La fiscal solicita inhabilitar al alcalde de El Tanque durante 14 años por contratar a dedo

Como en la primera sesión del juicio, las declaraciones de los testigos fueron breves. Ayer le tocó el turno al resto de trabajadores contratados de forma irregular, que de una forma u otra, dejaron claro que no pasaron por un proceso selectivo convocado conforme a la legislación vigente ni a los requisitos de publicidad, igualdad, mérito ni capacidad. Lo más habitual es que acudieran a pedir trabajo directamente al ayuntamiento y que, simplemente, apuntaran sus datos o entregaran un currículum «en la planta baja». Poco después recibían una llamada en la que se les comunicaba que debían incorporarse a un puesto de trabajo temporal. Ninguno pasó ningún examen ni prueba para valorar su idoneidad ni tuvo que competir con otros candidatos.

La defensa pide la absolución al alegar que el acusado actuó creyéndose amparado por la ley

Román Martín, que lleva en el cargo desde 2011, reconoció en su declaración «múltiples discrepancias» con la secretaria-interventora del Ayuntamiento tanquero, cuyo papel es el de asesora jurídica municipal. El alcalde, que es licenciado en Ciencias Económicas, levantó los reparos de todas estas contrataciones y desoyó las recomendaciones de la funcionaria sobre sistemas alternativos y legales de incorporar trabajadores. Y lo hizo por «la urgencia» de cubrir las vacantes y por entender que «podíamos acogernos a la causa de excepcionalidad que aparece en la Ley de PGE de 2015». Una posibilidad que no contempló en ningún caso la secretaria.

Ante las discrepancias respecto al criterio técnico de la secretaria-interventora, Martín aseguró que recurrió a asesoramientos verbales en la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y de otros ayuntamientos, aunque ninguna de estas gestiones consta en los expedientes. Afirmó que actuó «plenamente convencido» de que podía acogerse a esa excepcionalidad legal y de que la declaración de servicios esenciales que aprobó en agosto de 2015 podía aplicarse «con efectos retroactivos».

«No podía dejar a las personas mayores sin atender ni a los colegios sin limpieza ni un sólo día. Son nueve casos en una plantilla que tiene de media unos 130 trabajadores. Por eso son contrataciones absolutamente excepcionales e inaplazables», recalcó Martín. También negó que existiera un interés particular en incorporar concretamente a esos trabajadores: «Somos un municipio pequeño y los conozco porque son vecinos, pero no tengo ninguna relación especial con ellos».

La versión del alcalde

El alcalde tanquero insistió en que la necesidad de cubrir esos puestos de forma urgente y la lentitud de la administración hicieron que optara por esta fórmula «absolutamente excepcional»: «Conformar una lista de reserva requiere entre 6 y 8 meses, un concurso oposición, unos 10 meses. Son nueve contratos de 130 para atender cuestiones absolutamente necesarias y, en algún caso, por periodos tan cortos como sólo siete días». También dijo que no acudió a la bolsa del Cabildo de Tenerife o de otros municipios porque «estaban caducadas», aunque no consta que realizara esta gestión en ninguno de los casos que se juzgan.

Las conclusiones de la Fiscalía se centraron en subrayar que el alcalde acordó estas contrataciones sin respetar el procedimiento legalmente establecido, «encargándose de proponer a los trabajadores sin seguir ningún procedimiento de selección que garantice su idoneidad». Para la fiscal, una de las claves de este juicio es que en ningún caso constan criterios, ni baremos, ni actas de examen, ni entrevistas y, en ocasiones, ni siquiera currículum. Remarcó que todo el proceso se tramitó en ocasiones en un día, y sin que se justificara la urgencia. Algún edil acreditaba una necesidad y esa misma jornada se firmaba un contrato.

A juicio de la fiscal, Martín actuó a sabiendas de que incumplía la ley puesto que no considera creíble que un alcalde pueda «llegar a la conclusión de que es legal contratar a dedo y con informes en contra de la secretaria-interventora». Puso el acento en una ausencia absoluta de procedimiento y recordó que tampoco se puede apelar a la buena voluntad del alcalde, «puesto que no hay ninguna manera de verificar si estos trabajadores eran, efectivamente, los que más necesitaban esos empleos. Nunca la contratación pública puede quedar al albur de los intereses particulares, porque eso es contrario a las normas que nos dan seguridad y nos protegen de la arbitrariedad».

«Una imposición caprichosa»

«Está acreditado que se ha tratado de una imposición caprichosa y no justificada de la voluntad del acusado. Que existía una alternativa legal, de la que fue informado por la secretaria, y que no la aplicó (...). Sabía cómo se podía contratar correctamente y no lo hizo», insistió la fiscal, quien tampoco ve ningún género de dudas en la existencia de dolo, o voluntad deliberada de cometer un delito, en la actuación del alcalde. La defensa no considera que se haya cometido un delito continuado de prevaricación porque entiende que el alcalde hace «una justificación jurídica distinta de la que defienden la secretaria y la Fiscalía, que puede ser incorrecta, pero en modo alguno indefendible». Para la defensa, la clave está en esa interpretación jurídica.

Recordó que este proceso judicial comenzó en la vía contencioso -administrativa, donde las contrataciones fueron anuladas y puestas en conocimiento de la Fiscalía, que presentó al denuncia por presunta prevaricación. Para el abogado de Martín, el Ayuntamiento sufrió «una defensa ineficaz a todas luces» en la vía contencioso administrativa y que, de haber sido de otra manera, «quizás hoy no estuviéramos aquí».

El abogado entiende que «sí hay razones de urgencia» para justificar las contrataciones para servicios «indiscutiblemente esenciales» de ayuda a domicilio o la limpieza viaria y de colegios, y considera que no se trata de decisiones arbitrarias. Tampoco hay dolo «porque se hizo una interpretación razonable de esa Ley de PGE de 2015, que dice que «se podría contratar en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales». También hizo referencia a una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que absolvió, en abril de 2019, a la alcaldesa de un pequeño pueblo de esa provincia, ya que considera que «guarda grandes paralelismos» con el caso de Martín.