«El Gobierno de Canarias tiene que dar un paso al frente para crear un registro claro y concreto de dónde está el amianto en Tenerife». Lo denuncia Carmen Falcón, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Las exigencias del sindicato laboral coinciden con la petición del coordinador insular de Nueva Canarias, Valentín Correa, que solicita al Cabildo de Tenerife que «se ponga manos a la obra» con la realización de un censo y un plan para retirar el amianto.

Las administraciones públicas no han creado un mapa de los inmuebles e infraestructuras públicas o privadas con presencia de amianto en la Isla, a pesar de que se sabe que provoca cáncer desde los años 30 y la Organización Mundial de la Salud lo catalogó como material tóxico en 1977. España prohibió su comercialización en 2002 y Valentín Correa recalca que Tenerife tiene un «retraso de décadas» en la lucha contra este material. Solo la Consejería de Educación ha informado de la posible existencia de uralita –se conoce así por el nombre de la empresa que empezó a comercializarlo en España– en 18 escuelas. De hecho, tiene un plan en marcha para su retirada, entre el que se encuentra una actuación en el IES Manuel González Pérez de La Orotava, donde ya se ha confirmado la presencia de este material.

Pese a que quedan menos de 8 años para la primera fecha límite que marcó la Unión Europea para eliminar el amianto de los centros públicos o de uso masivo, y hasta 2032 para el resto de infraestructuras, sigue siendo un problema en Tenerife sin una solución global ni un diagnóstico claro. El Cabildo remite las competencias al Gobierno de Canarias y las distintas consejerías no tienen claro cuál es la encargada del control. La Consejería de Vivienda deriva las competencias a Industria y esta a Economía, que indica que ellos, a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), solo tienen datos de los trabajadores expuestos al material.

Sin datos actualizados

Sin embargo, el Icasel no ha proporcionado el dato de cuántos empleados expuestos al amianto trabajaron en la Isla el último año. Ninguna de las consejerías consultadas conoce la existencia de un censo o control global de las viviendas e instalaciones con amianto, salvo Educación.

El asbesto, también denominado amianto o uralita, es un material constituido por fibras de un mineral que se encuentra en la naturaleza. En Canarias fue muy utilizado en la construcción, sobre todo entre los años 1960 y 1984. Sus principales cualidades son su capacidad de aislamiento térmico, maleabilidad y resistencia. Por ello, asbesto en griego significa indestructible e imperecedero.

Es un material que si no se fractura o desgasta no es pernicioso para la salud pero sí cuando permanece en suspensión en el aire. Los más afectados por sus efectos son los trabajadores que tienen que manipularlo para poderlo extraer. La salud de las personas que trabajan con amianto se debe revisar periódicamente. Se encarga el Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos al Amianto (Pivistea), creado en el 2003. En Canarias existen 878 trabajadores registrados en el seguimiento de salud del Pivistea –últimos datos publicados–, más que en Baleares (487 menos), Extremadura (369 menos) o La Rioja (363). Este último dato, sin embargo, es de 2016. A su vez, Canarias solo cuenta con una unidad para detectar las patologías relacionadas con el amianto en este programa y nueve centros de prevención de las enfermedades provocadas por la fibra ajenos al sistema público de salud.

Olivia Vega es técnica del Instituto Canario de Seguridad Laboral y crea los planes que deben seguir las empresas para que sus trabajadores no se vean afectados. Opina que con un mapa del amianto en Tenerife se podría controlar de una forma «más eficaz». «Qué más quisiera que en su día hubieran previsto censar el amianto en Tenerife. Es un tema en el que algunas comunidades autónomas han hecho esfuerzos. Si tuviéramos un mapa nos facilitaría mucho las funciones de control y actuación». Pero, por ahora, es una idea sin proyecto. Algunas Islas sí han hecho ciertos avances como Gran Canaria, donde el Cabildo ha realizado algunas tareas para censar los puntos que contengan este material. Y en La Gomera han creado un proyecto para registrar el amianto mediante una aplicación móvil. En Tenerife es una asignatura pendiente.

Problemas en la justicia

Carmen Falcón, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, denuncia que los 878 canarios «estaban ahí desde que se creó el Programa en 2003». «Nos preocupa mucho que no se haya incorporado ningún otro trabajador desde ese tiempo». Falcón añade que si los trabajadores no están registrados en el Pivistea y en el Registro de Trabajadores Expuestos a Amianto (Retea), «el día en que se le pueda manifestar la enfermedad será muy difícil establecer un vínculo con su actividad laboral». Demostrar ante la justicia que la enfermedad del paciente es ocasionada por su profesión es un proceso largo y costoso, que en estos casos suelen ser denuncias emprendidas por los familiares de los trabajadores fallecidos.

Fue el caso de Juan Navarro, un tinerfeño que murió en 2007 por asbestosis. Durante su vida laboral estuvo en contacto con el amianto por su profesión de bombero en barcos de petróleo, entre los años 1961 y 2004. Años después de su muerte, su viuda escuchó por la radio los efectos de la uralita y ató cabos. Junto a CCOO, la mujer pudo demostrar que la enfermedad de su marido fue laboral por las imprudencias de las empresas en las que trabajó su esposo. Lo mismo sucedió con el conocido periodista de RTVE, José María Íñigo. El mes pasado, la justicia madrileña reconoció que su enfermedad fue causada por el amianto, presente en los platós de la cadena pública. Su caso también lo llevó su familia después de la muerte de Íñigo.

El neumólogo del Hospital Universitario de Canarias, Orlando Acosta, ha tratado a pacientes afectados por la uralita. Enumera las tres principales enfermedades derivadas de este material: la asbestosis, el mesotelioma maligno y el cáncer de pulmón, aunque este en menor medida. «Es complejo determinar que la enfermedad del paciente es ocasionada por su contacto con el amianto porque hay un gran intervalo de entre 15 y 30 años entre la exposición y los primeros síntomas», explica el doctor.

Un pronóstico «malo»

Las enfermedades, por lo general, tienen un pronóstico «malo». «En el caso del mesotelioma, la posibilidad de éxito en los tratamientos es baja. Pero en los cánceres de pulmón comunes, hay más posibilidades de supervivencia». Acosta también se refiere a la asbestosis: «Es una enfermedad fibrótica en la que el pulmón se va encogiendo. Es progresiva y, aunque lenta en su evolución, conduce inevitablemente a la muerte. No existen tratamientos muy efectivos para esta enfermedad».

Las consecuencias fatídicas del asbestos crea preocupación entre las personas que descubren que sus viviendas y lugares de trabajo contienen amianto. Cuando José Marrero se mudó a su edificio en La Laguna no sabía que las tuberías estaban hechas de uralita. Lo descubrió el año pasado cuando su comunidad de vecinos se percató de la existencia de escapes de este material en el agua que bebían, con la que se bañaban y con la que cocinaban. A partir de ahí llegaron las preocupaciones. «No podía ni lavarme los dientes tranquilo porque me ponía a pensar en lo que podía tener el agua», detalla Marrero.

Canarias no tiene vertederos especializados para el amianto, por lo que tiene que ser transportado a la Península. Efren Rodríguez, director de Amianto Trabajos y Construcciones, comenta que el sobrecargo que esto genera «se nota en la factura». Por ejemplo, el coste de un contenedor que transporta como máximo 21 toneladas de amianto puede rondar los 6.000 o 9.000 euros. El amianto no se puede destruir ya que comienza a descomponerse a 1.000 grados centígrados. Para hacerse una idea de la resistencia del material, el hormigón se descompone a 500 grados.

La única opción es enterrarlo. Efren Rodríguez opina que esta es la razón por la que en Canarias no existe este tipo de vertederos. «En Canarias el espacio es muy limitado y los volúmenes de este material son importantes». Rodríguez denuncia las imprudencias de las empresas que no están en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), que las obliga a gestionar la retirada con ciertas medidas de seguridad.

El pasado mes en Finca España se encontró una escombrera con materiales que contenían amianto tirados por el terreno sin ninguna protección, lo que supuso un riesgo para la salud de los vecinos. El solar tuvo que ser vallado por el Ayuntamiento. Efren Rodríguez condena este tipo de actuaciones imprudentes: «El amianto hay que retirarlo sí o sí pero hay que asegurar que el trabajador y los vecinos no se expongan».

Parte de los fondos europeos Next Generation para la recuperación de la crisis de la pandemia están destinados a la rehabilitación energética de las viviendas. Carmen Falcón, la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, está preocupada por el comienzo de las obras, ya que los trabajadores más jóvenes o sin una formación específica no podrán reconocer el riesgo de trabajar con este material, que se puede encontrar en alguno de los inmuebles. El Plan de Vivienda de Canarias 2020-25 señala a la rehabilitación como el segundo de sus tres objetivos fundamentales y no nombra el amianto y la posibilidad de su presencia. «Si esto no se pone sobre la mesa, los trabajadores que no son conscientes estarán en riesgo cuando todos esos edificios se modernicen».

Este mes, el Congreso de los Diputados ha aceptado tomar en consideración una propuesta para crear un fondo de compensación para las víctimas del amianto en España, como ya han hecho otros países europeos como Francia o Bélgica. España tiene unos cuantos años de retraso. El primer caso diagnosticado de una enfermedad causada por el amianto en el país fue en el año 1952. Se trataba de un hombre de 45 años que había trabajado como empaquetador de amianto durante 12 años.

Los primeros estudios

El estudio de los efectos en la salud de la asbestosis lo comenzaron los alemanes en 1938 y a finales de los años 30 la lucha contra los efectos perniciosos del amianto se había convertido en una de las prioridades de las autoridades laborales berlinesas. España, sin embargo, estaba centrada en la silicosis, una enfermedad pulmonar causada por el sílice, un cristal que se encuentra en las minas.

Un estudio realizado por diferentes investigadores considera que hasta 2040 no cesarán las muertes por amianto en España. «Hay muchos trabajadores preocupados porque en sus empresas haya amianto. Muchos de ellos acuden a Comisiones Obreras para consultar qué pueden hacer». La fecha tope designada por la UE para el desamiantado se acerca cada vez más y el tiempo corre en contra de las administraciones tinerfeñas. Siguen sin saber dónde está la uralita ni hay planes para crear un censo.