«El proyecto está actualmente en fase de evaluación por parte de la Consejería y puedo garantizar que haremos nuestro trabajo y que lo haremos bien, con total objetividad y rigurosidad». Estas palabras las pronunció José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, el 5 de febrero de 2020. Solo dos semanas después de lo que definió como «una imprudencia»: la presentación del complejo turístico Punta de Abona por parte de sus promotores.

Desde entonces poco (o nada) se ha sabido del trámite de un proyecto que requiere una inversión superior a 300 millones de euros, que dotará a Arico de casi 3.000 camas turísticas distribuidas en cuatro hoteles de cinco estrellas, que generarán 1.550 empleos directos (más cientos indirectos), de los que entre el 50% y el 70% serán para el mercado local; se desarrollará en 1.700.000 metros cuadrados, de los que 300.000 (el 17%) serán de uso hotelero (cada hotel ocupará entre 62.000 y 81.000 metros cuadrados); más de 400.000 los ocupará un paseo litoral; 560.000 metros cuadrados albergarán un espacio de regeneración ambiental y otros 50.000 serán para plazas y parques públicos, además de equipamiento comercial y recreativo.

Así vendió la iniciativa el presidente del Consejo de Administración de la promotora Playa de Arico S. A., Alessandro Cortesi, en un acto en el que enfatizó que «la empresa requiere señales fuertes» de que a las administraciones canarias les interesa la realización del complejo turístico Punta de Abona. El objetivo entonces era completar el proceso administrativo e iniciar los trabajos después del verano. Pero llegó el Covid-19.

El Gobierno de Canarias debe emitir el informe de evaluación ambiental. Hace casi año y medio, el proyecto del complejo turístico Punta de Abona estaba pendiente de que el Gobierno de Canarias resolviera aspectos técnicos para su segunda puesta a exposición pública, referida al del desarrollo urbanístico. Incorporado al Plan General de Arico, en tramitación, el Cabildo lo aprobó por unanimidad y trasladó al Gobierno de Canarias, habiendo superado el primer trámite de su exposición pública. Playa de Arico solicitará la licencia de obra una vez se cumplimente ese trámite.

Durante la última semana, el consejero regional José Antonio Valbuena fue cuestionado sobre este proyecto, optando por no ponunciarse y sí defender su gestión para posibilitar el desarrollo de obras fundamentales para la Isla. Mientras, desde la Consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias aseguran que el trámite sigue su curso, en el Ayuntamiento de Arico solo les queda mantenerse a la espera. «De momento».