El Gobierno de Canarias prevé construir 1.440 viviendas de protección oficial hasta 2025 para ofrecerlas en régimen de alquiler público o privado en Tenerife y aliviar la gran demanda. La Isla cuenta con 7.959 personas solicitantes de vivienda. Después de siete años de parón en la construcción de casas de protección oficial, la portavoz parlamentaria del PSOE, Nayra Alemán, sacó pecho durante el último debate sobre el estado de la nacionalidad del trabajo realizado en este nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. No obstante, este programa deja sin cubrir las necesidades de 6.519 solicitantes.
El municipio donde más casas públicas se construirán será la capital, Santa Cruz de Tenerife, con 743, y en segundo lugar La Laguna, con 169. De los municipios fuera del área metropolitana, el que más edificará es Guía de Isora, con 78 casas. El municipio con más demandantes es Arona (509), pero no serán cubiertas porque el Gobierno canario no tiene prevista la construcción de estas viviendas públicas en la localidad sureña. Arona está entre los 16 municipios –de 31 que tiene Tenerife– donde no se edificará según las previsiones del Plan Canarias.
Uno de los principales objetivos del Plan de Vivienda es actualizar los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial. Se busca revisar el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que determina si la persona cumple con las condiciones financieras para pedir una casa enrégimen público. Se revisará frente a nuevos índices como el Salario Mínimo Interprofesional y las fluctuaciones de los precios. El hecho de que no se construyera vivienda de protección oficial durante siete años en las Islas y unos requisitos que para muchos son inalcanzables ha hecho que las listas de espera se disparen. La familia de Gladys Tigrera lleva esperando una casa de protección oficial 21 años. Y no tiene esperanzas de que se la otorguen en el futuro. “La primera vez que nos la denegaron fue porque se las daban a la gente que estaba viviendo casi en la calle y no era nuestro caso. Luego cambiaron los requisitos y nuestro nivel adquisitivo era más bajo del que se pedía. Al final, casi nos la otorgan pero los edificios estaban en construcción y finalmente cancelaron el proyecto”, detalla Tigrera.
La crisis económica de 2008 hundió a la construcción y la política de contención económica ordenada por Bruselas dificultó la posibilidad de construir nuevos parques de vivienda pública. En la actualidad, hay un cambio de mentalidad para afrontar la crisis económica del coronavirus, apostando por una mayor inversión, que ha hecho que las partidas despeguen para mejorar los problemas de vivienda de Canarias. “Entre las acciones más destacadas está la construcción o compra de 5.971 nuevas viviendas protegidas para el alquiler y poner en marcha más de 10.000 actuaciones de rehabilitación y renovación urbana y rural”, señala Maribel Santana, directora del Instituto Canario de Vivienda.
Tenerife es una isla con la mitad de su extensión ocupada por suelo protegido, con lo que las opciones de construcción son muy limitadas. Ante los problemas de espacio, la rehabilitación de vivienda se ha convertido en la apuesta del Gobierno para abarcar las necesidades de los tinerfeños. “El principal problema es la disponibilidad de suelo. Si no hay disponibilidad –y eso tiene que ver con la gestión urbanística– es bastante difícil. Se está intentando buscar medidas de urgencia pero esto necesita tiempo”, explica Argeo Semán, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro.
El Plan explica que “las viviendas públicas de Canarias se caracterizan por su antigüedad y problemas como la carencia de eficiencia energética y la sostenibilidad de las viviendas”. El ejemplo más claro es la urbanización de protección oficial de Las Chumberas. Su demolición comenzó a principios de este año por la aluminosis que afecta a los 42 bloques.
El concejal de Hacienda y Vivienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez, explica que pretenden rehabilitar varias urbanizaciones de protección oficial con los fondos europeos. Las reformas se orientan a cumplir las nuevas exigencias de eficiencia energética de la Unión Europea. “Supone la instalación de placas solares, impermeabilización de cubiertas e instalaciones eléctricas LED”, informa Martínez.
El Plan también tiene previsto luchar contra la despoblación que sufren algunos municipios de la Isla. Arico es la zona más beneficiada, con la construcción de 58 viviendas en régimen de alquiler público y privado. Los problemas de los grandes núcleos no pasan por alto. El Plan 20.000 buscará corregir los desajustes del mercado del alquiler en los que hay escasez de oferta y, por tanto, incremento de los precios.
El dinero empleado en el Plan para todas las Islas asciende a 664 millones de euros. Durante este año se planea la construcción de 13.734 viviendas en todo el Archipiélago. Hasta que esto ocurra, Gladys Tigrera no faltará a la cita para renovar su solicitud de una casa de protección oficial.
