El Ayuntamiento de Arona tiene pendiente de tramitar unas 500 solicitudes de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), la ayuda económica mensual temporal para ofrecer cobertura a las necesidades básicas a la población que carece de medios de subsistencia. La situación ha empeorado desde el pasado enero. La causa es la escasez de personal en el área, según transmiten desde el departamento a demandantes que optan por denunciar públicamente.
“Actualmente, el Ayuntamiento tiene un retraso de siete meses porque no hay trabajadores sociales en el departamento que gestiona las nuevas solicitudes de la PCI”, señalan desde el área de Servicios Sociales a uno de los demandantes. “La solicitud más antigua pendiente de tramitar es del 10 de septiembre”, afirma la misma fuente.
La contratación de personal está condicionada a que el Consistorio aronero reciba la transferencia de fondos que la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno regional anunció en febrero. Ese dinero facilitará la incorporación de una quincena de trabajadores sociales destinados a tramitar la Prestación Canaria de Inserción. Desde el departamento se aseguró a un usuario que será cuando se incorporen esos empleados cuando comenzarán a tramitar nuevamente las solicitudes. “Pero no sabemos cuándo se contratará personal”, apostilla.
Un proceso de meses
El procedimiento establece que el solicitante será llamado a un encuentro presencial para realizar una entrevista con la trabajadora social de PCI. Con posterioridad, el expediente será remitido al Gobierno de Canarias, que dispone de tres meses para completar su evaluación y resolución. “Somos conscientes de que este retraso en el Ayuntamiento es un perjuicio para su situación, por eso le hacemos saber que tiene derecho a poner una reclamación en el Servicio al Ciudadano del Ayuntamiento de Arona. También puede presentar la queja ante el Defensor del Pueblo (Diputado del Común)”, explican e informan desde Servicios Sociales al demandante de la ayuda de la PCI.
Esta denuncia pública coincide con la crítica que anteayer realizó el gobierno de Arona. En un comunicado señaló que, “año tras año, la Consejería de Derechos Sociales anuncia los fondos para contratar al personal y no hace efectivo el pago hasta, al menos, mediados de año, lo cual conlleva importantes retrasos en la gestión de unas ayudas que, si bien tienen que tramitar los ayuntamientos, dependen directamente de este departamento autonómico, con lo cual es clave una mayor agilidad e inmediatez”.
