estuvieron afectadas», y que las deficiencias relacionadas con la alimentación de los mayores se han corregido tras la contratación, impuesta por el Gobierno regional, de una nutricionista que se encarga, junto al equipo médico, de preparar y controlar los menús.
La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Viceconsejería de Derechos Sociales, ha realizado un seguimiento continuo del caso del Hogar Santa Rita desde que el personal del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), que se encargaba del control de un brote de Covid-19, informara, en diciembre de 2020, de graves anomalías en el funcionamiento de esta residencia de gestión privada. El centro, dirigido por Tomás Villar y el Patronato de la Fundación Canario Hogar Santa Rita, recibe más de 6,5 millones de euros a través de las plazas concertadas por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), que depende del Cabildo de Tenerife.
Tras recibir el informe del HUNSC, el jefe de la Sección de Inspección y Registro de Centros presentó en enero de 2021 un requerimiento, con apercibimiento de sanción, a los responsables del Hogar Santa Rita para exigir tres medidas urgentes: un informe sobre las medidas adoptadas por la dirección del centro para resolver la ausencia de un especialista en nutrición; otro informe detallado sobre el brote de sarna en el que debía incluirse la fecha de detección, el número de personas afectadas y las medidas adoptadas para su control, con mención expresa a si se actuó «en coordinación con el Servicio Canario de Salud»; y, por último, la modificación del horario de comidas para que «se reduzca el tiempo de ayuno entre la cena y el desayuno». Además, ese mismo mes se dio traslado de la información a la Fiscalía por si pudiera haberse cometido algún delito.
Fuentes de Derechos Sociales señalan que el contacto del área con el caso «es diario y el último reporte es de ayer mismo», en referencia al pasado domingo. Respecto al brote de sarna o escabiosis, relatan que «todos los afectados se encuentran en estos momentos de alta y con un protocolo de vigilancia y tratamiento pautado por Salud Pública. En breve se hará una nueva valoración a estos afectados, en su mayor parte reincidentes, con la especialista Marcela Markhaller, que regresará de Alemania». Además, «se están produciendo controles diarios con personal del Servicio Canario de Salud, que tiene un punto fijo en el centro, y reporta un informe diario de control de la situación».
El Ejecutivo obligó a la Fundación privada que lleva el centro a contratar a una nutricionista
Desde esta viceconsejería se destaca que una nutricionista trabaja ya en el centro y que éste «cuenta con protocolos para la prevención y control de la escabiosis, ya remitidos en su momento a requerimiento de la inspección». También se les ha pedido que «tan pronto como regrese la especialista, esos protocolos serán revisados y mejorados, si es necesario, y se articularán todas las medidas necesarias para asegurar su efectiva implantación». Un proceso del que deberán dar cumplida cuenta al Gobierno.
La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Marián Franquet, declaró ayer en la Ser que tras tener conocimiento de los informes del Hunsc, su departamento, a través del IASS, ha realizado «un seguimiento muy estrecho sobre todo de las plazas concertadas, que es lo que depende de nosotros, ya que no se puede olvidar que es una residencia privada». Franquet confirmó que en Santa Rita hay «más de 300 plazas concertadas» con el IASS, que suponen al año una inversión de dinero público de «unos 6,5 millones de euros» en este geriátrico.
Marián Franquet añadió que su departamento está «en contacto constante con la dirección del centro» para hacer un seguimiento de la situación de esos mayores que ocupan plazas concertadas, posibles quejas y el abordaje de problemas como el brote de sarna, «que estaba concentrado en uno de los cinco edificios que componen la residencia». De momento, el IASS no ha recibido «ninguna queja o reclamación de ningún familiar ni residente».
El director-gerente del Hogar Santa Rita, Tomás Villar, continúa sin hacer declaraciones sobre la crisis abierta tras la difusión, por parte de Radio Club Tenerife, de los informes elaborados por el personal del Hunsc, que han vuelto a poner en entredicho el modelo de gestión privada del centro fundado por el sacerdote Antonio María Hernández en 1981. Otras fuentes del Hogar Santa Rita sí han confirmado que tras los informes de finales de 2020 «se contrató a una nutricionista, una profesional en el ámbito de la alimentación que desde hace unos meses trabaja en el centro». Respecto a la sarna, relatan que «hay un médico del SCS que está aquí a diario», y que la escabiosis es un problema «muy común en hospitales y otros centros de este tipo».
El PP acusa a Franquet de ocultar datos
La portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife, Zaida González, ha pedido la dimisión de la consejera responsable del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), Marián Franquet, «por ocultar la situación de los mayores usuarios de la residencia Hogar Santa Rita, a la que el Cabildo subvenciona con 6 millones de euros cada año». González subraya que el informe sobre esta residencia, elaborado por el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, «desvela una realidad que nos llena de desasosiego, vergüenza e impotencia». La consejera popular lamenta que «siete meses después de la fecha del informe, Franquet no haya dado cuenta al correspondiente consejo, teniendo en cuenta la gravedad de lo que recoge el informe y teniendo conocimiento del mismo». A juicio de González, «se trata de un escándalo sin precedentes que el Gobierno insular no puso en conocimiento del resto de formaciones políticas, a pesar de que el Cabildo financia ese centro y deriva mayores allí». | E.D.
