La Sección Segunda de la Audiencia Provincial señala a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, por los menoscabos mediambientales, y al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), por la afectación a los cauces y barrancos, como los beneficiarios de las indemnizaciones que se obtengan por el daño causado en los barrancos de Güímar que acogen las canteras de áridos.

Lo señala en el auto emitido el lunes pasado como ejecutoria dirigida al cuarto condenado por la extracción de árido en Güímar, Francisco del Rosario, quien informan de que deberá indemnizar en lugar de restaurar ante la imposibilidad de ejecutar los planes de restauración.

Por lo que se refiere a las acusaciones particulares, el auto determina que “solamente cabría indemnización a los propietarios de los terrenos aledaños a las canteras, Jesús Segundo Jorge Díaz y Francisco Hernández Armas, en la medida en la que acrediten haber sufrido un daño o perjuicio concreto derivado de las perturbaciones al equilibrio ecológico descritas en la sentencia firme”.

Cabe recordar que las administraciones beneficiarias han podido a la Audiencia seis meses para realizar el peritaje que el tribunal les reclama para establecer el importe de las indemnizaciones, lo que aplaza una solución más de lo previsto ya que la sala otorgó solo diez días para ello al Gobierno canario y al Ciatf.