La posible instalación de una regasificadora en el Puerto de Granadilla sigue en el foco del debate. Al menos del político al margen de la dicotomía entre las tradicionales visiones empresarial y ecologista. Incluso en el seno del mismo partido, el PSOE, y de dos gobiernos de idéntico color se ve distinto. Así, el Ejecutivo regional rechaza la infraestructura y el del Cabildo, la apoya. En el resto del arco, la situación va del impulso del PP a un acuerdo en el pleno insular para su desarrollo al rechazo frontal de Sí Podemos Canarias.
José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, lo dejaba claro el pasado viernes: «No se va a construir ninguna regasificadora en las Islas». La considera «una infraestructura innecesaria, contraria al modelo de democratización y descentralización energética que promueve el ejecutivo».
El diputado del PP Manuel Domínguez había defendido la construcción para dotar de gas natural a la central eléctrica de ciclo combinado de Granadilla, «ya que es un combustible más económico y menos contaminante que el gasóleo». Exactamente la misma posición que defiende el PSOE en el Cabildo de Tenerife. Domínguez sostiende que la regasificadora «está prevista en el Plan Energético de Canarias de 2007 (Pecan), aprobado por consenso». Valbuena zanja: «El Gobierno no tiene ninguna intención de desarrollar el Pecan de 2007, un modelo obsoleto basado en la energía centralizada».
El consejero insiste: «Para alimentar centrales de ciclo combinado con gas natural no se necesita una desgasificadora, sino disponer de gas natural licuado que se puede gasificar dentro de las infraestructuras de la propia Endesa, no hacen falta instalaciones externas». Por eso, añade, «las necesidades de gas natural, por ejemplo para los barcos (bunkering), se cubre con gas licuado y si alguien quiere gas natural en estado gaseoso, lo puede comprar líquido y gasificarlo luego en sus propias instalaciones».
En el pasado pleno de mayo del Cabildo, una amplia mayoría ha apoyado la propuesta del Partido Popular de impulsar la regasificadora de Granadilla. Manuel Fernández, su proponente, valora: «Tenerife le lanza un mensaje claro a Valbuena: la Isla apuesta por el gas natural como energía de transición hacia un modelo energético sostenible». Indica que «esta iniciativa surgió tras la negativa del consejero, quien rechazó la construcción de esta importante infraestructura en Tenerife para construir una en Gran Canaria, cuestión que rechazamos. La regasificadora de Granadilla no solo contaba con un amplio respaldo político y social, sino que es una oportunidad para Tenerife de avanzar hacia un modelo energético más sostenible».
Fernández concluye: «La implantación de una regasificadora en Tenerife redundaría en un beneficio económico, con un ahorro en producción en torno a 100 millones al año, y también dejaríamos de emitir más de un millón de toneladas anuales de CO2».
Rechazo total
Sí Podemos Canarias, por su parte, critica la política de «desarrollo insostenible» del Cabildo al apoyar la regasificadora para Tenerife. La consejera Ruth Acosta afirma que el gas fósil «no es la solución, sino parte del problema contra el que llevamos años luchando por revertir, mediante el desarrollo de políticas verdaderamente sostenibles». Añade Acosta: «Somos el único grupo –tres consejeros– que hemos rechazado este sistema; el PSOE asume el riesgo de emitir metano a la atmósfera mediante la regasificadora, lo que resulta 86 veces más contaminante que el CO2».
Sí Podemos, que tiene un acuerdo para apoyar al equipo de gobierno del Cabildo desde fuera, critica su postura «favorable a una regasificadora en el Puerto de Granadilla, que evidencia su clara apuesta por potenciar el uso de un combustible fósil también contaminante que va totalmente en contra de la apuesta por políticas de desarrollo sostenible que pretenden vender a la ciudadanía”.
Respecto al gas natural, la consejera destaca: “Debemos tener muy presente que se trata de un combustible fósil contaminante que tiene muchos problemas de extracción, además de un recurso energético muy deficitario y que conlleva un alto coste económico. Un precio elevado por unos impuestos que cada vez serán mayores, y los peajes o mermas que se tienen que pagar a las compañías lo terminará abonando la ciudadanía en su factura energética”.
