Un total de 1.784 tinerfeños viven en la calle o infraviviendas en 29 de los 31 municipios de la Isla. Es la conclusión del estudio presentado por Cáritas Diocesana, pionero en Tenerife y con el respaldo metodológico de una encuesta a 619 personas afectadas, respecto a la situación de la exclusión residencial extrema. La organización humanitaria de la Iglesia católica ofrece este diagnóstico respecto a las personas sin hogar como una herramienta para el uso de las administraciones públicas en busca de posibles soluciones a un problema en alza. No sólo con destino al Cabildo, que lo ha encargado y donde se ha presentado, sino para las demás. Incluidos los ayuntamientos cuya implicación se ha solicitado de manera explícita. Una conclusión: se trata de un fenómeno estructural, en el que la entidad trabaja desde hace 50 años, agravado de manera coyuntural por la pandemia.
Son dos los factores fundamentales para caer en esta situación. Por un lado, los problemas económicos como consecuencia directa del desempleo. Por otro, la carencia de una red de apoyo, desde la familiar a la afectiva o la institucional. El informe contabiliza esas 1.784 personas en situación de sinhogarismo o bien que residen en lugares inseguros y no adecuados. Se concentran en cinco municipios. Los del Área Metropolitana, Santa Cruz y La Laguna, Arona, Adeje y Puerto de la Cruz.
El presidente del Cabildo, Pedro Martín, destaca el refuerzo sin precedentes del área social y el compromiso institucional con las entidades y colectivos del tercer sector “para ayudar a quienes se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad”. Hace una reflexión: “El gobierno digno es aquel que se ocupa de los invisibles, de los que no votan”. Valora los “aproximadamente 250 millones de euros destinados este año al área social”.
En el último semestre.
El estudio fue realizado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020. Concluye que en Tenerife la mayoría de las personas en situación de exclusión residencial extrema se concentran en la zona metropolitana, aunque es una realidad que afecta a toda la Isla. En el primer trimestre de este año ya se han localizado 387 casos nuevos, casi todos en el Sur. Pedro Martín valora: “Este diagnóstico nos ha de preocupar y nos obliga a actuar”. Martín entiende que “hay que reconducir situaciones y que estas personas vuelvan a sentirse parte de la sociedad”. Cree que debe hacerse “a través de la inversión pública y el refuerzo del compromiso con las entidades y colectivos que trabajan en este ámbito”. Su reflexión es que “un gobierno debe ocuparse de los invisibles, los que no se ven y no votan”.
El director provincial de Cáritas, Juan Rognoni, destaca “la necesidad de diagnosticar la realidad de la vivienda (pública, social, vacía...) en cada territorio, así como de las normativas de acceso para las personas de mayor vulnerabilidad o de un censo actualizado de las de titularidad pública”. Además, aboga por “protocolos regionales de coordinación entre los Servicios Sociales y los juzgados, en los casos de desalojos forzosos, para aplicar la normativa respecto a evitar los de personas y familias sin alojamiento alternativo”. También incluir “la falta de vivienda como situación de emergencia, independientemente de la regularidad administrativa”; proveer de “plazas de alojamiento inmediato”, atender a “la salud mental y a las adicciones”, o “diseñar una estrategia integral para las mujeres afectadas por sinhogarismo”.
La coordinadora de Acción Social de Cáritas, Úrsula Peñate, glosa los principales resultados y conclusiones: “La pobreza no gusta y hasta molesta. Pero estas personas no se evaporan. Sólo cambian de lugar”. Asegura que “es el primer estudio de estas características que se realiza en la Isla, ya que no se fundamenta en una muestra, sino en los datos totales de la población identificada en los 31 municipios”. Añade: “Está basado en una metodología de enfoque de derechos humanos, al considerar a las personas sin hogar titulares de ellos, aunque con la mayoría vulnerados”.
Peñate señala que, más allá de los datos sociodemográficos, el estudio profundiza en las condiciones de vida, los motivos desencadenantes de la situación de sinhogarismo, las condiciones de salud de las personas afectadas, o las experiencias de violencia vividas, teniendo en cuenta, además, el impacto diferencial de la carencia de hogar en las mujeres y en las personas migrantes.
La consejera insular de Acción Social y presidenta del IASS, Marián Franquet, por su parte, subraya que el informe “nos permite contar con datos objetivos para determinar el destino de nuestras actuaciones y hacerlo con acierto. Resalta los recursos específicos de baja exigencia puestos en marcha ya para mujeres, en coordinación con la Unidad de Violencia de Género, de salud mental, o destinados a atender patologías duales. Este último, con apertura en breve, “será el primero público en la Isla para esta problemática”, apostilla. Franquet recuerda el compromiso de “reforzar el tercer sector para tener una herramienta social, y había que atender el sinhogarismo, una realidad cambiante, más aún en crisis económica”. La consejera pide “no mirar hacia otro lado” y pensar que “nos puede ocurrir mañana a cualquiera”.
Mediana edad.
El grupo más numeroso está entre los 46 y los 55 años. Además, el estudio ha identificado a 78 menores. Todos conviven con sus tutores legales en una unidad familiar completa. Generalmente monomarental, en algunos casos con antecedentes de violencia de género, y en otros con trayectorias en el sistema de protección de menores, con rentas mínimas o sin ingresos. El 46,7% de las mujeres en situación de exclusión residencial extrema tiene entre 18 y 45 años. Además, más del 70% ha sufrido insultos o vejaciones, o han sido víctimas de robos; y el 60,4%, violencia de género. Desde Cáritas entienden que es preciso a la hora de abordar el sinhogarismo contemplar entre los objetivos y las medidas que se lleven a cabo las especificidades de las mujeres sin hogar.
Sin documentación.
Cerca de un 40% de los extranjeros sin hogar está en situación administrativa irregular. El 40,7% asegura haber tenido dificultades de acceso a asesoramiento jurídico. Otra barrera es la documentación identificativa. Están indocumentados. Sobre todo, se hace complicado el empadronamiento ante el que se pone de manifiesto las dificultades que plantean algunos ayuntamientos. Deben hacerlo por ley “aunque se pernocte en un banco”. Además, cuatro de cada diez personas no están atendidas por los servicios sociales y solo el 9,7% afirma que se han acercado a su lugar de residencia.
Propuestas.
Cáritas ofrece propuestas para la reconstrucción social. Rognoni destaca el diseño y la ejecución de un diagnóstico sobre la realidad de la vivienda en cada territorio; evaluar qué municipios están en situación de mayor vulnerabilidad o realizar un censo actualizado de la vivienda pública. También proponen protocolos regionales de coordinación entre los servicios sociales y los juzgados en casos de desalojos forzosos; proveer de plazas de alojamiento inmediato mientras se garantiza el derecho de una vivienda digna y adecuada, o atender la situación concreta de la mujer. La clave está en el acceso a la vivienda y en “un giro en las políticas sobre ella”.
