El pleno del Cabildo ha aprobado de forma unánime una moción institucional, a instancias de CC, para rechazar los desahucios de viviendas adquiridas por los denominados fondos buitre. Además, el acuerdo de seis puntos insta a los juzgados a paralizar los lanzamientos de los grandes tenedores de viviendas, así como a adquirir las de esos propietarios y destinarlas al alquiler social.
Entre los casos de paralización de los lanzamientos, el documento aprobado ejemplifica el del edificio sito en el barrio de El Tablero, en Santa Cruz, que amenaza a 17 familias. Asimismo, se reitera al Gobierno de Canarias «la extrema urgencia de la necesidad de una Mesa de Emergencia Habitacional para identificar, en coordinación con el Cabildo y los municipios, a las familias en situación de vulnerabilidad que en Tenerife viven bajo esta amenaza».
También se insta al Gobierno de Canarias «a continuar la negociación con las entidades consideradas grandes tenedores de vivienda para proceder a su adquisición y/o cesión de uso, a fin de dar estabilidad a las posibles familias afectadas». La propuesta incluye impulsar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales Municipales. El objetivo del mismo es incrementar los recursos humanos, materiales y técnicos de cara a que la atención a las familias en situación de mayor vulnerabilidad habitacional sea más rápida y eficaz.
Otro punto propone «la viabilidad de establecer un convenio de colaboración con los Registros de la Propiedad para elaborar un censo de inmuebles de titularidad de personas jurídicas que tengan la condición de grandes tenedores». La intención es «planificar y llevar a cabo la adquisición y/o cesión de uso de esas viviendas para destinarlas a alquiler social en la Isla».
Como marco normativo, el Cabildo plantea el desarrollo urgente de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.
La consejera nacionalista Carmen Delia Alberto, ponente de la moción, agradece el apoyo de todos los grupos políticos para instar al Gobierno de Canarias a iniciar cuanto antes el proceso de negociación con la entidad propietaria de las viviendas ubicadas en la Subida de El Tablero con vistas a obtener un precio justo y proceder a su adquisición, a fin de dar estabilidad a las 17 familias afectadas. El acuerdo contempla que el Ejecutivo regional adquiera todas las viviendas que se encuentren en esta misma situación, es decir, que sean propiedad de fondos buitre. Alberto valora: «Nuestra intención es que esos procedimientos se paralicen, que las viviendas sean adquiridas por el Gobierno de Canarias y puestas a disposición de las familias necesitadas”. Señala, además, que la moción insta al juzgado a, una vez se inicie el procedimiento de desahucio, paralizar cuantos expedientes de levantamiento estén vigentes en relación con el edificio de El Tablero, 42. Recuerda que esa solución ya fue adoptada por el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias en 2019 para solventar el problema que sufrían 358 familias de Añaza.
Unanimidad
Otras mociones institucionales aprobadas de manera unánime se refirieron a la contratación temporal en las administraciones públicas para impulsar el empleo juvenil, así como la mejora de las federaciones deportivas en la Isla. Ambas a instancias de CC-PNC.
También recibieron el apoyo unánime del Pleno las propuestas del PSOE de buscar una solución legislativa ante la precariedad laboral en la temporalidad de alta duración en el empleo público y el apoyo a la creación del departamento de Ingeniería Agraria y del Medio Natural de la ULL.
La propuesta de los socialistas sobre el aumento de las plantillas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Servicio Canario de Empleo (Sepe) también recibió apoyo absoluto. Eso sí, después de una larga discusión para intentar enriquecerla, lo que no aceptó el ponente, Aarón Afonso. Pese a ello, unanimidad.
Me das seis y te llevas tres
La discusión sobre las modificaciones presupuestarias centró parte del debate inicial. Con un curioso trueque tras un receso para la reunión de portavoces. Sí Podemos Canarias amagó con no apoyar la inversión de seis millones para expropiar los terrenos donde ubicar el intercambiador de Los Cristianos. Por la denominación de Terminal del Tren del Sur y porque supuestamente son propiedad de la familia Marichal. CC, en una operación de ingeniería política, cambió esos seis millones por los tres que pedía para destinar al Banco de Alimentos con renuncia de los veinte solicitados para un Plan de Choque en Turismo. Los nacionalistas esperarán un mes, al próximo pleno de junio, pues el compromiso del equipo de gobierno es que aprobarán la alegación para solicitar esos tres millones cuando el expediente salga a la preceptiva información pública. Pues eso mismo: me das seis y te llevas tres.
