Alcalde de El Tanque alega que era urgente contratar y que por ello no incumplía la ley

En su declaración ante la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, Román Martín, alcalde de El Tanque desde 2011, ha explicado a preguntas del Ministerio Fiscal que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año había una resolución por la cual se podía contratar de forma excepcional sin recurrir a concursos.

El alcalde, que es licenciado en Ciencias Económicas, ha señalado que conocía los informes desfavorables de la secretaria interventora pero ha apuntado que se trata de una discrepancia jurídica en torno a la interpretación de la ley presupuestaria, que, a su juicio, permitía esta forma de contratar en casos puntuales.

Ha subrayado que si hay que cubrir un servicio "de un día para otro no se va a convocar un concurso oposición", y ha afirmado que en algunos casos, como la contratación de un peón de limpieza, no había más personal y se habían agotado alternativas como la lista de reserva.

Román Martín ha comentado asimismo que "no se pude dejar sin servicio" de limpieza a las personas del centro de mayores y en otros casos de contratación, como el de una auxiliar de enfermería, ha dicho que era la única persona que figuraba en la bolsa de empleo.

Ha aseverado que no tenía interés alguno en que se contratase a determinadas personas y ha insistido en que los casos eran "excepcionales" y no se podía recurrir a procedimientos que tardan meses como las listas de reserva o los concursos oposición, ni los convenios con el Cabildo de Tenerife o el Gobierno canario.

La actuación del alcalde es para el Ministerio Fiscal un caso de delito continuado de prevaricación administrativa y pide para Román Martín catorce años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público, ya que considera acreditado que el acusado actuó a sabiendas de que incumplía la ley.

Ha criticado que no hay actas de las reuniones, "si las hubo", para decidir las contrataciones, y "ni siquiera" los currículos de algunas de las personas contratadas, ha criticado que si bien se habla de que algunos puestos tenían carácter delicado una señora fue contratada para hacer limpieza en la residencia de mayores pero también atendía a las personas que estaban en la misma.

El Ministerio Fiscal ha recordado que estos contratos han sido declarados nulos en lo contencioso administrativo y ha criticado que no se justificasen los motivos para contratar con urgencia a una persona para ayuda en domicilio y al poco tiempo a otras dos personas.

Ha destacado que "no es lógico" que un alcalde diga que es legal "contratar a dedo" y que ante un informe desfavorable levante los reparos, por lo que ha afirmado que se trata de una actuación ilegal, injusta y arbitraria.

Y la defensa del alcalde ha pedido su absolución porque, ha manifestado, había que cubrir con carácter urgente unos puestos de trabajo y no había otra forma de hacerlo, y ha agregado que Román Martín realizó una interpretación distinta a la que había hecho la secretaria interventora.

Ha reconocido que puede no ser correcta pero sí defendible la interpretación del alcalde, cuya anterior defensa fue "ineficaz a todas luces", ya que no se presentó ante lo contencioso administrativo toda la documentación ni se justificaron las razones de por qué eran necesarios los contratos.

La defensa ha hecho hincapié en que el alcalde no ha querido imponer su voluntad al contratar a esas nueve personas y ha añadido que en la ley presupuestaria se señalaba que no se podía contratar personal laboral eventual, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades inaplazables.

Algo que se cumplía en estos casos, ha indicado el abogado defensor, quien ha dicho asimismo que a veces se requiere dar una respuesta inmediata para una contratación, y ha recordado que por estas contrataciones no hubo quejas de los vecinos ni de la oposición municipal.

El juicio que se celebra desde ayer en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha quedado listo para sentencia tras la declaración de ochos testigos.