En Tenerife solo existe una cantera para la extracción de árido que cuenta con todas las autorizaciones. Activa en el municipio de Arico, solo cuenta con árido para abastecer durante un año. Llegado ese momento, el 100% del suministro de áridos que precisa la Isla quedará en manos de las plantas de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), lo que supone un riesgo de deterioro incontrolable del territorio o, como otra alternativa, habrá un desabastecimiento de árido.

“Este problema es muy antiguo, pero sigue sin resolverse”, apunta Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco). El marasmo legal, la cantidad de organismos intervinientes, la burocracia infinita, las numerosas figuras de planeamiento superpuestas “y la falta de impulso político decidido ha impedido encontrar las soluciones adecuadas”. Pero la situación requiere poner los medios para abrir canteras a corto plazo, “ya que actualmente solo hay una y está a punto de agotarse”.

En el último pleno, el Cabildo acordó actualizar el estudio sobre la ordenación territorial de la actividad extractiva en Tenerife con la finalidad de determinar el volumen de residuos que genera la Isla anualmente de forma natural y, especialmente, el porcentaje de ese residuo que podría utilizarse legalmente como árido. La Corporación insular tiene ahora que diseñar el cronograma para modificar el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) con el fin de organizar la actividad extractiva y, consecuentemente, garantizar una política insular de producción sostenible de árido. Pero todo ello precisa, de forma complementaria y preceptiva, casi, “la puesta en marcha urgente del Plan Territorial Parcial del Complejo Ambiental de Tenerife y Ámbito Extractivo de Guama El Grillo, aprobado de forma definitiva el 31 de enero de 2018”. Este ámbito extractivo es valorado como “crucial” para que la Isla siga teniendo el árido que precisa más allá del año próximo y mientras se modifica el PIOT.

Así lo entendió el Pleno de forma unánime. Valentín González Évora, consejero insular del Partido Popular (PP) y proponente, explica que, “en el caso de Tenerife, la actividad extractiva tiene un carácter estratégico en la Isla, ya que la demanda de recursos geológicos para la construcción (viviendas sociales, carreteras, equipamientos sociosanitarios, etc.) y del ámbito agrícola está muy ligada al ejercicio de actividades clave en la economía insular”. El que fuera alcalde de San Miguel de Abona alerta que ante la actual situación económica y el cero turístico, “habrá que tirar de sectores como la construcción que sirvan de palanca” para restablecer la economía insular. “La falta de áridos que agravaría aún más la búsqueda de soluciones”. Un marco n el que se cuestiona “en qué escenario estará Tenerife si en un año no hay turistas y no hay árido”.

La demanda en cifras

Tenerife precisa este año de, al menos, 700.000 toneladas (760 kilos por habitante y año) de árido y, teniendo en cuenta su nivel de desarrollo, la proyección de la demanda futura a corto plazo se cifra en 1.200.000 toneladas al año (1.300 kilos por habitante y año). Del análisis de los datos, Óscar Izquierdo concluye que Tenerife necesita para este 2021 “al menos de dos canteras de áridos”, pero se encuentra con que “la única que está operativa actualmente se agotará en un año”. Y matiza que alude a canteras de “áridos de calidad” para elaborar hormigón de responsabilidad, asfalto, morteros y prefabricados estructurales.

A mediados de 2004 se registró la cifra más alta de consumo de este elemento en la Isla, 2.500.000 toneladas –curiosamente, mientras en Gran Canaria decrecía notablemente la demanda–, pero solo nueve años después, en el último trimestre de 2013, el dato bajó hasta las 500.000 toneladas. “Con el ritmo de consumo actual, durante los próximos 100 años se deberían consumir en Tenerife unos 30.000.000 metros cúbicos de árido. Esto representa solo el 0,0015% del volumen emergido de la Isla”. El presidente de Fepeco sostiene que “si este árido se extrae de canteras localizadas, de calidad contrastada y con plan de restauración aprobado y avalado, el impacto ambiental será aceptable y poco significativo, pero, sobre todo, las explotaciones siempre estarán controladas técnica y medioambientalmente”.

En esa línea, se apunta que cada una de las tres o cuatro zonas extractivas vería afectados unos 100.000 metros cuadrados de su territorio. Se trata de obtener recurso de calidad adecuada y que pueda extraerse “de una forma compatible y respetuosa con el medio ambiente”. Además, estas explotaciones, “una vez restauradas, tendrán otra utilidad social: plantaciones agrícolas, energías renovables, áreas de ocio rural, etc.”, apostilla Izquierdo. Teniendo en cuenta que las dos zonas de consumo de son el área metropolitana y el Sur y que la “ubicación ideal” de las canteras para que las rutas de transporte sean cortas –a fin de reducir emisiones de gases–, son los municipios de Arico, Fasnia, Granadilla de Abona y Guímar, “que están a medio camino de ambas zonas de consumo y además son abundantes en recursos, especialmente Arico”.

La alternativa peligrosa

El sector coincide con el presidente de Fepeco en advertir contra la política de impedir el desarrollo de canteras legales localizadas, pero autorizando plantas de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) “sin controlar el volumen que realmente están produciendo respecto al que tienen autorizado, ni de donde sacan el material que machacan, sin tramitar el obligado aprovechamiento geológico con su correspondiente estudio de impacto ambiental y sin controlar cómo obtienen el Marcado CE, etc.”. La consecuencia es que “se propicia el picoteo actual del territorio, sin ningún control, sin obligación de restaurar, sin aval de respaldo y, frecuentemente, sin licencia para las extracciones que realizan con la excusa de hacer abancalamientos agrícolas innecesarios”.

Una de las conclusiones reveladoras que se sustenta en los análisis elaborados hasta ahora es que de esta forma, “la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias se convierte, sin saberlo, en el mayor depredador del medio ambiente de Tenerife, como administración que autoriza las RCD a través de Medio Ambiente, mientras pone todo tipo de pegas a las canteras legales”.

La otra alternativa tampoco vale. La cantidad disponible de áridos reciclados de la calidad apropiada “no permitirá la sustitución completa de los áridos naturales. El reciclaje de todos los residuos de construcción y demolición podrían cubrir hasta el 20% de la demanda total de árido”.

Autoabastecimiento

La Conferencia de la Presidencia de la Unión Europea (UE) celebrada en Estonia en 2017 abordó el suministro sostenible de áridos en su territorio. Una de las conclusiones es que los estados miembros deben desarrollar planes nacionales o regionales de utilización de árido “que priorizarán el suministro y el acceso a los áridos, basados en las proyecciones de la demanda, procedentes de explotaciones que permitan un impacto ambiental aceptable y rutas de transporte cortas y ajustadas a los medios disponibles”. En Tenerife no hay planes insulares para garantizar el suministro y acceso a los áridos. “Aunque el Cabildo ha retomado recientemente el problema, ya es demasiado tarde, nadie ha podido desarrollar una nueva cantera de áridos en esta Isla desde mediados de los años 90”, sentencia el presidente de Fepeco. Óscar Izquierdo recuerda que mientras en Tenerife solo está autorizada y operativa una cantera, en Arico, “en Gran Canaria, con un consumo menor, hay cinco canteras activas que ofrecen áridos de calidad garantizada con el marcado CE de cantera, por lo que las RCD aportan muy poco árido al mercado de la Isla”.

Aquí se hace caso omiso a Europa

Los áridos son la segunda materia prima más consumida por el ser humano, después del agua, y “consideramos que debe ser un actor clave en la protección del medio ambiente y en la sostenibilidad, puesto que cualquier planteamiento empresarial que no se oriente a la excelencia medioambiental está destinado al fracaso a medio o largo plazo”. Estas palabras de Valentín González, consejero del Grupo Popular en el Cabildo, quien defiende que el objetivo que se persigue desde esta Administración es “asegurar el autoabastecimiento de insumos geológicos, garantizando el ejercicio de la actividad con el menor impacto posible sobre el territorio y sin que suponga conflictos con respecto a otros usos, evitando que la falta de regulación produzca extracciones fuera del ámbito legal, que dañan el entorno, tal y como ocurre en la actualidad.