La amenaza del desahucio planea sobre 130 familias vulnerables de Tenerife a consecuencia de la acción de los denominados fondos buitre, que han copado el mercado inmobiliario. Unas 400 personas de cuatro municipios de la Isla –Santa Cruz, Granadilla, Arona y Adeje– pueden ser desalojados de sus viviendas en breve. El 9 de mayo concluye el plazo establecido por el Real Decreto de diciembre de 2020 que impide los lanzamientos durante el estado de alarma como una medida contra los efectos de la pandemia de la Covid-19. Los afectados y los colectivos sociales que los defienden han divulgado su lucha con una visita al Diputado del Común y la han llevado a la calle al organizar una manifestación frente al Parlamento de Canarias.

Los actores implicados son básicamente dos. Por un lado, familias con bajos recursos, sin solución habitacional alternativa y cuyos componentes están incluidos en grupos en riesgo de caer en la exclusión: menores, mayores, personas con discapacidad o diversas patologías, familias monomarentales, mujeres víctimas de la violencia de género... Los principales problemas son que “se les impide el empadronamiento, se procede a desahucios o se venden viviendas de protección oficial a fondos buitre”. Además de “no sentirse atendidos debidamente por los servicios sociales de Granadilla, Arona y Adeje”.

Del otro lado aparecen fondos buitres o entidades financieras similares, la mayoría con sede en el extranjero, que han comprado los inmuebles a los bancos. Plantean desahucios en los juzgados, sin atender en muchos casos al Real Decreto vigente o aludiendo al mismo al ofrecer una cantidad de dinero y amenazar con que después del 9 de mayo ni siquiera tendrán esa compensación. Compraron unas viviendas a precio de ganga y quieren sus beneficios.

También hay actores secundarios, pero muy importantes en esta película de terror para los más débiles. Colectivos vecinales y sobre todo sociales como El Pueblo Tiene Hambre, representado por Eloy Cuadra, o la Plataforma 29E, que encabeza Lolo Dorta. En medio, al menos de momento, las administraciones públicas con el Gobierno de Canarias a la cabeza.

De momento, el activismo social ha llevado esta lucha a la calle con concentraciones, la más reciente el viernes frente al Parlamento de Canarias, o visitas a las instituciones, entre ellas, la Diputación del Común. Sólo una primera parada, anuncian, porque “si hace falta iremos a los tribunales europeos en busca de justicia”.

Cinco medidas.

Rafael Yanes, Diputado del Común de Canarias, ha decidido actuar de oficio tras escuchar las reivindicaciones de los afectados. Básicamente le han presentado cinco propuestas de actuación en el plazo más breve posible. En primer lugar, que inste a las administraciones “a apoyar la regulación de la situación habitacional de todas las familias afectadas por procesos de desahucio o desalojo en precario”. Asimismo que se proceda a “esclarecer y depurar la responsabilidad sobre la mala praxis y las presuntas irregularidades fondos buitres, empresas y administraciones públicas como Visocan”. La tercera medida sería la apuesta de las administraciones públicas por “acuerdos de alquiler social con entidades bancarias y similares”. También se propone que “las administraciones públicas canarias retiren sus depósitos y operaciones económicas de las entidades financieras que mantengan fondos buitre o lleven a cabo prácticas especulativas”. Por último, solicitan “una subida del impuesto del IBI a esos fondos buitre y otros grandes tenedores de viviendas con fines puramente lucrativos para ponerlos en situación de liberar las casas para el alquiler social”.

Parque público.

Rafael Yanes, Diputado del Común, valora: “Para garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución es imprescindible contar con un amplio parque de vivienda pública. Sólo así se puede afrontar el grave problema de la carencia habitacional “. Yanes explica: “Desde 1996 se han promulgado cuatro decretos para poner la vivienda pública de alquiler en manos de sus moradores y que pasaran al ámbito privado. No estoy en contra, pero después de trasladar esas 35.000 viviendas a manos privadas no se ha acometido la reposición del parque público”. Además, añade, “hay que dedicar buena parte al alquiler social y vincularlo a la renta y no al precio de mercado”. Respecto a las 130 familias afectadas en la Isla, valora: “Hay casuísticas muy diferentes. Desde quien ha pagado religiosamente el alquiler, al que ha dejado de hacerlo y de un piso que pasó de padres a hijos al que, simplemente, ha sido ocupado. Me he comprometido a estudiar caso por caso”. También les ha recibido en el Parlamento de Canarias el portavoz de Sí Podemos, Manuel Marrero, quien les trasladó que “antes del 9 de mayo”, fecha en la que está previsto que culmine el vigente Estado de Alarma y termine la protección para impedir desahucios, el Gobierno estatal “tendrá que aprobar urgentemente los mecanismos legales para proteger la más que posible avalancha de expulsiones de sus casas a miles de familias”.

El Real Decreto.

Los representantes de los afectados consideran que “el supuesto fundamental del Real Decreto de diciembre del año pasado se da en todos los casos”. Se refieren al siguiente párrafo: “Será necesario para poder suspender el lanzamiento (...) que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a físicas titulares de más de 10 y que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional”. El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley 37/2020 de 22 de diciembre al objeto de paralizar los desalojos y desahucios de inquilinos vulnerables en una medida a prolongar hasta que dure el estado de alarma, el próximo 9 de mayo, siempre que la Administración no pueda realojar a las familias. El decreto introduce un nuevo artículo, el 1 bis, en el inicial Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. Atribuye al juez la facultad de suspender el lanzamiento, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, hasta que los servicios sociales puedan ofrecer las soluciones que hagan frente a la carencia de una vivienda digna. Desde el despacho Ladislao Díaz y Abogados explican que para que un arrendatario pueda acceder al derecho de la paralización del desahucio se debe instar un incidente de suspensión extraordinaria siempre y cuando acredite que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Es decir, en desempleo o afectado por un ERTE. Los miembros de la unidad familiar no deben superar tres veces el IPREM mensual, cuyo importe es 564,90 euros, por lo que el límite es 1.694,70 euros al mes.