Más de 60 trabajadores del Ayuntamiento de Santa Úrsula se concentraron este martes 1 de junio de 2021 en el exterior del Consistorio norteño para protestar contra el abuso de la temporalidad y expresar su rechazo a la convocatoria de ofertas públicas de empleo para cubrir unas plazas que consideran «en fraude de ley». Durante la protesta se dio lectura a un manifiesto en el que los empleados del Ayuntamiento «en situación de fraude de ley por abuso de temporalidad» hicieron pública su total oposición a «la ilegal forma de regularización de nuestros puestos de trabajo planteada desde el gobierno».
A su juicio, «las ofertas públicas de empleo (OPE), tienen que ofertar plazas lícitas. No se pueden ofertar plazas que estén en fraude de ley por ese abuso de temporalidad». Y recordaron que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 de marzo de 2020 y del 11 de febrero de 2021 «lo dejan muy claro».
Estos trabajadores recalcan que «si alguien saca en una OPE plazas ilícitas, estaría cometiendo un delito», e insisten en «denunciar públicamente nuestra situación y la de más de 800.000 personas en todo el territorio nacional». Piden «unidad y responsabilidad en la búsqueda de la mejor solución que permita la estabilización del personal de esta administración». La protesta se desarrolló de forma pacífica, con pitos, globos amarillos, camisas negras y carteles con mensajes como «las OPEs no son la solución» o «OPEs paralización». Uno de los cánticos más repetidos recordaba que el objetivo de estos trabajadores es continuar en los puestos que ocupan, en algunos casos desde hace más de 22 años: «¡Donde estamos, nos quedamos!».
Los afectados también portaban carteles con los años de servicio a esta administración local «en fraude de ley», como «indefinidos no fijos», periodos de 12, 14, 19 o 21 años. El alcalde, Juan Acosta (AISU), mostró su apoyo a los trabajadores y su confianza en que «se produzca el cambio legal necesario» para poder dar estabilidad a sus empleos. De momento, subraya que «hay de margen para la OPE hasta agosto de 2022»; que actualmente está «todo paralizado», y que confía en que el Gobierno de Canarias o el Gobierno de España cambien la legislación para acabar con esta situación «lo antes posible».
