El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Los Realejos acusa al gobierno local del Partido Popular de «abusar de los contratos menores» y critica lo que, a su juicio, es «un completo descontrol en las adjudicaciones públicas». El PSOE entiende que el PP abusa de esta vía para «asignar recursos a dedo».
El portavoz socialista, Miguel Agustín García, reconoce que “los contratos menores son perfectamente legales, pero es una figura de la que en ningún caso se puede abusar porque cuando se utiliza con la falta de control con que lo hace el PP en Los Realejos, se convierte en un instrumento para la arbitrariedad. La ley permite que, hasta un determinado importe, un contrato pueda adjudicarse de forma directa, sin publicidad ni concurrencia de varias ofertas, pero no puede convertirse en la normalidad de una administración pública porque genera una situación injusta y perjudicial para los intereses de la ciudadanía al impedir la libre concurrencia».
Para el portavoz del PSOE, «esta situación ya es de por sí singularmente grave, y empeora al ver que la Intervención Municipal, como órgano de control, aprobó en febrero del año pasado las instrucciones en materia de contratación menor del Ayuntamiento, en cuyo punto cuarto se recomendaba solicitar siempre tres ofertas para garantizar los derechos de publicidad y concurrencia, no discriminación e igualdad de trato entre las empresas licitadoras. Se le está diciendo al alcalde, con claridad, que están abusando de un tipo de contrato público, y él no sólo ignora estas advertencias sino que reincide”.
“Los contratos menores son perfectamente legales, pero es una figura de la que en ningún caso se puede abusar"
«Los contratos menores prescinden de los procedimientos habituales en los que varias empresas concurren presentando sus ofertas y una mesa de contratación las valora y selecciona la más ventajosa para la Administración. Lo que ganan en agilidad pueden perderlo en garantías cuando se usan de forma torticera, porque no se puede garantizar un uso eficaz del dinero público», lamenta Miguel Agustín García, quien exige al grupo de gobierno que «cumpla las instrucciones dadas por la Intervención y garantice la transparencia y la libertad de acceso para todas las empresas licitadoras».
