La Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias convoca el concurso para determinar a cuánto dinero asciende el daño y los perjuicios causados por la extracción de árido en los barrancos de Güímar. Hasta las 15:00 horas del próximo jueves se pueden presentar ofertas. El adjudicatario del servicio, que sale a licitación por 128.164 euros, tiene cinco meses para completar el trabajo, que se basa en las sentencias de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 28 de enero y 17 de marzo de 2016.

Se trata de determinar el los daños y perjuicios de los que deben responder los empresarios Antonio Plasencia, Pedro Sicilia, Enrique Morales y Francisco del Rosario. Los mismos afectan al sistema de drenaje y el potencial agrícola de la zona, ya que los hoyos profundos abiertos para extraer árido afectan directamente a las parcelas productivas colindantes y a vías de circulación, entre ellas las que tienen su trazado por el exterior del perímetro de algunas canteras y se encuentran hoy en una situación de alto riesgo para las personas.

Así se recoge en el pliego de condiciones, que también obliga a valorar los efectos de la actividad industrial sobre el suelo y el subsuelo, el paisaje o la atmósfera y el ruido. Además, el coste que se determine debe contemplar la revisión del estado actual de los barrancos Badajoz, Fregenal y La Ladera, los caminos del Muerto, Real y La Ladera, el Pozo de Jagua, el tendido eléctrico de alta y media tensión, la red de abastecimiento de agua (potable y de riego), la red de saneamiento, las fincas y las instalaciones agropecuarias colindantes, entre otras.

A la hora de determinar el coste, el estudio debe contemplar la posibilidad de implantar una central hidroeléctrica. El pliego de condiciones refleja que «la existencia de un proyecto para la instalación de un central hidroeléctrica, aprovechando parcialmente el estado de alguno de los huecos de excavación, requerirá el estudio de soluciones que permitan el funcionamiento de esta instalación». Se trata de aportar «un impacto económico y restaurador» a esta zona. A la hora de valorar el trazado de los cauces, se debe tener en cuenta «que las modificaciones morfológicas no impidan el desarrollo de esta industria».

Cabe recordar que el 18 de enero pasado, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife emitió un auto que declara la imposibilidad de restaurar los seis hoyos ocasionados por la extracción de áridos, condena que impuso a cuatro empresarios en 2016. Al tiempo, sustituye esa obligación «por la indemnización de daños y perjuicios». El único peritaje incluido en el procedimiento data del año 2010 y fue realizado por la acusación particular. La valoración del daño ocasionado en los barrancos de Badajoz, Los Ríos, Guirres y Guaza o Fregenal fue cuantificada en 203 millones de euros. La actualización de esa cuantía la eleva hasta unos 300 millones.