La Justicia da carpetazo definitivo a la denuncia contra el alcalde de El Rosario por la depuradora de La Campana y le exime de toda irregularidad. La jueza María de los Ángeles Zabala, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife, archiva de forma definitiva la causa abierta contra Escolástico Gil, así como el concejal de Servicios Hidráulicos, Miguel Ángel Yanes, por la contratación de la obra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales del polígono industrial La Campana. La Fiscalía de la Audiencia Provincial, vista la resolución de la magistrada y la contundencia de sus razonamientos jurídicos, decide no emitir ningún recurso al auto de sobreseimiento.
Además, los concejales del PSOE denunciantes, José Antonio Estévez –actual portavoz municipal– y Ángela Gil renunciaron a recurrir el rotundo auto judicial del 19 de marzo en el que la jueza concluye que, en las acciones realizadas por el alcalde rosariero y el concejal de Aguas para «poner fin a los vertidos que causaban un grave riesgo» no se daban, en ningún caso, «los requisitos exigidos por la jurisprudencia para determinar que nos encontramos ante un delito de prevaricación».
La denuncia socialista
En el caso de los concejales socialistas denunciantes, cuya abogada en el proceso fue la también socialista y vocal de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE en Canarias, Sandra Rodríguez, renunciaron a abonar los 2.000 euros que la jueza les impuso como fianza para continuar personándose en el proceso. Por ello, la magistrada firma una providencia, el pasado 30 de abril, en la que ordena que «habiendo transcurrido sobradamente el plazo conferido mediante auto de fecha 16 de abril pasado sin haberse prestado la fianza señalada (...), procédase al archivo de las presentes actuaciones».
Escolástico Gil aseguró, tras el archivo de la causa, que tiene «claro» que la denuncia «fue una estrategia política que partió del PSOE tinerfeño, pero que se topó con la realidad, que no es otra que la que dicta la jueza en su auto: que todo se hizo de forma legal, en base a informes técnicos y con el único objetivo de frenar un desastre medioambiental de vertidos en la costa». Gil reprocha que «es muy fácil disparar con pólvora ajena para judicializar la política sin fundamentos de base». «Por eso deberían ser los denunciantes quienes paguen las costas de un proceso judicial que, de momento, he costeado de mi bolsillo», enfatiza. El alcalde rosariero ha sido denunciado en Fiscalía en tres ocasiones durante los últimos cinco años, denuncias todas ellas archivadas. «Es una manera de entender la oposición como un arma con la que intentar menoscabar la honorabilidad del adversario político», reflexiona Escolástico Gil.
Sobre las particularidades del proceso de contratación de la depuradora de La Campana, el primer edil sostiene que «desde el primer momento siempre se tuvo muy claro que se había actuado dentro de la legalidad y que la denuncia no estaba bien sustanciada, tal y como ha ratificado la jueza después de tomar las declaraciones y practicar las diligencias». «Por eso, siempre se trató de una denuncia política con la única intención de desacreditar la gestión del Gobierno local».
La resolución judicial del 19 de marzo concluyó que tanto el alcalde como el edil denunciados «actuaron conforme a derecho y con la intención de salvaguardar a la población y el ecosistema de los vertidos». Incluso, la magistrada resolvió que la gestión de Gil estuvo dotada «de un plus de garantía legal» al solicitar informes técnicos «que, sin ser necesarios, refuerzan la legalidad de la resolución».
A comienzos de 2020, la costa de Bocacangrejo se vio afectada por un vertido de aguas residuales domésticas e industriales debido al colmatamiento de un pozo absorbente al que iban a parar las aguas residuales industriales de La Campana. Este vertido hizo que el Ayuntamiento tuviera que cerrar al baño el litoral de Bocacangrejo –la playa de La Nea y las playas de Radazul– entre el 27 de enero y el 12 de febreroy, además, originó un expediente informativo ante el descubrimiento de la conexión irregular de las aguas del polígono al referido pozo absorbente, realizado en la época del anterior Gobierno local socialista.
Crisis medioambiental
Esta crisis medioambiental fue el origen de la contratación de obras por declaración de emergencia para la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales de La Campana, que, a la postre, denunció parte de la oposición en el Consistorio de El Rosario por entender que se había incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa. La jueza no ha visto el menor indicio de delito, sino todo lo contrario, una actuación justificada y ajustada a la legalidad realizada de forma urgente en beneficio de los vecinos.
