El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, defiende que no se necesitan regasificadoras y discrepa totalmente con quienes sostienen que Tenerife pierde con el rechazo a la planteada para Granadilla. «Es mentira que no autorizarla resta competitividad a nuestros puertos», afirma, y explica que «lo que se necesitan son depósitos de almacenamiento, no regasificadoras». Un razonamiento que sustenta en que «los buques tendrán que navegar con gas natural en breve», por lo que los puertos deben «almacenarlo en estado líquido, no gaseoso, para suministrar a esos barcos». Por tanto, «no habrá pérdida de competitividad, siempre que los puertos de Canarias sean diligentes en la tramitación de los expedientes y de esos depósitos».
Valbuena incide en que plantear en la actualidad la construcción de una regasificadora «es actuar con miopía dentro de la planificación energética de Canarias». En declaraciones a RNE, el consejero regional manifiesta que el proyecto de Enagás para el puerto de Granadilla «es una regasificadora para la central térmica de Endesa, de ciclo combinado y gas», a fin de sustituir el fuelóleo por gas natural. A juicio del responsable de Transición Ecológica, «hay que ir sustituyendo los grupos de las centrales térmicas por otros preparados para funcionar con hidrógeno 100%. En caso de que precisen gas natural, en estado gaseoso, las instalaciones han de disponer de su propia regasificadora, haciendo innecesaria una infraestructura externa».
El proyecto planteado por Enagás en 2004, que rechazó el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria el 28 de abril pasado, «se parece como un huevo a una castaña» al barco-regasificador a emplazar en el muelle granadillero y a la planta regasificadora para el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, similar a la proyectada para el Puerto de la Luz y de Las Palmas, medidas también acordadas por Puertos de Tenerife.
«Los proyectos que se ponen sobre la mesa están directamente vinculados a la generación de electricidad. Es el caso del puerto de la Luz y de Las Palmas para abastecer a los buques no adaptados a la normativa, que obliga en 2025 a operar con gas natural. Es generación eléctrica exclusivamente para esos buques», puntualiza el consejero regional.
Polémica con Fepeco
Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), calificaba como «nuevo atropello a nuestra Isla» el rechazo de la Autoridad Portuaria al proyecto de regasificadora en Granadilla, al entender que es «fundamental en los próximos años, para que Tenerife no se quede descolgada del tráfico marítimo en el Atlántico medio». El titular de la patronal de la construcción calificó de «desconcertante y contradictorio» el hecho de que «el mismo Gobierno que pone todos los argumentos del mundo para que no se instale en Tenerife, apoya entusiastamente la instalación de una planta regasificadora en Gran Canaria, para de esta manera, convertir el Puerto de la Luz, en el referente del tráfico marítimo en la zona».
José Antonio Valbuena se muestra rotundo al rechazar esa tesis. Además de señalarlo como «el próximo candidato de Coalición Canaria», le pide a Izquierdo que «deje de mentir». Y explica: «El proyecto de Las Palmas es el de una empresa que plantea generar electricidad, usando gas, para los buques no adaptados aún que atraquen en ese puerto». A renglón seguido aclara que «no habrá regasificadora ni en Tenerife ni en Gran Canaria», tomando como ejemplo el proyecto descartado para Granadilla.
Los informes contrarios
En su argumentario, Valbuena rescata los pronunciamientos contrarios a ese proyecto en el sur de la Isla. En noviembre del año 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó el informe en el que analizaba la solicitud para construir la regasificadora solicitada por Enagás. Un año antes, el mismo organismo concluyó que el proyecto no era viable, ya que generaría más costes que ingresos. Además, la CNMC señaló que Enagás debía detallar el mercado al que abastecería la planta, la previsión de demanda de gas y los ingresos de los peajes por el uso de la planta.
Ese mismo año, el Tribunal Supremo (TS) anuló la autorización dada en 2012 por el Ministerio de Industria porque el proceso de evaluación de impacto ambiental no reunía todos los requisitos. Valbuena apunta, asimismo, que el Banco Europeo de Inversiones también se pronunció en contra de la iniciativa «porque el gas no tiene cabida en la política energética de la Unión Europea».
