Las 14 familias que en 2011 alquilaron una vivienda de protección oficial en el edificio Aloe, en la calle El Caletón de El Fraile, construido por una promotora y con contrato de alquiler a través de la empresa pública Visocan, renovado en 2015 con el Instituto Canario de la Vivienda (vigente), serán desalojados por orden judicial.

Se trata de personas con discapacidad, enfermas, ancianas, niños, gente en ERE, con ingresos precarios o sin ingresos reclaman una solución al Gobierno canario porque las casas fueron vendidas a una empresa vinculada a un banco.

Aseguran que recibieron las viviendas “sin luz ni agua y muchos problemas estructurales, como techos que se caían, grietas en las paredes, cortocircuitos por estar enlazados los cables de la luz con tuberías de agua en mal estado, humedades, goteras e inundaciones”. Anuncian que se movilizarán ante las administraciones local, insular y regional.