La exsecretaria e interventora del Ayuntamiento de El Tanque, que en la actualidad ejerce en otro Consistorio, declaró en la mañana de ayer en el juicio por prevaricación contra el alcalde tanquero, Román Martín, y dejó claro que el mandatario sabía que las contrataciones que lo han llevado al banquillo de los acusados por segunda vez en apenas 11 meses eran irregulares. La exasesora jurídica municipal remarcó, a preguntas de la Fiscalía, que advirtió al alcalde «de forma verbal y por escrito» de que esas contrataciones no se ajustaban al procedimiento legal establecido.
La Sección V de la Audiencia Provincial acogió desde las diez de la mañana la primera de las dos sesiones previstas para el juicio contra Román Martín, que ya fue condenado en noviembre de 2020 a 12 años de inhabilitación por cometer un delito de prevaricación administrativa al abrir la minirresidencia geriátrica y el centro de día de mayores en 2014, “a sabiendas de que la edificación carecía de certificación final de obras y sin que se hubiera incoado el necesario expediente administrativo para su apertura legal”.
La Fiscalía eleva la petición de pena de inhabilitación de 10 a 14 años, para adaptarla a la ley
La vista comenzó con la aclaración por parte del Ministerio Fiscal de que la petición de pena se eleva de 10 a 14 años de inhabilitación para empleo o cargo público para adaptarla a la legislación vigente. En el escrito inicial constaba una petición errónea de 10 años. La defensa de Martín, que cambió recientemente de abogado, solicitó con éxito que la declaración del alcalde se produjera al final del juicio, una vez escuchados todos los testimonios y pruebas aportadas. Además, incorporó varios documentos a la causa, como el acuerdo de establecimiento de servicios públicos esenciales de 27 de agosto de 2015, varios decretos de incorporación de trabajadores o las bases de una plaza de arquitecto técnico. Para la fiscal, esa documentación «no aporta mucho al objeto de este juicio», pero el juez aceptó su valoración posterior.
La exsecretaria e interventora del Ayuntamiento de El Tanque, durante 18 años en diferentes periodos, fue la primera testigo que prestó declaración. Su intervención resultó demoledora para los intereses del exsocialista Román Martín, que tiene muy difícil eludir una segunda condena por prevaricación. A finales de 2020 ya fue condenado a 10 años de inhabilitación, aunque sigue en el cargo de alcalde tras abandonar el PSOE y mantenerse como edil no adscrito. Ahora ese periodo de inhabilitación puede aumentar a 26 años en total.
La funcionaria subrayó que uno de sus principales papeles en la corporación era el de asesorar jurídicamente al alcalde, así como emitir informes de legalidad de, por ejemplo, la contratación de trabajadores. Y no dejó lugar para la duda. En las nueve contrataciones y dos modificaciones de contrato que se juzgan, advirtió «por escrito y de forma verbal» que incumplían la normativa vigente por no haberse aprobado en pleno la entonces imprescindible declaración de servicios esenciales y por no respetarse los principios de publicidad, igualdad, mérito ni capacidad que deben regir las contrataciones de las administraciones públicas. La secretaria afirmó que «el alcalde era conocedor»; que le indicaba «cómo se debía contratar y le asesoraba», pero que alegando cuestiones de urgencia y necesidad, levantó los reparos con decretos de Alcaldía y formalizó unas contrataciones al margen de la legalidad.
Pese a las reiteradas advertencias de la secretaria, Román Martín levantó los reparos y formalizó las contrataciones a través de resoluciones o decretos. La funcionaria recalcó que el alcalde pudo convocar procesos selectivos para cubrir esos puestos o formalizar un convenio con el Cabildo para sacar personal de listas legalmente constituidas. Pero no lo hizo y contrató sin respetar la ley ni el procedimiento a nueve personas entre abril y julio de 2015. Además, prorrogó uno de estos contratos y modificó la jornada de otro, también con informes en contra. El convenio con la administración insular sí se aprobó posteriormente, pero según esta funcionaria «nunca se usó». La actual secretaria de otra Corporación tinerfeña indicó que cuando se produce la baja de algún trabajador esencial, un ayuntamiento puede acudir de forma legal a una lista de reserva formalizada de acuerdo con la legislación y «en dos o tres días mandan a alguien».
También declaró el jefe de la Policía Local, que ha actuado como secretario-interventor accidental y reparó algunas contrataciones posteriores; las concejalas socialistas de El Tanque María Esther Morales y María Jennifer Rosales, y la exconcejala María de la O Lorenzo, quien reconoció que participó junto al alcalde, y nadie más, en la selección de varias auxiliares para el servicio de ayuda a domicilio. En aquella ocasión, una de las contratadas fue una tía de la edil.
Otro testimonio clave para la acusación fue el de uno de los trabajadores contratados durante 6 meses para el servicio de limpieza viaria, en mayo de 2015. Reconoció que fue a pedir trabajo directamente al alcalde, que no aportó currículum, que le apuntaron los datos y que poco después recibió una llamada del propio alcalde en la que le informó de que ya tenía trabajo. La última sesión del juicio será hoy, a las 10:00 horas, en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.
Una asamblea sobre su dimisión
Román Martín colgó anoche un mensaje en Facebook en el que convoca una «asamblea local con carácter extraordinario» para promover una «propuesta de dimisión» de todos sus «cargos y responsabilidades». Su publicación suena a despedida: «Agradezco a los tanqueros la oportunidad de servir y de defender los intereses de este noble municipio con honor y responsabilidad». | R.S.
