La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por Ricardo Melchior contra el acuerdo del Consejo de Ministros que lo inhabilita durante cinco años para ocupar un alto cargo en la Administración pública, por haber trabajado para Loro Parque Fundación al año siguiente de cesar en su cargo como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, sin comunicación previa ni declaración de compatibilidad, lo que infringe la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. También es condenado en costas a pagar 4.000 euros.

El Supremo desautoriza los argumentos de la defensa de Melchior y considera que “es menester destacar” que la sanción impuesta no es excesiva y sí la mínima posible, ya que la legislación permite hasta 10 años. El TS sentencia que la decisión del Gobierno “está debidamente motivada”.

La legislación determina que, en los dos años siguientes al cese de sus puestos, los altos cargos deben realizar una comunicación formal al Registro de Actividades de Altos Cargos cada vez que vayan a incorporar a un trabajo y, ante el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales, la última declaración de la renta. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 30 de septiembre de 2015 el nombramiento de Ricardo Melchior como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, cargo en el que cesó en julio del año 2018.

El 18 de octubre de 2019, el Consejo de Ministros sancionó a Melchior por incurrir en una “infracción muy grave” de incompatibilidad y le prohibió ser nombrado alto cargo durante cinco años. La causa es que desde el 1 de abril de 2019 hasta el 20 de septiembre del mismo año prestó servicio en Loro Parque Fundación, una entidad privada afectada por decisiones que adoptó previamente en el ejercicio de su cargo como presidente de la Autoridad Portuaria.

Decisiones previas

Melchior autorizó a Loro Parque SA a ocupar el local número 2 del Intercambiador de Cruceros del Muelle de Enlace del Puerto de Santa Cruz de Tenerife (del 21 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018 y del 23 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019) y a colocar un panel publicitario en el interior de la Terminal de Intercambio de Pasajeros del Muelle de Enlace (del 26 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2018), según contiene la sentencia.

El Consejo de Ministros, primero, y el Tribunal Supremo, al final, consideran probado que no informó con carácter previo a la Oficina de Conflictos de Intereses de su vinculación con Loro Parque Fundación. El Consejo de Ministros ratificó su decisión inicial el 13 de diciembre de 2019. Previamente, la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial, declara la incompatibilidad de la actividad desempeñada por Melchior, resolución que “no fue impugnada”.

El Supremo es tajante al señalar que Melchior no negó su vinculación con Loro Parque Fundación, quien tampoco presentó cuando debía las declaraciones que le exige la ley, “ni comunicó que iba a ser nombrado directivo de Loro Parque Fundación ni, mucho menos, solicitó autorización de compatibilidad para ese puesto”. Pero lo determinante para imponer la sanción “radica en la inclusión de esta entidad dentro del mismo grupo societario que Loro Parque SA”, directamente afectada por decisiones adoptadas por Melchior en la Autoridad Portuaria.

Otras claves

El TS le recuerda que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, por lo que debió realizar las comunicaciones correspondientes. Asimismo, aclara a Melchior que la Oficina de Conflictos recibió sus declaraciones de cese y de que pasaba al régimen de jubilación a través de un correo electrónico vinculado a la Presidencia de la Autoridad Portuaria, que también le fue remitido al interesado, que data de las 16:00 horas del día l8 de febrero de 2019.

Para el Tribunal Supremo, su respectiva denominación, tener la misma sede, contar con el mismo presidente y las manifestaciones de éste –según las cuales, Loro Parque SA es “nuestro aliado más comprometido” y “se hace cargo de todos nuestros gastos administrativos”, se señala en la sentencia–, reflejan la vinculación entre Loro Parque Fundación y Loro Parque SA. El TS entiende probada la condición de alto cargo de Ricardo Melchior y que está sujeto a la aplicación de la Ley 3/2015, que le prohibía prestar servicios a entidades privadas, “incluidas las pertenecientes a un mismo grupo societario, afectadas por decisiones en las que participó y que tampoco comunicó previamente a la Oficina de Conflictos de Intereses para que se pronunciara sobre la compatibilidad su incorporación a Loro Parque Fundación”.